Generar un balance sobre lo que hasta acá ha sucedido con el gobierno de Piñera sería difícil con la presencia de un solo mes en el sillón presidencial. En un espacio temporal tan estrecho es complejo que los gobiernos puedan desplegar concretamente sus agendas y poner de manifiesto sus intenciones y tendencias más robustas, que permitan luego, hacer una caracterización sólida y clara sobre lo que proponen para el país.
Sin embargo, el caso de la agenda educacional es diferente y tiene ciertas especificidades que parecen permitir evaluar, al menos, ciertas tendencias sobre el carácter del gobierno, lo que quiere proyectar de sí mismo y sus propuestas para el futuro de la nación. Ello, a nuestro juicio, es posible porque educación es un conflicto de relevancia para la sociedad chilena, que lleva abierto por lo menos una década en el país, y donde el discurso y el clima del debate político de a lo menos los últimos 4 años, ha sido precisamente el de abrirse a la necesidad de cambios estructurales en materia educacional, discurso que ha sido duramente cuestionado por los liderazgos principales de la nueva administración.
Así, las tendencias y estilos de liderazgos que se han desplegado desde el MINEDUC se han podido ver con más nitidez durante estos primeros 30 días que en otros ámbitos de la sociedad. Estos elementos, además, pareciesen ser concomitantes con una estrategia política impulsada desde palacio cuyo centro está en dar un salto cualitativo en la contraofensiva de mercado que se ha visto desde 2012 en adelante.
[cita tipo=»destaque»]La respuesta y estrategia anti-movimiento estudiantil cuando no son acompañadas de propuestas, de una nueva visión en materia educativa, pareciesen servir sobre todo como efecto motivante para nuevas movilizaciones sociales y recobrar cierto aire perdido desde el mundo social tras más de 10 años continuos de movilización. Aunque incomode al ministro, priorizar no puede significar excluir, y por lo tanto en materia de educación no solo debiese decir lo que le gusta o lo que le conviene a su sector, el país también requiere respuestas políticas sobre problemas que todavía no están resueltos.[/cita]
Los ejes de esta estrategia han sido bastante claros: por un lado, la intención explícita por parte del ejecutivo de cambiar el foco del debate público en materia educativa (sustraer la necesidad de reformas estructurales en educación superior, para centrar el debate en primera infancia y educación técnico profesional), y por otro, la defensa abierta y explícita a los beneficios que tendría el modelo educativo de mercado, sumado a las denuncias de las potenciales consecuencias no vistas en el acuerdo que la sociedad ha ido construyendo sobre la importancia de una educación pública de excelencia, gratuita y sin fines de lucro.
A su vez, se ha impulsado una agenda agresiva hacia la CONFECH -principal actor social del debate educativo de estos años- declarando que sus movilizaciones carecen de sentido, que no son convocantes, y que no dan espacio para otras prioridades que el país también tiene que resolver. Ello se ha complementado con cuestionamientos de la representatividad que la misma CONFECH tendría sobre todo pensando en la articulación y organización del mundo de los técnicos profesionales.
Así, en diversas coyunturas del último mes hemos visto las consecuencias de estas tendencias y orientaciones del nuevo gobierno. Lo vimos en la defensa que el Ministro Varela hizo del Tribunal Constitucional y del artículo que impide la prohibición efectiva del lucro, lo vimos del retiro el proyecto de ley de fin al CAE y del carácter que su propuesta tendría para resolver el problema del endeudamiento, lo hemos visto en la negación a reconocer conflictos de interés claros con el subsecretario de educación y en la defensa de ese nombramiento, entre tantas otras situaciones que han sucedido en tan solo un mes de gobierno.
Nuestra impresión es que esta estrategia que intenta romper el acuerdo social sobre que la educación es un derecho y no un bien de consumo, puede tener consecuencias bastante graves para el propio gobierno. Retrotraerse 7 años de debate público es un proyecto soberbio que puede generar más de un tropiezo para la derecha chilena.
Sus argumentos y discursos intentan opacar la conflictividad que ha surgido en materia de educación superior, pero sin entrar a las razones de fondo que explican las acciones de protesta y manifestaciones estudiantiles, cuyo fundamento último radica en el modelo educativo de mercado que se ha implementado hasta acá en el país.
Hoy el gobierno opta por levantar respuestas que intentan abrir cancha a sus ideas y volver a legitimar los potenciales beneficios del modelo educativo de mercado. Pero lo que no entiende, o no logra captar del todo, es que Chile en materia de educación superior ya decidió y que ante las consecuencias que siguen ocurriendo por la influencia del mercado, la población prefiere optar por un camino diferente.
El ministro podría entender que él tiene una oportunidad de iniciar un debate serio y con perspectiva de Estado sobre el futuro de la educación en nuestro país para alcanzar y potenciar el desarrollo nacional. Podría abrir caminos para encontrar una solución definitiva al problema del endeudamiento o al sistema educativo de mercado, pero al parecer su propia convicción ideológica y los conflictos evidentes de interés de su sector le impiden comprender dicha oportunidad.
La respuesta y estrategia anti-movimiento estudiantil cuando no son acompañadas de propuestas, de una nueva visión en materia educativa, pareciesen servir sobre todo como efecto motivante para nuevas movilizaciones sociales y recobrar cierto aire perdido desde el mundo social tras más de 10 años continuos de movilización. Aunque incomode al ministro, priorizar no puede significar excluir, y por lo tanto en materia de educación no solo debiese decir lo que le gusta o lo que le conviene a su sector, el país también requiere respuestas políticas sobre problemas que todavía no están resueltos.
¿Qué nos queda entonces al movimiento estudiantil? Volver a decir con fuerza este 19 que Chile ya decidió, porque no habrá ningún peso más destinado al endeudamiento ni al lucro en la educación.
