Opinión
La muerte del cabo Oscar Galindo, quien, cumpliendo con su labor de servicio, fuera abatido a manos de un grupo de delincuentes, terminó estremeciendo la contingencia nacional, al igual que la tortura sufrida por dos ecuatorianos al interior del penal Santiago I.
En la crudeza de los actos, han sido muchos, los que, buscando soluciones a la impunidad, con la que terminan algunos de estos casos, han decidido poner el foco en el sistema punitivo, situando el énfasis en la aplicación de las penas y en la revisión de la Ley de Responsabilidad Penal.
De este modo, existe un amplio consenso social por combatir vigorosamente la delincuencia, generando una batería de medidas, tales como; una red de policías moderna y robusta, leyes certeras y procesos judiciales eficientes con aplicación efectiva de las penas. Pues, en ningún caso, dentro del Estado de Derecho, un crimen puede quedar sin investigación e impune.
[cita tipo=»destaque»]Tomarse en serio la batalla contra la delincuencia nos desafía a tener que responder preguntas incómodas y mirar más allá del sensacionalismo del momento, nos demanda a tener una mirada solidaria de la sociedad, un compromiso con el desarrollo humano integral o, en simple; una sociedad de oportunidades con planes de inversión pública equitativos, planificación territorial, promoción comunitaria y aseguramiento de derechos básicos para sustentar una vida justa. Pues, si seguimos castigando la pobreza, el resquebrajamiento del tejido social nos seguirá heredando “soldados del narco”.[/cita]
Sin embargo, para conseguir el cometido anterior, al menos es necesario tener presente algunas consideraciones.
En primera instancia, sorprende que el foco de distintas autoridades este en generar una agenda reactiva frente al delito, optando mayoritariamente por una mirada represiva, que no combate efectivamente el origen de la delincuencia, sino que apela a lo que, según John Pratt y Michelle Miao, denominarían “Populismo Penal”, es decir, ante un lamentable crimen que genera convulsión mediática se propone, simplemente, aumentar las penas y se invoca a la conocida frase de la “mano dura”.
Lo anterior, como única alternativa, pareciera ser un camino equivocado para enfrentar la delincuencia al interior de los barrios, pues éste no consideraría el rol de la sociedad en la ecuación; es decir, la deuda que tenemos con los más vulnerables.
En ese sentido, si consideramos que un porcentaje mayoritario de la población penal adulta, pasó por un centro de menores (SENAME), resulta irrisorio que hoy queramos cargar la pena a los años de postergación, precariedades y falta de oportunidades, todo esto, a luz de la situación en que se viven en dichos centros.
Del mismo modo, resulta poco coherente, promover, por un lado, una agenda de “los niños primeros” y, por el otro, querer bajar la edad de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en circunstancia que, en opinión de los expertos, no existe ni investigación especializada, ni experiencia comparada, que concluya que aumentar las penas y/o disminuir la edad tenga efectos disuasivos o de reinserción.
En ese sentido, conviene escuchar las desgarradoras declaraciones de la Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien desde la administración comunal nos relata la correlación existente entre delincuencia, faltas de oportunidades, ausencia de inversión pública y pérdida del tejido social; situación que se vive en innumerables barrios de nuestro país.
Bajo esa mirada, no puede sorprendernos que los contextos sociales como los anteriormente descritos, terminen desencadenando casos tan lamentables como la muerte del Cabo Oscar Galindo. Pues, han sido pocos los que han preferido tener un debate profundo y crítico, respecto de las variadas causas y factores que gatillan la situación delictual en nuestro país.
Así, valdría la pena preguntarse, ¿Cuánto nos hemos tomado en serio el debate sobre la segregación territorial, la baja inversión pública en lugares vulnerables y la falta de oportunidades, entre otros, como elementos de riesgo que favorecen el camino delictual?, o bien, ¿Existirá algún grado de relación entre la desintegración del tejido social –y por consecuencia la ausencia de comunidades- en los sectores más vulnerables de nuestro país y la posibilidad de delinquir o reincidir?
Tomarse en serio la batalla contra la delincuencia nos desafía a tener que responder preguntas incómodas y mirar más allá del sensacionalismo del momento, nos demanda a tener una mirada solidaria de la sociedad, un compromiso con el desarrollo humano integral o, en simple; una sociedad de oportunidades con planes de inversión pública equitativos, planificación territorial, promoción comunitaria y aseguramiento de derechos básicos para sustentar una vida justa. Pues, si seguimos castigando la pobreza, el resquebrajamiento del tejido social nos seguirá heredando “soldados del narco”.
