Opinión
Dado que la independencia judicial es un tema que debiera preocuparnos en estos días, quisiera hacerme cargo de los comentarios que Álvaro Flores, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, hizo en este medio a una columna que escribí sobre esa importante materia. Me preocupa que en esos comentarios se atribuyan ideas que están muy lejos de lo que sostengo en la mencionada columna y de lo que siempre he pensado. La primera es que desconocería –o al menos minimizaría- los atentados que padecen cotidianamente los jueces a su independencia interna.
Para nada es así, de hecho lo que digo es que en nuestro país contamos con un poder judicial en extremo jerarquizado, que concentra en su cúpula un exceso de atribuciones, lo que lleva a que “si un juez desea hacer carrera dentro del Poder Judicial sabe que lo más conveniente es seguir los criterios de sus superiores, lo que obviamente implica una lesión su independencia”.
Por lo mismo, tampoco he sostenido que sólo haya que preocuparse por las agresiones externas a la independencia judicial. Tanto las lesiones internas como las externas son graves y merecen nuestro repudio. De allí que tampoco sea correcto achacarme una defensa del statu quo institucional, es decir que postule mantener la actual organización que, como ya he dicho, me merece muchas críticas.
[cita tipo=»destaque»]Lo cierto es que el punto de mi columna era uno diferente. Básicamente consistía en alertar sobre el creciente interés que está demostrando la clase política por interferir sobre los jueces y sus decisiones. Daba como ejemplos de esta arremetida las declaraciones del Ministerio de Justicia en el sentido que se debían “netear” políticamente los nombramientos judiciales, o los cuestionamientos públicos de un sector político a la sentencia contra Lula, críticas que bien pueden leerse como un mensaje para los jueces criollos sobre cómo reaccionarían si alguna vez osaran tocar a alguno de los suyos.[/cita]
Lo cierto es que el punto de mi columna era uno diferente. Básicamente consistía en alertar sobre el creciente interés que está demostrando la clase política por interferir sobre los jueces y sus decisiones. Daba como ejemplos de esta arremetida las declaraciones del Ministerio de Justicia en el sentido que se debían “netear” políticamente los nombramientos judiciales, o los cuestionamientos públicos de un sector político a la sentencia contra Lula, críticas que bien pueden leerse como un mensaje para los jueces criollos sobre cómo reaccionarían si alguna vez osaran tocar a alguno de los suyos.
Y naturalmente me refería también a la recientemente presentada acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema por la concesión de libertades condicionales a condenados por crímenes de derechos humanos. Ella es particularmente clara en su objetivo de reivindicar el control político por parte del Parlamento del contenido de las resoluciones judiciales (tema que desarrolla extensamente en su Capítulo III).
Es ese intento desembozado de querer supervisar cómo resuelven los jueces, el que me lleva a recordar que los atentados más severos a la independencia de los jueces tradicionalmente han venido desde el exterior. Porque por muy nocivas que sean las influencias que los jueces superiores pueden ejercer sobre los inferiores en nuestro país, mi contradictor deberá concederme que ninguno de ellos tendría el tupé de hacer lo que la acusación constitucional pretende: echar a jueces por la forma como fallan las causas.
Es precisamente tal constatación la que me lleva a recomendar que las modificaciones institucionales que se lleguen a hacer al sistema de justicia no sacrifiquen en ningún caso independencia externa con tal de obtener mayores grados de independencia interna. Básicamente porque ello sería “pan para ahora y hambre para mañana”, tal como demuestra la lamentable experiencia no sólo de “un puñado de experiencias fallidas”, sino la de todos aquellos países que abrieron las puertas de los tribunales a la política a través de los llamados Consejo de la Justicia, no sólo en América Latina, sino también en Europa.
En ningún caso sostener lo anterior implica defender el inmovilismo. Hay alternativas posibles, algunas de las cuales incluso han estado sobre la mesa, como la que planteó la propia Corte Suprema el año 2014 cuando señaló que estaba dispuesta a desprenderse de sus facultades de gobierno para concentrarse exclusivamente en las jurisdiccionales, proponiendo entregar las primeras a una entidad integrada por todos los estamentos del Poder Judicial. Sin embargo esa oferta cayó en la vacío en el mundo político y tampoco fue tomada por la Asociación Nacional de Magistrados, bajo el errado cálculo de que en la futura nueva Constitución podía introducirse un Consejo de la Justicia. Ya sabemos en qué quedó todo eso y porqué seguimos estando como estamos, con los problemas de independencia interna de siempre y ahora con redoblados intentos de influir sobre los jueces desde el exterior.
