Señor Director:
No tengo autoridad técnica para opinar sobre los daños o beneficios de la marihuana.
Pero sí sé que los mayores problemas de salud mental, al menos en Chile, no los constituye su consumo, sino el de alcohol y el del tabaco, sustancias respecto de los cuales nadie, al menos que yo sepa, se ha manifestado porque se incluyan entre las prohibidas por la ley 20.000.
Lo segundo, que también sé, es que, en nuestro país, no obstante una escalada de represión en esta materia (6 cuerpos legales en menos de 50 años, y cada uno más severo que el anterior) los resultados son, por decirlo suavemente, insatisfactorios, el consumo no ha disminuido, por el contrario, ha aumentado, los costos económicos del prohibicionismo se han disparado, (policías, tribunales, cárceles, por nombrar los más obvios) y los costos sociales son prácticamente infinitos. Bastaría pensar en los miles de niños que se han quedado sin sus madres, porque éstas están presas, o recordar que los muertos son el resultado de la prohibición, enfrentamientos entre narcotraficantes, ajustes de cuentas, enfrentamientos con la policía, y no deque producto del consumo de marihuana.
Por último, a todo lo anterior habría que agregar que el modelo prohibicionista se ha constituido en un verdadero “derecho penal del enemigo”, en donde no sólo se han olvidado las medidas de naturaleza no penal, preventivas del consumo, terapéuticas, o simplemente de disminución del daño, sino que el modelo que se mantiene, viola los principios más elementales del derecho penal, estableciendo leyes penales en blanco, tipificaciones abiertas, sancionando como delitos conductas meramente preparatorias, estableciendo penas absolutamente desproporcionadas, que sancionan como consumados los delitos tentados y frustrados, como autoría conductas de participación, en definitiva, violando las disposiciones constitucionales y de derechos humanos que decimos respetar.
Y todo ello, vale la pena repetirlo, sin exhibir ningún éxito que lo respalde.
El prohibicionismo, como política criminal que es, no es un problema médico, ninguna política criminal lo es, más allá que los efectos de una sustancia puedan servir de insumo para las decisiones. Es en primer lugar un problema “político”, que tiene que ver con la visión que tengamos del ser humano, de su libertad, de la sociedad, del sentido de la ley penal, y es en eso en lo que tenemos que centrar la discusión.
Fernando García Díaz
Ab., Mg. D.P., Prof. D.P
