Opinión
Las anunciadas seudoelecciones presidenciales en Venezuela están viciadas de origen y serán ganadas abrumadoramente por Nicolás Maduro, independientemente de que este tenga o no contrincantes en dicha “contienda electoral” (una mera simulación) y qué competidores haya, e independientemente de que la inmensa mayoría de los venezolanos vote en su contra. No hay que olvidar que Saddam Hussein siempre ganaba todas las elecciones, ¡y siempre con más del 90% de los votos!
Durante el último año y medio he seguido con bastante atención el escenario político y económico de Venezuela. Este país al cual los chilenos tenemos gran cariño acogió a muchos chilenos exiliados durante la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Antes de ella, Chile vivió una experiencia de Gobierno socialista (elegido democráticamente) durante poco menos de tres años (1970 al 11 de septiembre de 1973), que tuvo varias similitudes con lo que actualmente están viviendo los venezolanos en su país, particularmente en el ámbito económico. Y los atropellos a los derechos humanos que están sufriendo los venezolanos tienen algunas similitudes con lo acontecido durante la dictadura militar en Chile. Por cierto, la historia de ambos países es muy diferente, como también lo son el grado de desarrollo institucional, la cultura de respeto a la ley y al “Estado de derecho”, y la raigambre democrática de sus pueblos.
Venezuela sufre las consecuencias –quizás las más agudas en la historia reciente latinoamericana– del síndrome de la dictadura institucionalizada a través de una democracia simulada, del caudillismo omnipotente, de la corrupción y despotismo de un Gobierno iletrado, y del populismo de una izquierda trasnochada que se quedó anclada en la época de la Guerra Fría.
El contexto institucional venezolano actual, relevante para entender esta parodia montada en torno a las futuras elecciones presidenciales venezolanas, es el siguiente.
1.- La astuta maniobra de adelantar la fecha de la elección presidencial. La fecha de la próxima elección presidencial fue arbitrariamente adelantada, de diciembre del 2018 al 22 de Abril. ¿Quién la adelantó? El recientemente creado Politburó de Nicolás Maduro: la Asamblea Constituyente –órgano electo al margen de la Constitución (denunciado por la entonces Fiscal Nacional de la República, Luisa Ortega Díaz, quien fuera posteriormente destituida por dicha Asamblea), deslegitimado por el pueblo venezolano (98% votó en contra, en plebiscito revocatorio informal organizado por la oposición el 16 de julio de 2017), deslegitimado por la OEA y deslegitimado abrumadoramente por la comunidad internacional–.
Dicha Asamblea Constituyente suplantó de facto al Poder Legislativo legalmente constituido: la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, electa democráticamente en el 2015, y que fuese declarada “en desacato” por Maduro. De modo que el Parlamento venezolano, democráticamente electo, actualmente es un mero ente figurativo que carece de facultades legislativas. Su coexistencia con la Asamblea Constituyente es institucionalmente inconsistente.
Esta decisión de adelantar la fecha para la elección presidencial fue meramente “formalizada” por el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano electoral controlado por el Politburó de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los principales beneficios para el régimen de Maduro asociados a dicho “adelanto de fecha”? Básicamente, los tres siguientes:
Primero, dejarle solo 17 días de “campaña” a cualquier eventual candidato opositor. Segundo, evitar que, a medida que transcurra más tiempo, su Gobierno tenga que afrontar crecientemente mayores costos de desafección de su hoy día escaso apoyo electoral. Ello, en virtud de una muy probable creciente agudización del actual conflicto político-institucional y de una segura agudización del colapso de la economía venezolana. Y, tercero, evitar que, a medida que pasen los meses, el Gobierno tenga que enfrentar crecientes costos políticos internos en virtud de un muy probable incremento de la presión internacional en contra del actual régimen venezolano. Estas dos últimas cuestiones, ciertamente, podrían dificultarle aún más a Nicolás Maduro la viabilidad de implementar estas seudoelecciones presidenciales, si estas se postergaran hasta diciembre de 2018. En este sentido, mientras más luego se hagan dichas elecciones, mejor para su objetivo de perpetuarse en el poder.
