Opinión
El presidente Piñera, en su reciente Cuenta Pública, se refirió a distintas medidas sobre Salud en Chile. Sin embargo, ninguna de ellas modifican el trasfondo del problema: un sistema de aseguramiento privado de la salud poco solidario, segmentado e ineficiente, que presenta problemas de competencia, donde mujeres en edad fértil y adultos mayores son discriminados, recargando a Fonasa. Problemática que como Espacio Público hemos venido estudiando y denunciando desde 2014, y que da cuenta de la poca voluntad de toda la clase política por regular de una buena vez al sistema de salud.
Durante décadas el subsistema privado ha operado bajo una lógica extremadamente individualista de aseguramiento, de modo que solo comparten el riesgo aquellos individuos de la misma edad y género dentro de cada plan. Así, por ejemplo, parece normal entre los usuarios de Isapres que una mujer en edad fértil pague más del doble que un hombre de su misma edad ante el “riesgo” de que se embarace, a pesar de que por cada mujer embarazada hay un padre igualmente responsable. O, que un hombre octogenario pague más del quíntuple por su aseguramiento que un hombre de treinta años, a pesar de que a todo joven le espera inevitablemente enfrentar la vejez.
En el actual sistema, las Isapres pueden rechazar a los grupos más riesgosos (ancianos, mujeres y enfermos) o subir el precio de los planes para inducirlos a migrar a Fonasa, que actúa como asegurador de última instancia. Al deshacerse de estos usuarios, las Isapres aumentan sus rentas, al tiempo que contradicen el principio básico de todo seguro: que los cotizantes compartan el riesgo de sufrir el evento contra el cual se aseguran.
[cita tipo=»destaque»]El malestar contra las Isapres también se origina en la percepción de que las aseguradoras obtienen elevadas utilidades, mientras que la verdadera libertad de elección y la eficiencia prometida por el mercado de seguros privados no se ve materializada. Desde 2010 a 2017, los recursos de protección interpuestos ante tribunales para frenar las alzas de precios de los planes base y reajuste de la tarifa de Garantías Explícitas en Salud (GES) sumaron 822.863. En tanto, el stock de quejas presentadas ante la justicia por cotizantes producto al incrementos de precios base de los planes, asciende a 646.320. Reclamos que se suman a los realizados el año pasado ante la Superintendencia de salud, donde más de 10 mil personas hicieron el trámite para evitar que sus isapres les cobrasen más dinero.[/cita]
Durante décadas, las mujeres en edad fértil y los adultos mayores han cargado solos con los mayores costos de salud inherentes a su condición, y bajo esta premisa, sería aceptable la propuesta que emana del Ejecutivo. Sin embargo, la lógica de Robin Hood que plantea Piñera, de quitarle a unos para darles a otros, no frena la dinámica de grandes utilidades que obtienen las Isapres y que también es uno de los grandes problemas del sistema de salud.
El malestar contra las Isapres también se origina en la percepción de que las aseguradoras obtienen elevadas utilidades, mientras que la verdadera libertad de elección y la eficiencia prometida por el mercado de seguros privados no se ve materializada. Desde 2010 a 2017, los recursos de protección interpuestos ante tribunales para frenar las alzas de precios de los planes base y reajuste de la tarifa de Garantías Explícitas en Salud (GES) sumaron 822.863. En tanto, el stock de quejas presentadas ante la justicia por cotizantes producto al incrementos de precios base de los planes, asciende a 646.320. Reclamos que se suman a los realizados el año pasado ante la Superintendencia de Salud, donde más de 10 mil personas hicieron el trámite para evitar que sus isapres les cobrasen más dinero.
De ahí, que Espacio Público propone que el sistema de salud se base en un pilar solidario ampliable, lo que se traduce en un Plan Garantizado Mínimo de Salud (PGMS) que cubra a toda la población. Para su financiamiento se sugiere crear un Fondo de Compensación de Riesgos que recolecte los ingresos de los afiliados y los distribuya a las distintas Isapres y Fonasa, de acuerdo con el riesgo de la cartera de cada aseguradora. Esta reforma permite, simultáneamente, hacer al sistema más solidario al eliminar la actual discriminación contra los individuos de mayor riesgo y promover la competencia mediante la estandarización de los planes comercializados y la posibilidad real de todos los afiliados de cambiarse de Isapre.
Sin embargo, esta propuesta es insuficiente si no se complementa con la regulación de las prestaciones, la integración vertical entre Isapres y prestadores. Y, por, sobre todo, de una provisión pública de salud de excelencia, a través de una modificación de su orgánica institucional.
Esperamos que, al alero de las movilizaciones actuales, nuestros políticos y políticas pongan celeridad y respondan ante un tema tan importante como es la salud de todas y todos los chilenos.
