Esta última semana hemos sido testigos de un hecho brutal: En Puerto Montt, Sophia, una bebé de 1 año y 11 meses, es asesinada a golpes por su padre. Un hecho que, lamentablemente, no es un caso aislado, sino que es el reflejo extremo de la cultura de la violencia hacia los niños y niñas de nuestro país.
A partir de dicho acontecimiento, se han organizado y manifestado organizaciones ciudadanas a lo largo del país exigiéndole a los parlamentarios una ley con el nombre de la niña que endurezca las penas de cárcel para aquellas personas que han violentado y abusado de niños y niñas. Lo llamativo de esta demanda ciudadana, es que varias personas por redes sociales y en manifestaciones públicas, exigen que la pena de muerte para los agresores esté contemplada dentro de esta nueva ley. Lo peor, a mí parecer, que este tipo de exigencia u opinión no es aislada. Basta con leer los comentarios en Facebook y escuchar las entrevistas de las personas que asistieron a las manifestaciones en las distintas ciudades del país.
El hecho de que una parte numerosa de la ciudadanía exija la aprobación de una ley que incluya el restablecimiento de la pena de muerte –la cual fue derogada el año 2001 en el gobierno de Ricardo Lagos-, mas allá de su viabilidad jurídica o no, trae consigo una serie de preguntas y reflexiones que me parecen necesarias de plantear y analizar.
[cita tipo=»destaque»]Quienes exigen la pena de muerte con tanta firmeza y determinación, basándose en una retórica de (supuesta) protección de la infancia, curiosamente, tiene el efecto inverso: se prioriza el castigo, la sanción del adulto agresor, dejando de lado, en términos concretos, lo central del asunto, a saber, la promoción y protección de los derechos de niñez.[/cita]
En el escenario hipotético de que se aprobara la pena de muerte en Chile para personas que han violentado, abusado y maltratado de manera brutal y extrema a niños y niñas: ¿Abordaría o solucionaría el problema de fondo de la violencia hacia las infancias? ¿Habría que aplicarla también para las personas que trabajan en SENAME que han violentado a los niños y las niñas internados en las residencias? ¿Reduciría significativamente los niveles de violencia intrafamiliar? ¿Hasta qué punto este tipo de demanda no cae en el populismo penal?
La pena de muerte para este tipo de casos es simplemente la vía más fácil y expedita, pero no por eso la mejor. Es más, apunta a satisfacer deseos de venganza más que de justicia. Van a seguir existiendo violaciones, abusos y asesinatos a niños y niñas a pesar de que se implemente una ley así. Y no concientiza de verdad a las personas sobre el tipo de trato que debiésemos tener con nuestros niños y niñas. Un trato ético, respetuoso y amoroso.
El enfocarnos únicamente en los mecanismos punitivos no nos permite ir más allá de las consecuencias jurídicas del maltrato infantil. Por tanto, tampoco nos permite el poder (re)pensar y analizar las razones o causas que han llevado a ciertas personas e instituciones a violentar de manera tan brutal y deshumanizada a seres tan pequeños. Y el caso de Sophia no es aislado ni la excepción a la regla, es más bien, una realidad común que sufren miles de niños y niñas en distintas realidades y lugares: SENAME, comunidades mapuche, escuelas, poblaciones, familias, etc.
¿De qué manera se nos ha enseñado el cómo debemos relacionarnos con un(a) niño(a)? ¿Por qué alguien habría de maltratar, violar, abusar, golpear a un(a) niño(a)? ¿A qué responden este tipo de prácticas y acciones? Para responder estas preguntas, habría que partir ahondando en la concepción sociocultural que se posee de la infancia en Chile, la historia social de violencias hacia la infancia en nuestro país (y también la historia subjetiva de los agresores), y de qué manera aquello repercute en la manera de relacionarnos, de parte de la sociedad, el Estado y las instituciones, con la infancia.
En el contexto socio-histórico actual, los niños y las niñas son víctimas constantes de una cultura de la violencia, la cual está sustentada en un modelo sociocultural adultocéntrico que los y las concibe, en tanto “menores de edad”, como seres inhábiles, incapaces, inmaduros,-en suma, como objetos más que como sujetos- estableciendo, de parte de los adultos, relaciones de control y subordinación. La relación adulto-niño es una relación de poder-saber que justifica y valida la violencia física como método correctivo de enseñanza. Golpes, palmetadas, mechoneos, son prácticas que, al estar situadas en el orden de la repetición, se instalan en el campo social cómo formas normalizadas de trato con los(as) niños(as). Que un adulto golpe a otro adulto con la finalidad de exigirle respeto, no es una práctica habitual ni validada socialmente. Pero si un adulto (padre, madre) golpea a un niño con la misma finalidad, es normal, deseable y justificable.
Bajo ese contexto, ¿es posible combatir la violencia adultocéntrica con mecanismos punitivos como la pena de muerte para los agresores de niños(as)? ¿Acaso lo único que nos queda como sociedad es exigir a sangra fría la matanza colectiva de personas que, a pesar de que sus actos sean completamente repudiables y sancionables, están atravesados por una historia que los marcó y los condicionan a actuar en el presente de una determinada manera? A fin de cuentas, alguna vez también fueron niños(as).
Quienes exigen la pena de muerte con tanta firmeza y determinación, basándose en una retórica de (supuesta) protección de la infancia, curiosamente, tiene el efecto inverso: se prioriza el castigo, la sanción del adulto agresor, dejando de lado, en términos concretos, lo central del asunto, a saber, la promoción y protección de los derechos de niñez.
Avanzar en una cultura de derechos de la infancia implica necesariamente el repensar y replantearnos el cómo estamos concibiendo, relacionándonos y tratando a nuestros niños y niñas.
