Opinión
Tras la presentación del proyecto de ley “Aula Segura” al gobierno se le ha abierto un flanco de críticas desde distintos sectores y en general todas dicen relación con que el problema no se estaría atacando de raíz. Aula Segura se percibe más bien como una medida parche para un síntoma y no como una propuesta que empiece a hacerse cargo del problema real. Es más, hoy ya se escuchan voces que indican que un proyecto de ley como este podría ser inconstitucional.
En el fondo lo que aquí está pasando es que la autoridad le está dando una solución técnica a un problema que es mucho mayor y eso es lo que parece estar oyéndose desde distintos sectores de la sociedad. Un problema técnico es distinto de un desafío adaptativo, según propone Ronald Heifetz (1994, 2009); el error está entonces cuando un desafío adaptativo se trata como un problema técnico y eso parece ser lo que aquí está sucediendo.
Un problema técnico es aquel que un país u organización – y las personas que los componen– pueden resolver a través de procesos y protocolos ya establecidos. Un desafío adaptativo, en cambio, es un cuestionamiento al modo mismo de hacer las cosas de todo un país u organización. El contexto ha cambiado y las respuestas aprendidas ya no generan el efecto esperado, puesto que las preguntas son nuevas.
[cita tipo=»destaque»]Se oye también de casos donde apoderados han atacado profesores, donde pacientes han atacado a enfermeras y médicos, donde sólo en este año van 28 mujeres asesinadas por sus parejas y se han registrado 86 femicidios frustrados. ¿Cómo olvidar a aquel estudiante universitario que, con la cara cubierta, le gritaba al rector de una universidad que por fin estaba “dando la cara”? Y esos mismos estudiantes, tras intentar tomarse la oficina del rector y romper documentos, declaraban que no habían usado la violencia, ya que sólo le habían gritado al rector.[/cita]
En este caso erramos el tiro si vemos el uso de la violencia para la resolución de conflictos como un hecho aislado y que está acotado a jóvenes que atacan de manera inaceptable a los adultos de un establecimiento educativo. Demás está decir que el uso de la violencia para resolver conflictos en nuestro país va mucho más allá de los estudiantes.
Se oye también de casos donde apoderados han atacado profesores, donde pacientes han atacado a enfermeras y médicos, donde sólo en este año van 28 mujeres asesinadas por sus parejas y se han registrado 86 femicidios frustrados. ¿Cómo olvidar a aquel estudiante universitario que, con la cara cubierta, le gritaba al rector de una universidad que por fin estaba “dando la cara”? Y esos mismos estudiantes, tras intentar tomarse la oficina del rector y romper documentos, declaraban que no habían usado la violencia, ya que sólo le habían gritado al rector.
Pareciera como si estuviéramos tristemente acostumbradas y acostumbrados a la resolución violenta de nuestros conflictos. Cuando me tocó liderar un proceso participativo, por ejemplo, hubo quienes me dijeron que era inevitable que algún participante saliera furioso/a de la sala en medio del trabajo de grupos.
¿Es inevitable la resolución violenta de los conflictos cuando no hay capacidades para hacerles frente de manera pacífica?. Amy Gutman (1987) dice que la capacidad de deliberación es uno de los valores esenciales a la democracia y es esa capacidad la que parece estar faltando en nuestro querido Chile. Esa es la capacidad que necesitamos desarrollar.
Pero en este caso la autoridad no tiene la respuesta, porque -como en todo desafío adaptativo- en este caso la autoridad también necesita hacer este aprendizaje. Es en estos casos cuando el rol de la autoridad consiste en ejercitar el liderazgo de modo de permitir un proceso de aprendizaje social donde todas y todos nos podamos preguntar cómo es que podemos resolver nuestros conflictos de manera pacífica y vayamos probando distintas formas de hacerlo.