2.- Se excluye a potenciales partidos políticos competidores electorales. El partido Primero Justicia, la mayor organización opositora de Venezuela, quedó sin opciones para poder postular algún candidato para las elecciones presidenciales de este año, luego de que las autoridades electorales le impidieran ir al proceso para completar las firmas que requería para validar su organización política. Similar suerte corrieron otros movimientos políticos de oposición.
3.- Se anula a potenciales líderes opositores. Aparte de existir persecución y hostigamiento a familiares de dirigentes políticos de oposición, los principales líderes de la oposición venezolana –los más populares, influyentes y respetados– están exiliados, encarcelados (prisioneros políticos) o inhabilitados. ¡Hay más de 100 políticos opositores inhabilitados para optar a cargos de elección popular! De los más populares, solo se salva (por ahora) una mujer, muy destacada y talentosa: María Corina Machado.
Ella es una de las políticas opositoras más perseguidas por el régimen: fue destituida de su cargo en la Asamblea Nacional en marzo del 2014 por “traición a la patria”, y volvió a ser sancionada, inhabilitándola por un año en julio del 2015, para que no se pudiera presentar como candidata a las elecciones legislativas de diciembre de dicho año (que igual ganó la oposición). Pero en el hipotético caso de que María Corina Machado se llegara a inscribir como candidata, es muy probable que se tope con una “objeción política” por parte del Politburó de Nicolás Maduro (la Asamblea Constituyente), pues este tiene las facultades para hacerlo.
4.- Se controla al Poder Judicial. No existe un Poder Judicial independiente en Venezuela. Como consecuencia, no se cumple el ejercicio del derecho básico al debido proceso, no hay un control independiente acerca de la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado venezolano, y se perpetúa la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos. Los defensores públicos son utilizados para obstaculizar las denuncias de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, compuesto por 33 magistrados venezolanos que habían sido seleccionados por concurso por la Asamblea Nacional, fue íntegramente destituido por Maduro. Dicho tribunal ahora “opera” en el exilio. Maduro nombró un nuevo TSJ, el cual también asumió algunas funciones de un Poder Legislativo. Por su parte, la (ex) Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz (otrora simpatizante de Hugo Chávez) se opuso a la creación de la Asamblea Constituyente y al nuevo TSJ nominado por Nicolás Maduro, aduciendo razones de inconstitucionalidad, de fondo y de forma. Ella fue destituida por el Politburó de Maduro y tuvo que salir clandestinamente de Venezuela al exilio, presionada por un seguimiento y hostigamiento continuo de la policía paramilitar del Gobierno y por constantes amenazas a su integridad física.
[cita tipo=»destaque»]Venezuela sufre las consecuencias –quizás las más agudas en la historia reciente latinoamericana– del síndrome de la dictadura institucionalizada a través de una democracia simulada, del caudillismo omnipotente, de la corrupción y despotismo de un Gobierno iletrado, y del populismo de una izquierda trasnochada que se quedó anclada en la época de la Guerra Fría.[/cita]
5.- Se controlan los medios de comunicación. No existe libertad de expresión en Venezuela, al menos no como esta se entiende en regímenes democráticos. En efecto, funcionarios públicos del régimen de Nicolás Maduro utilizan el derecho penal como una herramienta de intimidación a periodistas opositores al régimen, se criminaliza la crítica a la “Revolución Bolivariana”. Constantemente se producen agresiones físicas y verbales, detenciones y otros actos de hostigamiento a periodistas. Se detiene y expulsa a periodistas extranjeros. Durante el año 2017 se cerraron 49 radioemisoras nacionales, cuatro canales de televisión nacionales y cinco canales de televisión internacionales por suscripción (entre ellos CNN) fueron retirados de la programación de la TV en Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial han condenado el cierre de medios de comunicación durante 2017 en dicho país “bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión” (Informe de País: Venezuela; CIDH, OEA, Doc. 209; 31-Dic., 2017). Otro mecanismo que utiliza el Gobierno para afectar la libertad de prensa es a través de una empresa estatal que tiene el monopolio legal de la importación de papel prensa, y que es la encargada de distribuirlo a los medios de comunicación escritos. Por añadidura, el Gobierno viola la libertad de expresión en el contexto de internet, a través de la censura y de ataques cibernéticos: se bloquean determinados portales y sitios web de modo que estos sean inaccesibles al público venezolano durante determinados períodos.
