Señor Director:
Diversas manifestaciones públicas recientes, incluso a través de medios masivos de comunicación, han relativizado las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena, o han hecho apología de ésta. Asimismo, en la discusión pública se ha incitado directa o indirectamente a la discriminación, exclusión o violencia contra grupos determinados de la población, como inmigrantes, el pueblo mapuche y minorías sexuales. Acciones de este tipo son sancionadas por el derecho penal de diversos países, como Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Suiza.
La gravedad de estos hechos, unido al impacto social que han generado, ha llevado a que el tema sea tratado en las máximas instancias europeas en materia de DD.HH. Así, el Consejo de Europa ha instado a sus miembros a castigar penalmente la incitación pública a la discriminación, la violencia o el odio racial, la apología pública de crímenes contra la humanidad, la negación pública del genocidio y crímenes contra la humanidad. Del mismo modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un abundante y sostenida jurisprudencia, ha validado la compatibilidad de estas medidas estatales con la Convención Europea de Derechos Humanos, en especial, con la libertad de expresión que ahí se consagra.
Aunque en el caso chileno ninguna norma penal castiga estos hechos; se debe destacar el proyecto de ley que prohíbe el homenaje y/o exaltación de la dictadura cívico-militar (Boletín Nº 9.746-17), como el que modifica el Código Penal, para incorporar el delito de incitación al odio o a la violencia (Boletín Nº 11.331-07). Ambos proyectos, si bien aún se encuentran en tramitación, no han logrado pasar su primer trámite constitucional y según la agenda legislativa del nuevo gobierno, se tratan de materias ajenas a sus prioridades.
Si bien avanzar en este sentido requiere una discusión minuciosa respecto al alcance y rigor de estas medidas, ante el alza de expresiones discriminatorias, discursos de odio y manifestaciones negacionistas, que no solo afectan la dignidad de sus víctimas, sino también la cohesión social, se vuelve cada vez más urgente que el legislador intervenga.
Flavio Quezada
Instituto Igualdad
