Opinión
En los últimos días nos hemos visto bombardeados en los medios de comunicación y redes sociales sobre hechos lamentables de violencia sexual. Esta información provenía desde Chile, sector de Los Andes o inmediaciones del estadio Nacional, como del extranjero, en caso de “La Manada” en España. Se hace, entonces, pertinente hacer una reflexión sobre el conocimiento que tiene la comunidad sobre este tema, cuales son las acciones que está tomando el Estado en el enfrentamiento con las víctimas y hacia donde debemos avanzar.
La sociedad en su conjunto debe saber que la investigación penal en casos de delitos sexuales presenta complejidades especiales determinadas por la naturaleza propia del fenómeno de la violencia sexual, como la dificultad probatoria. Esto se debe principalmente al tipo de víctimas, quienes en su mayoría son las personas más vulnerables de nuestra sociedad: niños, mujeres o personas viviendo con capacidades diferente ya sea física o mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que la prevalencia de relaciones sexuales forzadas y violencia sexual que involucre otras formas en menores de 18 años, es de 73 millones (o 7%) de niños y 150 millones (o 14%) de niñas. Además, son las mujeres, los niños y las personas mayores quienes con mayor frecuencia también sufren abusos físicos, sexuales y psicológicos no mortales. Una situación similar se observó en Chile, donde un estudio realizado por UNICEF el año 2012 demostró que el primer ataque sexual ocurre, en promedio, a los 10.5 años de edad, y el 50.1% de ellos ocurre entre los 10 y 13 años de edad. Otros factores que se suman al impedimento para evidenciarlos son la ausencia de testigos u otra evidencia física, el contexto intrafamiliar en que muchas veces se presentan y el encubrimiento del delito por parte de los parientes, entre otros.
Debido a lo anterior, las víctimas pasan a tener un papel clave para el sistema de justicia en la mayoría de los procesos, quedando confrontadas la necesidad de llevar a cabo una completa y correcta investigación por una parte y la protección e integridad de las víctimas, por otra. Entonces, a la experiencia primaria de victimización se pueden sumar las consecuencias de reacciones inadecuadas de los operadores del sistema. Esto es llamado victimización secundaria y ha sido reconocida como uno de los efectos más nocivos de la victimización por las Naciones Unidas (1999).
En este marco, durante los último cuatros años se trabajó intensamente de forma intersectorial desde el gobierno central, Ministerio Público y UNICEF. El principal objetivo fue disminuir la victimización secundaria que afecta a niños, niñas y adolescentes en estos casos, evitando las vulneraciones de los derechos de los niños provenientes de prácticas institucionales, específicamente durante los peritajes sexológicos forenses que se llevaban a cabo en los distintos servicios de salud y sedes del Servicio Medico Legal. Como fruto de este esfuerzo, se avanzó en tres principales áreas: actualización de las directrices nacionales para este tipo de atención, la capacitación de los profesionales que prestarán esta atención y la implementación de los lugares donde se examinan las víctimas de violencia sexual.
[cita tipo=»destaque»]Un modelo exitoso y demostrado en países desarrollados como Estados Unidos o Reino Unido, es la convergencia del trabajo profesional en un Centro de Referencia de Agresión Sexual por región o área geográfica, adosado a los principales hospitales. Éstos brindan una atención mucho más integral y organizada a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Tienen comunicación directa con la policías a cargo, la Fiscalía encargada de investigar y organismos de protección social. Además, proporcionan un espacio privado para entrevistas y exámenes a nivel médico, psicológico, con todo el personal especializado y capacitado en intervención en crisis, esto se entiende desde que la persona pasa por el umbral de este lugar. De hecho un profesional capacitado en intervención en crisis, además del médico forense, es el primero que conversa cuando llega una víctima de un caso de violación reciente (últimas 72 horas). Estos centros tienen reuniones periódicas con toda la red que protege a las victimas y realizan el seguimiento de los casos enfocándose en los aspectos de salud física y mental, así como también en perspectiva de protección social. Por otra parte, contar con un espacio con este nivel de especialización significaría un apoyo fundamental hacia las UCFH ubicadas en regiones mas alejadas del país que tienen menos experiencia en estos casos. Les permitiría presentar casos y resolver dudas a través de videoconferencias mediante revisión de pares.[/cita]
A modo de información, en primer lugar se actualizó la Norma General Técnica para la Atención de Víctimas de Violencia Sexual, publicada en septiembre de 2016, cuyo objetivo principal fue estandarizar la atención medico forense a nivel nacional. Al mismo tiempo, se capacitaron médicos en todo Chile. Actualmente, hay mas de 70 médicos certificados como expertos en examen medico forense, quienes consignados en el Registro Nacional de Expertos en Sexología Forense. En tercer lugar, se implementaron Unidades Clínico Forenses Hospitalarias (UCFH) con estándares internacionales para realizar una atención integral de las víctimas y sus familiares. Esto permitiría un manejo correcto y oportuno en la evaluación medica, la que incluye obtención y almacenamiento de muestras biológicas y no biológicas que servirán como futura evidencia. Hasta la fecha, estas unidades se han implementado en 14 Servicios de Salud. Esto sumado al tremendo avance que significa la ley Nº 21.057 que regula entrevistas grabadas en vídeo y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, es que no podemos negar la evolución que ha tenido el Estado para manejar estos delitos.
