Han sido varios los comentarios y argumentos que durante estos días pueden inducir a equivoco a la opinión pública respecto de lo que se está discutiendo en estos momentos ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. En efecto, el jurista Alan Vaughan Lowe en relación a la aspiración de salida soberana al mar por parte de Bolivia, sostuvo que una resolución favorable a ello tendría “directa o inmediatas implicancias en otras disputas internacionales de larga data, como el Caso de Palestina con Israel”. Este no es el único comentario que ha sido publicado en el último tiempo que realiza un paralelo o compara la situación de Bolivia y Palestina, lo cual representa una estrategia sin sustento.
La motivación de esa comparación, y en especial las palabras Lowe, miembro del equipo que defiende la tesis boliviana, pueden ser varias. A modo de hipótesis podríamos pensar que el objetivo sería acentuar una suerte de “injusticia política” que se ha cometido con Bolivia tras la Guerra del Pacífico, la cual quedaría de manifiesto en su actual mediterraneidad. El objeto de aquello sería movilizar la emotividad como estrategia para sensibilizar a los jueces, para que ellos fallen menos en un sentido jurídico y más en uno político. Sin embargo, comparar la situación jurídica de Bolivia con la de Palestina es algo parecido a un realismo mágico, ya que confunde asuntos jurídicos de fondo.
[cita tipo=»destaque»]Confundir la naturaleza de la disputa jurídica no le entrega una mejor performance a la demanda boliviana, sino que por el contrario, tiende a cuestionar aún más sus débiles argumentos jurídicos para conseguir su aspiración de salida soberana al mar.[/cita]
El litigio Bolivia v/s Chile se fundamenta por las Autoridades de Bolivia y su equipo jurídico principalmente a través de actos unilaterales por parte de Chile, en los cuales se habría comprometido durante la historia a brindar acceso soberano al mar por medio del diálogo entre las partes. Con ello se espera una evolución interpretativa del derecho internacional contemporáneo que hasta hoy no encuentra jurisprudencia en otro caso visto por la Corte. En definitiva, Bolivia interpreta la historia bilateral aseverando que el tratado de 1904 es injusto, y que cabe que la Corte obligue a Chile a responder consistentemente con sus propios actos y así negociar una salida soberana al mar para Bolivia.
Por otro lado, Palestina se encuentra bajo ocupación por parte de una potencia, es decir, no existen tratados entre las partes y son más de un centenar de resoluciones de Naciones Unidas las que Israel ha incumplido. La relación entre Israel y Palestina no es la de un Estado Nación v/s otro Estado Nación, sino que la de un Estado que a través de una ocupación en constante ampliación impide la autodeterminación del pueblo palestino. Esta situación de resabio de los tiempos del colonialismo no es comparable a la situación jurídica entre Bolivia y Chile.
Confundir la naturaleza de la disputa jurídica no le entrega una mejor performance a la demanda boliviana, sino que por el contrario, tiende a cuestionar aún más sus débiles argumentos jurídicos para conseguir su aspiración de salida soberana al mar. En el marco del derecho internacional del Siglo XIX y XX las fronteras fueron definidas entre Chile y Bolivia mediante un instrumento jurídico intangible (un tratado), mientras que en pleno siglo XXI Palestina sigue soportando una ocupación ilegal que no respeta el derecho internacional vigente. En último término, si el tribunal innova políticamente en su veredicto y obliga a Chile a negociar, escenario nocivo a la diplomacia entre Estados, no servirá de jurisprudencia alguna a Palestina, ya que estamos frente a Israel que no acata las resoluciones del sistema de Naciones Unidas. Por lo demás, la solución al tema de Palestina no requiere de nuevas fuentes del derecho, sino que se aplique el existente.