¡Estas son las condiciones de “libertad de expresión” que ofrece el gobierno de Nicolás Maduro a la oposición para las próximas elecciones presidenciales!
6.- Se controla a las Fuerzas Armadas y la policía. Las Fuerzas Armadas y la policía de Venezuela no son instituciones profesionales autónomas como en los regímenes democráticos; están cooptadas política y económicamente por el Presidente de la República, quien además cuenta con una fuerza paramilitar especial para los fines que él estime conveniente. La justicia militar asume funciones que, en regímenes democráticos, le corresponden a la justicia civil. La justicia militar juzga a civiles, si así lo estima conveniente el Gobierno de Nicolás Maduro.
7.- Se controla a los poderes del Estado y se evita que ninguno pueda ser potencialmente controlado por opositores. No existen poderes del Estado independientes en Venezuela. Es un régimen dictatorial, de democracia simulada, en el cual todos los poderes del Estado se concentran en el Poder Ejecutivo, manejado a su arbitrio por Maduro. Tampoco existe un Consejo Nacional Electoral (CNE) independiente; este está íntegramente controlado por el Gobierno, a través del Politburó del Mandatario (la Asamblea Constituyente). No existe un órgano electoral en Venezuela que dé garantías de ecuanimidad e imparcialidad para un proceso eleccionario. El CNE está al servicio de la «Revolución Bolivariana”.
8.- Corrupción institucionalizada y narco-Estado. Altos personeros del Gobierno de Nicolás Maduro han sido acusados de vínculos con el narcotráfico y varios países desarrollados han incautado sus activos en el exterior. Adicionalmente, hay pruebas fehacientes de corrupción generalizada al interior del Gobierno venezolano. La (ex) Fiscal General de La República, Luisa Ortega Díaz, aportó con documentación probatoria referida a dicha corrupción y a los nexos del Gobierno con el narcotráfico. Muy probablemente algunos altos personeros gubernamentales sabían que ella podía contar con dicha documentación, y por eso la consideraron una “amenaza para la Revolución Bolivariana”.
9.- Represión institucionalizada, temor, miseria e inseguridad. Cualquier manifestación callejera opositora al régimen de Nicolás Maduro es reprimida brutalmente por cuerpos de paramilitares (algunos adiestrados por el Gobierno de Cuba). Hay más de 150 muertos (la mayoría jóvenes) y miles de heridos por las protestas callejeras ocurridas entre abril y julio del año pasado. El Gobierno de Maduro ha militarizado la seguridad ciudadana: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) –un grupo de élite de las Fuerzas Armadas de Venezuela– tiene bajo su mando a todos los cuerpos policiales de los estados y municipios del país. Y se ha involucrado a civiles (militantes del partido de Gobierno, PSUV) en tareas de seguridad e inteligencia.
La OEA ha señalado reiteradamente que el Estado viola sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela. Adicionalmente, hay una creciente inseguridad en el diario vivir de las familias venezolanas. Los índices de robos y saqueos han ido aumentando exponencialmente, en parte incentivados por la desesperación asociada al colapso de la economía venezolana. En relación con esto último: en 2017, el PIB cayó en 15% y la inflación alcanzó 2.616%, la más alta del mundo. Hay escasez generalizada de bienes y servicios básicos; desabastecimiento de 90% en medicinas e insumos médicos (est. 2017); filas interminables para conseguir “algo” que comer, y preferencias arbitrarias para simpatizantes del Gobierno en el racionamiento –supervisado por fuerzas militares– de alimentos y otros bienes esenciales.
