Opinión
El éxito de la Revolución Sandinista no sólo se explica por lo acertada de su relación con el pueblo nicaragüense o sus políticas militares impulsadas en diferentes frentes guerrilleros y en los centros urbanos más importantes. Se explica también porque logra acuerdos políticos con sectores que representan otras ideas o intereses, como sacerdotes que entendían el rol de la iglesia en el marco de la Teología de la Liberación, o empresarios que, cansados de los abusos de Somoza, deciden aportar con acciones de desestabilización y oposición abierta al dictador. Incluso cuentan con el apoyo del gobierno norteamericano de Jimmy Carter.
El proceso revolucionario nicaragüense se distingue por mantener las reglas del juego de un régimen democrático que nunca en la historia el país había experimentado. Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1984 consolidan el poder sandinista. Es el año que Daniel Ortega, con 67% de los votos, asume por primera vez la Presidencia de la República.
En paralelo y con mayor fuerza después de las elecciones, la oposición aliada -ahora con apoyo del gobierno de EE.UU encabezado por Ronald Reagan y la CIA- entra en una fase de enfrentamiento al gobierno nicaragüense. EE.UU. fortalece el embargo que había sido impulsado años antes. Se organiza la Resistencia Nicaragüense, nombre político que encubre la acción de grupos armados que desde Honduras -con el apoyo total de los EE.UU.- comienzan una guerra irregular, de desgaste militar.
Las negociaciones de paz de 1987 sufren avances y atrasos, dilaciones que sólo van minando el apoyo popular al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La derrota del gobierno sandinista en las elecciones de 1990 se dan principalmente por la crisis económica producto del bloqueo norteramericano y los gastos de guerra, además del Servicio Militar Obligatorio, que provocó que muchas familias enviaran a sus hijos fuera del país. Violeta Chamorro – viuda del asesinado director de La Prensa- es elegida como presidenta, y promete que se alcanzará la paz con ella.
[cita tipo=»destaque»]En Nicaragua se requiere restablecer formas democráticas de convivencia, el pleno e irrestricto respeto de los DD.HH., tal como lo ha consignado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), requisitos esenciales para que la crisis no derive en una conflagración que bajo formas represivas directas o bajo la forma de una guerra civil sólo aumenten las penurias y el descontento del pueblo nicaragüense. La crisis presenta una oportunidad para que Nicaragua vuelva a ser considerado un país que, desde su historia, sea un protagonista destacado de la lucha latinoamericana por una región autónoma, e independiente de toda injerencia extranjera de carácter opresor o dominador. Esto implica también investigar los crímenes cometidos por el Estado desde abril a la fecha y castigar a los responsables.[/cita]
La crisis del sandinismo no se hizo esperar y adoptó, entre otras formas, la muy desacertada decisión de transferir bienes estatales, o en poder de trabajadores o campesinos, a personas privadas, todas ellas relacionadas con la dirección del FSLN. A esta práctica se le denominó “Piñata”, que estuvo pensada para asegurar la sobrevivencia económica del FSLN, beneficiando incluso a personas que vivían en propiedades que habían sido confiscadas durante los años de gobierno sandinista. En palabras de Sergio Ramírez, entonces Vicepresidente de la República, esta práctica se transformó en “un golpe mortal del cual el sandinismo en su totalidad nunca se recuperó”.
La crisis del FSLN alcanzó su máxima expresión en momentos en que, liderado por Daniel Ortega, construye alianzas políticas con organizaciones que históricamente estuvieron vinculadas a la Contra. Una de las más recordadas es la que Ortega establece con Arnoldo Alemán, condenado por corrupción en 2003 y sentenciado a 20 años de cárcel, lo que le permitió a Ortega el control de la Asamblea Nacional y modificar la Constitución.
Como justificación, el gobierno sostuvo que era posible el regreso del sandinismo oficialista al poder, lo que se concreta con el triunfo electoral de Ortega en 2006, siendo reelegido en 2011 y 2016. En ese periodo se consolidó el poder de Ortega en el FSLN y se activaron diferentes acuerdos con la oposición de derecha, destacando las reformas constitucionales iniciadas el 2000, que permiten sucesivamente el control absoluto de la Asamblea Nacional y de la Corte Suprema, la reelección indefinida de la figura presidencial -previa eliminación práctica de la segunda vuelta electoral-, entre otras muestras de poder omnímodo y crecientemente autárquico.
Desde 2010 el proceso de alejamiento de los principios libertarios y emancipadores del sandinismo se va consolidando mediante acuerdos de índole internacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), propios de la receta neoliberal, paradojicamente apoyado por la creciente ayuda económica de Venezuela, la incorporación de inversión extranjera para la explotación de los recursos naturales de Nicaragua, y el acercamiento a la Iglesia Católica conservadora y la Iglesia Evangélica. La reelección de 2016 consolidó el régimen autárquico con la elección de Rosario Murillo, esposa de Ortega, como Vicepresidenta del país.
La elección de Trump y el lento pero seguro deterioro de la precaria estabilidad económica ante el retiro del apoyo venezolano, y los previos incidentes y manifestaciones que habían ocurrido en torno al desastre ecológico de la Reserva Ecológica Indio Maíz, y la construcción del canal interoceánico, conformaron una situación sorpresiva y fulminante, gatillada por la represión indiscriminada ejercida por el gobierno en contra de quienes salieron a las calles a expresar su descontento a una propuesta de reforma previsional regresiva. Hasta la fecha, la represión de parte del Estado ha resultado en cerca de 350 fallecidos, en violencia contra representantes de la Iglesia, en el encarcelamiento de opositores y una verdadera falta de disposición al diálogo.
Ortega implantó una forma de gobernar basada en el principio de la obediencia, que sólo tenía como objetivo resaltar y consolidar su calidad de líder populista/caudillista. Ortega observaba una oposición dividida y debilitada. Además, estaba convencido de que la sociedad civil y las organizaciones de masas, eran leales a sus designios, sin entender que en esas bases sociales se estaban lentamente levantando opciones para democratizar el país a través de distintas agendas.
Ortega no observa que a través de distintos conflictos puntuales y locales se están fraguando formas espontáneas de organización y que sin querer queriendo, se cristaliza una alianza entre el campo y la ciudad, especialmente con las organizaciones de jóvenes universitarios.
Lo que está ocurriendo en Nicaragua es el avance de una nueva forma insurreccional. Pero a la hegemonía populista de Ortega no se levanta aún una contra hegemonía capaz de presentar una alternativa democrática.
En Nicaragua se requiere restablecer formas democráticas de convivencia, el pleno e irrestricto respeto de los DD.HH., tal como lo ha consignado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), requisitos esenciales para que la crisis no derive en una conflagración que bajo formas represivas directas o bajo la forma de una guerra civil sólo aumenten las penurias y el descontento del pueblo nicaragüense. La crisis presenta una oportunidad para que Nicaragua vuelva a ser considerado un país que, desde su historia, sea un protagonista destacado de la lucha latinoamericana por una región autónoma, e independiente de toda injerencia extranjera de carácter opresor o dominador. Esto implica también investigar los crímenes cometidos por el Estado desde abril a la fecha y castigar a los responsables.
Éste es el desafío de la izquierda nicaragüense y éste debe ser el deber de la izquierda mundial si se quiere construir una alternativa democrática que le dispute a Ortega las ideas que él mentirosamente ha sustraído. Esto es fundamental para que el desenlace de la crisis no sea hegemonizado, como otras veces, por la derecha política, sus aliados nacionales e internacionales, en momentos de crisis del capitalismo mundial y de resurgimiento del fascismo del Siglo XXI.
