Los cambios de gobierno no debieran ocasionar trastornos en los servicios públicos ni afectar el trabajo que desempeñan sus funcionarios. Los despidos masivos de personal, a veces equipos enteros, inmovilizan importantes áreas de trabajo y, afectan los avances estratégicos en la gestión de los servicios, además del erario nacional, por los costos asociados a la pérdida de personal calificado y la necesidad de capacitar a otros para reemplazarles y/o aceptar que los cargos sean desempeñados por quienes no cuentan con las destrezas para ejercerlos.
Para este propósito, en octubre de 2016 se publicó la ley que otorga al Servicio Civil rol rector en la gestión y desarrollo de personas en la administración central, facultándole para impartir normas de aplicación general en materia de reclutamiento y selección de personal, concursos de ingreso y promoción, programas de inducción, programas de capacitación, sistemas de promoción, sistema de calificaciones y otras materias referidas a buenas prácticas laborales.
En el ejercicio de ese rol rector, que será fundamental para el mejoramiento de los servicios públicos y aprovechar el potencial de los actuales y de los futuros funcionarios, en mayo de 2017 el Servicio Civil dictó normas de aplicación general que obligan a las jefaturas entre otras cosas a aplicar procedimientos transparentes de reclutamiento y selección de personal y el uso de perfiles de cargo. Esta serie de estándares han sido levantados considerando las mejores prácticas en el sector.
[cita tipo=»destaque»]En el ejercicio de ese rol rector, que será fundamental para el mejoramiento de los servicios públicos y aprovechar el potencial de los actuales y de los futuros funcionarios, en mayo de 2017 el Servicio Civil dictó normas de aplicación general que obligan a las jefaturas entre otras cosas a aplicar procedimientos transparentes de reclutamiento y selección de personal y el uso de perfiles de cargo. Esta serie de estándares han sido levantados considerando las mejores prácticas en el sector. [/cita]
Las normas dictadas son obligatorias para las jefaturas y su incumplimiento compromete responsabilidad administrativa y expone a los responsables a un examen y posterior juicio de cuentas. La Contraloría General de la República, a requerimiento o de oficio deberá articular auditorías destinadas a revisar la gestión de personas en el estado, la legalidad y veracidad de las contrataciones, el control del gasto en remuneraciones y asignación real de funciones al personal en los servicios públicos, entre otros. No es posible que a propósito de los cambios de gobierno se afecte la continuidad y la calidad de los servicios públicos como consecuencia de despidos indebidos y contrataciones de personal sin experiencia ni conocimientos relevantes o sin realizar labores relevantes.
Finalmente, las autoridades públicas debieran considerar que en muchos servicios los funcionarios a honorarios ejercen funciones de la misma forma que el personal de planta y contrata, son también irreemplazables en el corto plazo y sus desvinculaciones carecen absolutamente de justificación. Tampoco proceden despidos masivos y arbitrarios respecto de este personal.
