Señor Director:
Un par de ministros de la Corte Suprema hicieron presente al jefe del Estado Sebastián Piñera el martes pasado, la preocupación por “una actuación de naturaleza jurisdiccional que a su juicio entienden al margen del mecanismo de control parlamentario”. En efecto, en la reunión del martes el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, manifestó su “preocupación” ante la acción fiscalizadora de los parlamentarios.
Lo anterior hace reafirmar mecanismos de control del poder público, como lo es la acusación constitucional. Éste es un mecanismo de resguardo de la supremacía constitucional porque, a través suyo, el Congreso vela por el cumplimiento de ciertos estándares constitucionales y de tratados internacionales por parte de los actores de la organización estatal.
La acusación constitucional busca proteger la confianza pública depositada en algunas autoridades especialmente relevantes para la marcha de los negocios públicos.
El Congreso actúa como un intérprete supremo de la Constitución a través de la acusación constitucional, erigiéndose, por lo tanto, en un guardián político de la supremacía de la Constitución.
La acusación constitucional en chile no es un procedimiento destinado a hacer efectivas responsabilidades de los más altos funcionarios.
En este sentido, y en el caso en particular podría configurarse el notable abandono de deberes de los ministros, puesto que no tuvieron a la vista los diversos tratados y antecedentes que establece el derecho internacional en materia de DD.HH. al fundar su decisión.
En consecuencia cuestionar al poder constituido nunca puede ser motivo de peligro porque muestra, nuestra más sana capacidad institucional y democrática. En Chile, no hay grupos privilegiados. No se está yendo, “un poco más allá de lo que es lo propio del Estado de Derecho” como sostuvo el presidente de la República, sino precisamente lo contrario, es decir, fortaleciendo el sistema de frenos y contrapesos y nuestro Estado de Derecho.
Rodolfo Saldivia Lillo
Abogado
