Opinión
Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por el sistema laboral imperante de nuestro país.
Hace algunas semanas el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monckeberg, expuso los objetivos y contenidos del proyecto de ley que “crea un Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la Educación Superior”, ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
En dicha oportunidad, se señaló que el proyecto de ley tiene como principales objetivos aumentar el empleo formal en jóvenes entre 18 y 24 años a través de la creación de un nuevo contrato especial de trabajo que otorga cobertura de seguridad social y protección frente a accidentes del trabajo.
No cabe duda que los objetivos e intenciones declaradas por la autoridad son necesarias para mejorar el desalentador panorama existente en materia de inserción laboral y precarización del trabajo que afecta a los jóvenes del país. Pero nos parece necesario dejar claro que esta iniciativa no es la solución final al problema.
Su acotado ámbito de aplicación -que contempla a jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, y cursando estudios regulares en instituciones de educación superior- no se hace cargo de manera integral de los diversos factores que inciden en la baja participación de los jóvenes en el mundo laboral, entre los que se cuentan aspectos económicos, de género, tecnológicos, educacionales o demográficos. El proyecto de ley no aborda el problema de manera estructural, dejando de lado a una parte importante de los jóvenes que hoy tienen dificultades para acceder a un trabajo decente, de acuerdo a los estándares fijados a nivel internacional. Las barreras de acceso al mundo laboral deben ser eliminadas a través de políticas públicas serías, integrales y de largo aliento, siendo insuficiente legislar únicamente en los aspectos abordados por este proyecto.
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Y sin duda, uno de los principales déficits de este nuevo contrato especial de trabajo para jóvenes, es su inexistente componente formativo. La propuesta no se hace cargo de fomentar la capacitación ni las habilidades que los jóvenes estudiantes -que serán regidos por este contrato- se encuentran desarrollando a través de sus estudios superiores, cuestión que también puede desvirtuar en la práctica la finalidad del estatuto por parte de los empleadores.[/cita]
Los contenidos del proyecto de ley dejan abiertas una serie de interrogantes que son necesarias de resolver en el corto plazo para evaluar la verdadera finalidad de la iniciativa. Quedan aún en el aire serias dudas sobre los derechos laborales que gozarán los trabajadores jóvenes, regulados por este proyecto, respecto a estabilidad laboral, indemnización por años de servicio y derechos a sindicalización, entre otros.
Por otra parte, el anuncio del ministro del Trabajo no hace mención a las medidas que se adoptarán para hacer cumplir la finalidad del estatuto especial, evitando así que, en la práctica, se afecte la estabilidad laboral y los derechos adquiridos por los trabajadores adultos, debido a los abusos que los empleadores puedan llevar a cabo al sustituir a los trabajadores por jóvenes contratados bajo este estatuto especial, a menor costo.
Y sin duda, uno de los principales déficits de este nuevo contrato especial de trabajo para jóvenes, es su inexistente componente formativo. La propuesta no se hace cargo de fomentar la capacitación ni las habilidades que los jóvenes estudiantes -que serán regidos por este contrato- se encuentran desarrollando a través de sus estudios superiores, cuestión que también puede desvirtuar en la práctica la finalidad del estatuto por parte de los empleadores.
Estamos seguros que los deseos de los jóvenes trabajadores y trabajadoras van en camino contrario al proyecto del Gobierno, ya que este podría ser el punto cúlmine de la precarización institucionalizada del empleo joven, relativizando sus derechos como trabajadores del país. El mundo del trabajo joven debe ser fortalecido, no precarizado para quienes son, aún, los más afectados del sistema laboral en nuestro país.
