La solución: ¿Apresarlos a todos?

Nuestro Presidente, después de jugar en la nieve, tomar desayuno en La Vega y hacer su metida de pata diaria, con la misma alegría, proclama que terminará con la delincuencia en Chile. Todo se puede hacer trabajando y levantándose temprano. ¡Hay que agarrarlos y encerrarlos a todos!

Para explicar el objetivo de la tarea, debemos recordar que una pena de prisión constituye una medida jurídica cuya finalidad es conseguir uno o varios de los siguientes objetivos:

La retribución o el principio de «dar a cada cual su merecido».
La prevención especial, general, o la intimidación.
La protección de la población, la defensa social o la inhabilitación.
La corrección, la reforma, o la readaptación.

Pero, su objetivo esencial, reconocido y aceptado por la comunidad de las naciones, es la reintegración de los delincuentes a la sociedad, de forma que se les induzca a ganarse la vida y a obedecer la ley, como se estipula en las reglas mínimas uniformes para el tratamiento de los reclusos. De otra manera, el encierro solo sería un alto en sus vidas y a los ex convictos habría que sumar los nuevos delincuentes. En otras palabras, con cárceles o sin cárceles, los delincuentes aumentarían ad infinitum.

Por lo tanto, la reinserción social es fundamental, aunque la experiencia en Chile haya sido demostrar que esta es prácticamente imposible. Solo se ha logrado en algunos de los presos que han entregado sus vidas a Dios. A lo menos hasta hace poco. Antes de que nos enteráramos del exagerado amor de los religiosos por los jóvenes.

La reinserción es difícil por el tratamiento que reciben en las cárceles. Cualquiera que visite alguna podrá comprobar la utopía de pensar en la regeneración de los que allí viven en condiciones insalubres y subhumanas, donde no hay lugar ni recursos para la rehabilitación, y donde no existen condiciones mínimas para la sobrevivencia.

Si la reclusión «protege a la población» de los delincuentes, esta es solo temporal y el peligro para la sociedad aumenta cuando los reclusos son liberados, ya que un portonazo no se puede castigar, según la legislación vigente, con cadena perpetua. Aumenta, porque no tienen formas de reinsertarse social, ni laboralmente y porque el infierno de la experiencia de reclusión solo les enseñó nuevas formas para sobrevivir delinquiendo.

En las cárceles no reciben educación. Los programas de educación son optativos y están orientados fundamentalmente al área humanista sin que se consideren las características de estos alumnos. Sicólogos que trabajan en establecimientos penales han informado que no se imparte en estos, educación diferencial, pese a que más del 30% de los reclusos tiene alguna forma de retraso o deficiencia mental. Los problemas mentales en nuestros delincuentes aumentan día a día por el consumo de alcohol y drogas.

La docencia se realiza al interior del establecimiento penal y no es compatibilizada con los horarios y el régimen interno vigentes en la unidad penal respectiva. Hasta 1992, solo un 23% de los reclusos desarrollaba algún tipo de actividad laboral en sus centros de reclusión y el 62,5% carecía de enseñanza básica completa. Nada indica que esos porcentajes se hayan modificado sustancialmente en los últimos años.
La sociedad rechaza a los egresados de los establecimientos penales, aún cuando ya hayan cumplido su compromiso con la sociedad y el propio Estado no les da facilidades para trabajar.

Por tener antecedentes penales los egresados de estos establecimientos no pueden optar a un cargo público, ya que para ingresar a la administración del Estado, entre otros requisitos, es necesario: «No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargo públicos, ni haber sido condenado o procesado por crimen o simple delito». Tampoco las Municipalidades les dan patentes para que sean feriantes libres, las Capitanías de Puerto no les autorizan a ser buzos o pescadores artesanales y así sucesivamente. Solo pueden eliminar sus malos antecedentes acogiéndose al decreto 409 que consiste en que el ex recluso debe estar firmando todos los meses durante dos años en el Patronato de Reos. La otra alternativa es el trabajo ilegal.

Roberto Fantuzzi, Presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, ASEXMA, ha agitado en diversas instancias, la necesidad de ayudar a la reinserción laboral de los ex presidiarios. Su preocupación va más allá de lo estrictamente social, manifestando que los empresarios son los más afectados, porque la violencia deteriora las empresas y baja el valor de las propiedades, lo que aumenta los costos y debilita la competencia de sus productos en el mercado mundial. Analiza el caso del Perú, que independientemente de la calidad de sus productos, no puede competir por precios en los mercados internacionales ya que sus costos aumentan un 30% solo por concepto de seguridad.

Exponía en una Junta de Asexma: «La amenaza mayor a la inversión productiva es la violencia que una vez desatada se hace incontrolable y esto no es solo un problema del Estado sino de cada uno de nosotros». Agregando que la violencia no se supera con leyes más restrictivas y una mayor dotación de carabineros, sino con trabajo y capacitación. En este contexto llamó a los empresarios de ASEXMA a que cada empresa contratara a lo menos a un ex presidiario contribuyendo así a la defensa de sus inversiones.

Por otra parte, la actual tendencia en Chile es que la delincuencia aumente. En primer lugar, porque las necesidades de crecimiento de una economía en expansión como la chilena obligan a la empresa a una dura competencia, por lo que bombardean a la población, y especialmente a los jóvenes, con la publicidad por el consumo y el crédito. Jóvenes hermosas y radiantes les repiten desde la televisión cada quince minutos, las veinticuatro horas del día, que lograrán la felicidad, el amor y el éxito solo si consumen y si cuentan con el dinero para hacerlo. Así, el sobreendeudamiento es creciente a todos los niveles y la búsqueda del dinero fácil y el trabajo ilegal es la consecuencia lógica de lograr el consumo con salarios miserables.

Al mismo tiempo la economía actual en el mundo está eliminando fuentes de trabajo. La industria nacional debe competir con la empresa extranjera y multinacional a todos los niveles y, por lo tanto, usar inteligencia artificial y tecnologías cada vez más complejas. Esto la obliga a exigir una calificación en la fuerza de trabajo apta para procesos productivos intensivos en capital.

Por lo tanto, los requerimientos de educación y capacitación serán cada vez mayores mientras la educación es cada vez más elitista. Los diversos mecanismos de capacitación laboral, impulsados por el Gobierno y organismos no gubernamentales no son suficientes para abarcar a la totalidad de la juventud que no puede acceder a la educación formal, de tal manera que un número creciente de jóvenes, especialmente de los sectores de más bajos ingresos quedará marginado de la educación en términos cualitativos y cuantitativos y, por tanto, del mercado de trabajo.

Si los jóvenes de localidades pobres, sin educación ni capacitación carecen de expectativas de inserción laboral y social es posible imaginarse lo que sucede en el caso de jóvenes que han tenido algún problema con la justicia. La reincidencia delictual es de un 60% entre los egresados de condenas cumplidas intramuros.

El sistema neoliberal que considera que el Estado reprime la iniciativa y el emprendimiento, tendrá que idear nuevas formas para que un mayor número de jóvenes consiga la educación apta para la actual estructura productiva de nuestro país. También tendrá que impulsar formas de trabajo solidario, quizás en el uso del tiempo libre, para que los jóvenes puedan desarrollar iniciativas innovadoras que vayan más allá del campo de la delincuencia.

Que nuestro Presidente, tan imaginativo, nos muestre cómo bailar en la nieve con nuevas ideas para obtener ingresos, esas que lo llevaron a ser parte de los multimillonarios más ricos del mundo en los Records de Forbes.