Señor Director:
El 1 de abril entró en vigencia la ley 21.015 la cual se supone tiene como objetivo: “incentivar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral”, pero antes de hablar de esta ley en mi opinión ineficiente, definamos lo que se entiende por discapacidad y ciertos parámetros de esta.
La discapacidad presenta diversas interpretaciones dependiendo del paradigma desde el cual se quiere obtener su definición. “Para poder entender el “fenómeno” de la discapacidad es necesario explorar lo que esta significa para las personas que la tienen, y lo que la gran mayoría sentimos es que lo que más cuesta, no es lidiar con aquella “deficiencia” sino con la hostilidad, prejuicios y discriminación a la que nos vemos enfrentados día a día simplemente por el hecho de tener una discapacidad.”
Si las personas en situación de discapacidad fuésemos valorados como un sujeto en lugar de como objeto; esto supondría que tendríamos el acceso al beneficio pleno de las libertades fundamentales que la mayoría de las personas dan por sentadas, y hacerlo de forma respetuosa y sensible a la diferencia. Esto, implicaría abandonar la tendencia de percibir a la persona en situación de discapacidad como un problema, para verla, en cambio, en el contexto de sus derechos.
La discapacidad tiene dos componentes primordiales, cuya interacción da lugar a situaciones diferentes. Estos componentes son: La propia persona y el contexto social en el que se desenvuelve.
Cabe mencionar que el contexto social de la pobreza y la discapacidad tienen una relación directa, donde la pobreza puede producir discapacidad. Por otra parte, la discriminación que se deriva de la discapacidad lleva a la exclusión, la marginación, el desempleo; y todos estos factores aumentan el riesgo de pobreza.
Las personas en situación de discapacidad somos “invisibles” y nos encontramos mayoritariamente ausentes en la creación de las agendas políticas como en la puesta en marcha de acciones en el ámbito de la inclusión en la sociedad.
El concepto de inclusión hace hincapié en la necesidad de que el entorno realice los ajustes necesarios para asimilar a la persona en situación de discapacidad mediante el cambio y la rehabilitación del sistema social, con el objetivo de lograr acomodar a estas personas teniendo en cuenta sus derechos sociales, humanos y civiles, pero esta inclusión no se produce.
Resulta imprescindible la elaboración de las políticas de acción positiva para lograr reducir las diferencias existentes que proceden de una situación de partida desigual, de forma que todas las personas tengan las mismas oportunidades.
Las personas en situación de discapacidad somos vistas como objetos pasivos, receptores de servicios sociales, pero no como sujetos de cambio y de aporte al valor de la economía a través del trabajo.
Ahora, mi critica a la nueva ley:
1. Esta ley obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a tener el 1% de sus empleados en situación de discapacidad, lo cual busca que la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad aumente.
Pero a este punto, le tengo variadas críticas:
a) Si el objetivo de esta ley es “inclusión”, la manera en que la quiere ejecutar no es la correcta, ya que obliga a las empresas a contratar gente en situación de discapacidad, ya que si no lo hace serán multados u obligados a realizar donaciones de aproximadamente veinticuatro sueldos mínimos. Entonces, ¿se contratará por la capacidad/habilidad de la persona? O ¿solo se contratará para evitar una infracción?
b) Esta ley obliga a las grandes empresas a adjuntar en su planta persona en situación de discapacidad, pero no las obliga a capacitarse y tener la infraestructura idónea para trabajar en contextos naturalizados. Entonces, “arregla parte del problema” de la <exclusión> pero no parte de la base educativa, social y cultural.
c) El criterio para medir el progreso de la calidad de vida de las personas, no se puede evaluar solo en función de los ingresos de una persona, sino de las oportunidades reales con las que cuenta para emplearlos en su desarrollo. Los ingresos pueden parecer un buen parámetro, pero plantea dos problemas. Primero, no se correlaciona con el acceso a los bienes públicos (esto bien se enlaza con la prórroga del Art. 1 de la ley 20.422, que obliga a las instituciones públicas a contar con accesos universales). Segundo, la forma en que las personas pueden convertir sus ingresos en determinada forma de vida varía y más aún cuando se vive en situación de discapacidad.
Si analizamos todo lo mencionado, podemos detectar que la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad no solo se da mediante “los ingresos laborales”, sino que es imperante fomentar el desarrollo de políticas dirigidas a eliminar las barreras a las que nos vemos enfrentadas las personas en situación de discapacidad en el proceso de inclusión en la sociedad, así como a no generar nuevas barreras.
La inclusión es la manera más eficaz de aumentar el progreso y calidad de vida. Una inclusión efectiva requiere que la discapacidad sea vista de forma transversal en la legislación, el desarrollo de políticas públicas desde que son concebidas, permitiendo la participación de las personas en situación de discapacidad desde el inicio del proceso.
Esta ley, es un proyecto aislado que, si bien en un largo plazo podría obtener resultado, en la teoría, no tendría un efecto sostenible y sistémico. Por ende, es preciso un enfoque inclusivo que cambie el sistema e involucre a todos los actores, públicos como privados, educativos, culturales y laborales. Y a todos los ámbitos, tanto de forma horizontal como vertical. Y como mencione anteriormente en el punto B) es necesaria la garantía de procesos de concienciación y formación sobre discapacidad teniendo un enfoque basado en los DDHH y el empoderamiento especifico que promueva la participación en todas las esferas como sujetos de derecho y cambio.
Finalmente, el desarrollo ha introducido nuevos obstáculos para la participación activa de las personas en situación de discapacidad, el primer paso para conseguir un enfoque más inclusivo es remitirse a incluir la discapacidad en la agenda política, preguntar a los protagonistas que es lo que se necesita y empezar a trabajar desde la base donde se genera la desigualdad y brecha de discriminación, ya que hacer leyes “tapón” (que si existiese una base política y constitucional sólida serían eficientes), más que avanzar en inclusión, estanca el verdadero avance a una sociedad justa, naturalizada e inclusiva.
María Fernanda Aguilera Ulloa, estudiante Ciencias Políticas PUC