Aunque se lograron hitos trascendentales, estos horribles crímenes nos han demostrado que aún nos falta mucho por avanzar. Se percibe en los discursos y declaraciones esa sensación de haber fallado como sociedad. Entonces, ahora es cuando debemos continuar de manera sólida y consistente el trabajo que se comenzó, enfocando las políticas públicas hacia ese norte.
Un modelo exitoso y demostrado en países desarrollados como Estados Unidos o Reino Unido, es la convergencia del trabajo profesional en un Centro de Referencia de Agresión Sexual por región o área geográfica, adosado a los principales hospitales. Éstos brindan una atención mucho más integral y organizada a víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Tienen comunicación directa con la policías a cargo, la Fiscalía encargada de investigar y organismos de protección social. Además, proporcionan un espacio privado para entrevistas y exámenes a nivel médico, psicológico, con todo el personal especializado y capacitado en intervención en crisis, esto se entiende desde que la persona pasa por el umbral de este lugar. De hecho un profesional capacitado en intervención en crisis, además del médico forense, es el primero que conversa cuando llega una víctima de un caso de violación reciente (últimas 72 horas). Estos centros tienen reuniones periódicas con toda la red que protege a las victimas y realizan el seguimiento de los casos enfocándose en los aspectos de salud física y mental, así como también en perspectiva de protección social. Por otra parte, contar con un espacio con este nivel de especialización significaría un apoyo fundamental hacia las UCFH ubicadas en regiones mas alejadas del país que tienen menos experiencia en estos casos. Les permitiría presentar casos y resolver dudas a través de videoconferencias mediante revisión de pares.
Debe quedar siempre claro que no sacamos nada con capacitar e inyectar recursos si no se educa a la sociedad en su conjunto sobre la naturaleza de estos crímenes. Debemos avanzar en hacer el sistema más eficaz y efectivo como no evaluar con sentido de urgencia a pacientes que relatan hechos que no son reciente. Por otra parte, el Sistema Judicial también debe instruirse sobre estos crímenes, derribando mitos y abandonando esa visión “old fashion” sobre estos hechos. En esta vía la Fundación Amparo y Justicia ha realizado en los últimos años un diplomado para jueces sobre esta materia. Por ultimo, el hecho de que aun estos delitos proscriban en nuestro código penal es una contradicción absoluta con la esencia misma de la violencia sexual. Se hace mas que nunca urgente aprobar la ley de imprescriptibilidad de los delitos de agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Finalmente, debemos alcanzar en un apropiado y disciplinado estándar de atención y seguimiento para las personas victimas de violencia sexual en Chile. Así como también, tenemos la obligación de ser capaces de garantizar y alentar el acceso universal de las víctimas (sistema público y privado de atención en salud), logrando que la justicia sea accesible para los mas vulnerables de todo el espectro socioeconómico. Esto sumado al esfuerzos de otros actores como policías, Fiscalía y Tribunales, es cuando recién podremos visualizar la tan renombrada y anhelada “disminución” de estos delitos.
