Opinión
Las funas recibidas por José Antonio Kast y la incontinencia verbal del diputado Urrutia han puesto en el centro del debate un asunto delicado, incómodo y pendiente de discusión hace muchísimo tiempo entre los adherentes a las formas de la democracia representativa, parlamentaria y liberal: ¿hay límites para el debate en los espacios democráticos? ¿debe tolerarse cualquier discurso en nombre de la democracia?
Hasta ahora, el argumento de quienes se exponen como “víctimas” de la intolerancia -el diputado Urrutia y Kast- apuntan a que se está atentando contra el derecho a expresarse libremente, poniendo en riesgo valores intransables de las ideas democráticas liberales: la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones en el espacio público. Sin embargo, y aquí el problema, nadie repara en el hecho de que tanto Kast como Urrutia se transforman en paladines de la democracia para defender su derecho a expresar discursos que, en esencia, son profundamente antidemocráticos, además de atentatorios contra una sensibilidad importante y aún no resuelta respecto de los casos de violaciones a los Derechos Humanos en Chile.
Para Kast, es completamente válido relevar el papel de la dictadura cívico-militar en la construcción del actual modelo social, económico y político del país. Es más, los “excesos” cometidos por agentes del Estado -eufemismo para no hablar de torturas y desaparición de personas- correrían por un carril separado a la infinidad de aspectos, según él, positivos, legados por la dictadura. Para los sectores que se sienten representados por Kast , una “sana economía, instituciones fuertes, el restablecimiento del orden y la paz social, y la entrega de un país en las puertas del desarrollo” serían beneficios suficientes para relativizar las violaciones sistemáticas a los DDHH. Claro, este discurso que tiende a suavizar dichos crímenes y relevar los aspectos “positivos” hace eco y disputa eficazmente un trozo del sentido común en el debate público, encontrando apoyos en un sector que propende a creer que la cancelación del orden democrático, el estado de excepción constitucional y la persecución política son asuntos que, sumando y restando, no son tan importantes a la hora de evaluar el verdadero legado de la dictadura cívico-militar, e incluso, a relativizar su carácter de dictadura para denominarlo simplemente como “gobierno militar”, como si la única distinción del período 1973-1990 fuera quién ocupó los cargos de gobierno.
[cita tipo=»destaque»]Sin embargo, el matizar o suavizar dichos atentados, y sobre todo el atacar y mofarse en la Cámara -símbolo de la democracia liberal- de las políticas de reparación, solo contribuye a poner en duda valores y discursos que deberían ser intransables. Ningún chileno debería sentir orgullo por la desaparición, violación, tortura, prisión o exilio organizados y ejecutados sistemáticamente por el estado de Chile, y menos celebrar la suspensión de una pensión reparatoria, que incluso siendo indigna, significa un pequeño y frío gesto de perdón y arrepentimiento institucionalizado. Matizar la brutalidad y acusar a la víctima de victimario mediante apelativos como “terrorista” es el germen para que se instale un desprecio al sufrimiento de personas con nombres y apellidos, y peor aún, para legitimar conductas y acciones que deberían ser condenadas sin distinción para evitar que en algún momento vuelvan a ocurrir.[/cita]
Sin embargo, el matizar o suavizar dichos atentados, y sobre todo el atacar y mofarse en la Cámara -símbolo de la democracia liberal- de las políticas de reparación, solo contribuye a poner en duda valores y discursos que deberían ser intransables. Ningún chileno debería sentir orgullo por la desaparición, violación, tortura, prisión o exilio organizados y ejecutados sistemáticamente por el estado de Chile, y menos celebrar la suspensión de una pensión reparatoria, que incluso siendo indigna, significa un pequeño y frío gesto de perdón y arrepentimiento institucionalizado. Matizar la brutalidad y acusar a la víctima de victimario mediante apelativos como “terrorista” es el germen para que se instale un desprecio al sufrimiento de personas con nombres y apellidos, y peor aún, para legitimar conductas y acciones que deberían ser condenadas sin distinción para evitar que en algún momento vuelvan a ocurrir.
Actitudes como las de Kast y las de Urrutia, en el fondo y en la forma, intentan apropiarse de los valores del pluralismo y la libertad de expresión para legitimar discursos que buscan justamente clausurar el pluralismo, y legitimar una dictadura que en el nombre de un torcido concepto de la patria, torturó, violó, exilió y asesinó a miles de chilenos sin distinción de sexo ni de clase; y que por cierto, clausuró sin miramientos todos los derechos bajo los cuales se amparan los nuevos y contradictorios paladines de la democracia.
Para un país y un parlamento que declara y defiende los principios de la democracia liberal como un valor absoluto y que no duda en condenar cualquier proceso -por más democrático que sea- que no cumpla con dichos valores es inaceptable la tolerancia de estos discursos que, a la larga, no hacen más que socavar los mismos valores que dicen defender y bajo los cuales se pretenden amparar.
