Opinión
La semana recién pasada, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un informe sobre el mercado de las notarías en Chile. El estudio preliminar concluye que la regulación redunda en un mercado con muy poca competencia, y con ello, rentas monopólicas e ineficiencias productivas. Indica, además, que un notario promedio tiene una renta de 14 millones de pesos mensuales (lo cual de inmediato lo pone entre el 1% más rico de la sociedad chilena), y de 24 millones mensuales si su notaría está en Santiago Centro.
La FNE formula, en base a sus conclusiones, recomendaciones de reformas al sistema notarial. Estos posibles cambios son bastante más estructurales que la reforma que, según ha trascendido, intentaría el actual gobierno. Algunas de las propuestas de la FNE son de sentido común, como la urgente implementación de nuevas tecnologías que agilicen la labor. Pero otras cambian orgánicamente el diseño notarial, en el sentido de liberalizar e “inyectar competencia” al sistema. Se trata de medidas que “derriben las barreras de entrada al mercado”, como que no se fije el número de notarías sino que todo quien sea apto para ser notario pueda inaugurar su propia notaría. Este segundo tipo de propuestas apuntan, a mi juicio, en una dirección que no resuelve el problema de fondo sino que barre bajo la alfombra el conflicto fundamental de la notaría chilena: la contradicción entre la esencia pública de la labor notarial y su ejercicio privado.
La notaría chilena se ha mantenido casi intacta desde la legislación colonial española. Bajo nuestro sistema, la labor notarial, de resguardo de la fe pública y custodia de la certeza jurídica, es confiada a abogados privados y no a un servicio público. Estos notarios son nombrados mediante un mecanismo con pocas garantías de guiarse por el mérito y la aptitud. Ejercen hasta los 75 años (y quienes fueron nombrados antes del año 95, vitaliciamente). Cada notaría marcha prácticamente como un despacho privado (por eso las notarías llevan el nombre del notario que las sirve). Pero entre ellas como servicios no hay verdadera competencia (son monopolios u oligopolios) y entonces los beneficios que el legislador podría buscar en una notaría diseñada así (incentivos a la inversión, mejor calidad, precios más bajos, etc.) no concurren. Tenemos por tanto, centenares de repertorios notariales desintegrados, servicios lentos y de mala calidad y se cobran precios ilegalmente altos (el decreto que fija los máximos es de 1998 y contiene montos nominales que no se han reajustado desde entonces, ¿alguien podría creer que eso es lo que se cobra?).
[cita tipo=»destaque»]La notaría chilena se ha mantenido casi intacta desde la legislación colonial española. Bajo nuestro sistema, la labor notarial, de resguardo de la fe pública y custodia de la certeza jurídica, es confiada a abogados privados y no a un servicio público. Estos notarios son nombrados mediante un mecanismo con pocas garantías de guiarse por el mérito y la aptitud. Ejercen hasta los 75 años (y quienes fueron nombrados antes del año 95, vitaliciamente). Cada notaría marcha prácticamente como un despacho privado (por eso las notarías llevan el nombre del notario que las sirve). Pero entre ellas como servicios no hay verdadera competencia (son monopolios u oligopolios) y entonces los beneficios que el legislador podría buscar en una notaría diseñada así (incentivos a la inversión, mejor calidad, precios más bajos, etc.) no concurren. Tenemos por tanto, centenares de repertorios notariales desintegrados, servicios lentos y de mala calidad y se cobran precios ilegalmente altos (el decreto que fija los máximos es de 1998 y contiene montos nominales que no se han reajustado desde entonces, ¿alguien podría creer que eso es lo que se cobra?).[/cita]
Pese a las presiones ilegítimas de quienes por décadas y décadas se han aferrado al privilegio notarial, hay una discusión merece ser dada en voz alta y debatirse democráticamente, no por un deleite político sino para encontrar la mejor forma de entregar un buen servicio a los ciudadanos.
¿Cuánto mejora la fe pública si inyectamos competencia al sistema? Soluciones de mercado como las propuestas por la FNE ya han sido probadas en otros países, sin éxito y en perjuicio de la certeza jurídica y la confianza en el Derecho, desnaturalizando por completo la labor notarial y haciendo de ella un ejercicio de autentificación documental por agentes certificados.
Ahora bien, la buena noticia es que no estamos ante dos únicas alternativas, entre un estanco anacrónico y un mercado “libre”. Todavía podemos y debemos preguntarnos, ¿por qué fue que le entregamos la labor notarial a privados, y qué razones hay hoy para mantener esa concesión? Es posible pensar también en lo lógico, esto es, que esta labor pública sea ejercida por un servicio público. Desde luego, con eficiencia, con tecnología y con calidad. ¿Alguien podría defender, por ejemplo, que el Registro Civil no fuese un servicio público? No tiene sentido que certificados de nacimiento o defunción estén en manos privadas. ¿Tiene sentido que los certificados de supervivencia y los testamentos sí?
