Tras el lanzamiento del Plan Nacional de DDHH en diciembre del año pasado, la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, dijo: “Me sorprendió una especie de renovación de la defensa de los criminales de lesa humanidad. La aparición de una derecha profundamente anti Derechos Humanos es un hecho de cuidado”. Siguió con referencia a la campaña presidencial de José Antonio Kast, en la cual el candidato dijo que como presidente indultaría a los “enfermos terminales” de Punta Peuco: “Es preocupante, porque no veo por ninguna parte dónde está su adhesión a los Derechos Humanos en toda su amplitud.”
Sin embargo, la renovación no es sorprendente y podemos observar una adhesión de este sector político a los DDHH, ya que viene trabajando desde hace más de una década para apropiarse de su lenguaje.
En la trayectoria de la justicia transicional el año 2006 es un hito importante: oficiales condenados empezaron a cumplir condenas carcelarias. A partir de este momento la narrativa de la familia militar de la salvación se convirtió definitivamente en una narrativa de martirio. Se consolidó el discurso de sacrificio por la patria ya existente, y este ahora se expresó en términos de los derechos humanos violados de los militares condenados.
A la negación de los hechos y el rechazo de los “derechos humanos” – siempre entre comillas – como una “ficción jurídica”, se agregó una nueva apelación a los derechos humanos, sin comillas. Se armó una colección de artículos, párrafos y conceptos legales supuestamente violados por la aplicación de la ley internacional, el concepto del “secuestro permanente” y la no aplicación de la prescripción y la amnistía. Es decir, utilizaron el lenguaje de los derechos, incluso de los derechos humanos, para argumentar contra la aplicación de los derechos humanos en Chile. Así hicieron de perpetradores de violaciones de DDHH, víctimas de violaciones de DDHH.
Los indultos presidenciales también son un pilar de esta nueva auto victimización, con el argumento basado en la igualdad ante la ley y siguiendo la siguiente lógica: Aylwin indultó a presos políticos, así que internos de Punta Peuco – denominados “presos políticos” por sus simpatizantes – también tendrían el derecho al indulto.
La elección de Piñera en 2010 representó una gran esperanza para la familiar militar, y los indultos también volvieron ser tema en la agenda pública. La iglesia llamó a considerar clemencia para los encarcelados por delitos contra los derechos humanos, pero en ese momento Piñera se negó a considerar solicitudes de “aquellos condenados por delitos especialmente graves, como son los de lesa humanidad.”
[cita tipo=»destaque»]Esta narrativa ha establecido una preocupante equivalencia moral entre, de un lado, preocupaciones relativas al proceso judicial y la idea de que los simpatizantes de los militares no son escuchados y, del otro lado, asesinato, tortura y “secuestro permanente”.[/cita]
El año siguiente la mezcla particular del rechazo de los “DDHH” y la apelación a los DDHH chocó con otra narrativa fuera del Club Providencia, donde se lanzó la cuarta edición de la biografía de Miguel Krassnoff. Contra las fotos de desaparecidos y los huevos tirados por manifestantes, un cartel de un simpatizante de Krassnoff puso en duda la práctica de la desaparición, y otro preguntó: “Y los derechos humanos de los militares ¿cuándo?”
En esa oportunidad, la autovictimización también se extendió a los familiares y seguidores de los presos. Simpatizantes salieron después en blogs y en la prensa nacional para quejarse de que la protesta fuera del Club Providencia había violado sus derechos humanos a la libertad de asociación y reunión y – sin ironía – la libertad de expresión.
Esta narrativa ha establecido una preocupante equivalencia moral entre, de un lado, preocupaciones relativas al proceso judicial y la idea de que los simpatizantes de los militares no son escuchados y, del otro lado, asesinato, tortura y “secuestro permanente”.
Cuando el candidato Kast se refirió a los indultos, también habló de “sentencias en base a ficciones jurídicas” e insistió en que impulsaría “el final de la transición política mediante la igualdad de todos ante la ley, incluyendo un nuevo trato a los militares privados de sus derechos humanos fundamentales.” En la misma línea argumental se encuentra la declaración de la semana pasada del abogado de los presos de Punta Peuco que va a solicitar indultos presidenciales, si el Ministro en Visita, Mario Carroza, no les concede el beneficio de arresto domiciliario total.
Frente a estas posibles solicitudes de indulto, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que se las considerará caso a caso, haciendo referencia a la igualdad entre tipos de crímenes y condenas, y a “situaciones humanitarias”. Esta posición representa un cambio importante respecto del primer gobierno de Piñera, pero puede ser una posición razonable: cualquiera puede solicitar un indulto. Otorgar el indulto es una decisión distinta.
Sin embargo, la posición de Larraín sería preocupante si es una indicación de que esta visión de los DDHH ha encontrado eco dentro de la nueva administración.