En los últimos tres años se ha presentado un incremento sistemático de la pobreza (alcanza aprox. 90%, con 60% de pobreza extrema; est. 2017) y de la desnutrición (70% de desnutrición infantil; est. 2017). La organización humanitaria Caritas estimó que 300 mil niños venezolanos corren riesgo de morir por desnutrición, y 33% de la población infantil presenta retardo en su crecimiento, por mala alimentación y desatención en salud. La prostitución infantil y de adolescentes en Venezuela ha proliferado como mecanismo para conseguir dinero para comer. En enero del 2018, el nuevo salario mínimo del país solo alcanza para comprar una taza de café o una empanada al día. Se estima que, a inicios del 2018, se requieren alrededor de 50 salarios mínimos al mes solo para comprar la canasta básica de alimentos. Y ello va creciendo, pues los precios de alimentos efectivamente pagados por las familias crecen más rápido que los aumentos en el salario mínimo que decreta el Gobierno.
Por otra parte, la tasa de homicidios en Venezuela ha ido incrementándose significativamente durante los últimos tres años. Para el 2017, esta se estima en alrededor de 96 por cada 100 mil habitantes, la más alta de la historia en tal país, la mayor de toda Latinoamérica y una de las más altas del mundo. De continuar esta tendencia, Venezuela se convertirá en el 2018 en el país con la mayor tasa de homicidios del mundo.
10.-Se simula negociación para “ganar tiempo” y aparentar intenciones democráticas. El reciente intento de negociación política para llegar a algún tipo de acuerdo político entre el Gobierno y representantes de la oposición venezolana, llevado a cabo en República Dominicana, fracasó. Dicha negociación estaba prácticamente condenada a fracasar desde un comienzo: primero, porque el Gobierno y la oposición ven países distintos; segundo, porque el Gobierno no valora la democracia representativa –solo le interesa el poder–; y tercero, porque Gobierno y oposición tienen proyectos de sociedad diametralmente opuestos. Chile y México se retiraron como facilitadores de dicho intento de salida negociada a la crisis venezolana. Y los representantes de la oposición venezolana en dicha mesa finalmente se dieron cuenta de que sus esfuerzos serían infructuosos.
El reciente adelantamiento de la fecha de las elecciones presidenciales, sin acuerdo alguno con los representantes de la oposición en esa mesa de negociaciones, aunado a la constante dilación por parte de los representantes del Gobierno de Venezuela en tomar decisiones eventualmente conducentes a un escenario de elecciones presidenciales democráticas –libres, informadas, secretas, con conteo de votos fidedigno y sin exclusión de dirigentes políticos opositores prisioneros, inhabilitados o exiliados– terminaron por convencer, a dichos países y a los representantes de (una parte de) la oposición en dicha mesa de negociación, que no tenía sentido continuar con este esfuerzo de diálogo. Este fracaso, por lo demás, había sido pronosticado por el secretario general de la OEA, antes de que dicho diálogo se iniciase.
Las anunciadas seudoelecciones presidenciales en Venezuela están viciadas de origen y serán ganadas abrumadoramente por Nicolás Maduro, independientemente de que este tenga o no contrincantes en dicha “contienda electoral” (una mera simulación) y qué competidores haya, e independientemente de que la inmensa mayoría de los venezolanos votara en su contra. No hay que olvidar que Saddam Hussein siempre ganaba todas las elecciones, ¡y siempre con más del 90% de los votos!
¿Tiene algún sentido esta futura “elección” presidencial para el pueblo venezolano? Ninguno. ¿Tiene algún sentido que observadores internacionales se presten para avalar con su presencia esta simulación de elecciones democráticas? Ninguno. ¿Tiene algún sentido para la oposición venezolana participar en dicha seudoelección presidencial? Ninguno.
¿Existe alguna posible salida política negociada para la aguda crisis generalizada de Venezuela?Desafortunadamente, los hechos demuestran que ya no la hay. A no ser que milagrosamente emerja alguna mente sensata dentro del aparato del Estado venezolano, y que este tenga los instrumentos necesarios como para inducir un Gobierno de transición hacia un régimen democrático. Pero no queda mucho tiempo para esperar ese milagro; el caos generalizado amenaza la vida de cientos de miles de venezolanos, cuya paciencia tiene un límite.
