Opinión
La política nacionalista sobre el mar resulta funcional en un país cuya integración nacional –al menos en sus parámetros culturales de Estado-nación moderno– es de data reciente. De hecho, el movimiento político que llevó a Evo Morales a la Presidencia tenía una fuerte retórica indigenista, con los problemas que a este sector realmente le importan. En efecto, la Constitución que rige al Estado altiplánico, denominada Plurinacional, posee un contenido muy nítido destinado a crear las bases del derecho de integración indígena en la sociedad boliviana. Esto, con una larga y pormenorizada descripción y reglamentación del mundo agrario indígena.
El nacionalismo requiere la invención de un hecho distintivo que agrupe emocionalmente a la nación, independientemente de si es la realidad o una mera percepción, como un elemento cohesivo esencial de esta. A su vez, el uso político del odio, como una animadversión primaria sobre un culpable, fundamenta de manera permanente una acción agresiva, pues no es un sentimiento temporal sino persistente en el tiempo, cuyo fin es el exterminio del adversario y la reivindicación absoluta de lo que se considera la afrenta o situación agraviante. Esta simbiosis es el contenido estratégico de lo actuado hasta ahora por Evo Morales en Bolivia en su pretensión de soberanía marítima ante Chile.
El discurso, que implica una visión estructuralmente violenta y excluyente, ya sea en lo simbólico o en lo práctico, sobre el problema construido, pone en evidencia la imposibilidad anticipada de cualquier negociación de buena fe y construye un escenario con proyección histórica que, como telón de fondo, tiene latente el uso de la fuerza. A menos que Chile acepte entregar parte de su soberanía ex ante de cualquier negociación, no existirá satisfacción del fundamento de la prédica boliviana, y el problema no tiene solución, excepto el statu quo territorial y la mantención de la tensión, o el intento del uso de la fuerza.
El problema tiene como combustible un sesgo cultural negativo que se acentuará con el correr de los años. La prédica nacionalista marítima de las autoridades bolivianas está alimentando, particularmente en niños y jóvenes a través del sistema educativo, la formación de futuras generaciones de bolivianos que ven en la reivindicación del mar la realización de su ser nacional. Todo cultivado in crescendo mediante un profundo rencor cultural hacia Chile, de impredecibles consecuencias sociales y políticas futuras.
De alguna manera, tanto el territorio identificado como el locus de la reivindicación –que ya es Antofagasta– como las actividades económicas, sociopolíticas y culturales que le dan vida y cohesión actual a ese territorio, han experimentado un riesgo que antes no tenían, y que necesariamente –de continuar las cosas por el camino que hoy tienen– se intensificará. No se exacerba el nacionalismo y el odio en las masas sin que estas no busquen en algún momento desahogar la ira interna y la frustración que acumulan.
Tal política del odio nacionalista sobre el mar, resulta funcional en un país cuya integración nacional –al menos en sus parámetros culturales de Estado-nación moderno– es de data reciente. De hecho, el movimiento político que llevó a Evo Morales a la Presidencia, tenía una fuerte retórica indigenista, con los problemas que a este sector realmente le importan. En efecto, la Constitución que rige al Estado altiplánico, denominada Plurinacional, posee un contenido muy nítido destinado a crear las bases del derecho de integración indígena en la sociedad boliviana. Esto, con una larga y pormenorizada descripción y reglamentación del mundo agrario indígena.
[cita tipo=»destaque»]No existe una alusión mínima al valor emocional o sentimental ancestral del mar en la historia boliviana, ni una consideración de integración nacional, como recientemente se ha empezado a argumentar, contrariamente a lo que ocurre con otros aspectos, como es el caso de la coca: “Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.[/cita]
Pero a ese mundo le faltaba un ancla en la sociedad mestiza. La evolución del socialismo andino del MAS de principios de los 90 del siglo pasado, a un socialchovinismo de rasgos incluso de corporativismo fascista, como se expresa hoy, solo tiene explicación en la necesidad de anclar una alianza estratégica entre la pluralidad indígena largamente invisibilizada en el sistema político boliviano, pero muy mayoritaria en su conjunto, y un mestizaje empobrecido por las sucesivas crisis, pero con un discurso coherente sobre el poder y la representación política. Pero este sector, esencialmente urbano, carecía de la fuerza de masas para realizarlo de manera práctica. En ese vértice, representado por Evo Morales, el antiguo dirigente cocalero indígena del Chapare, y el ex guerrillero blanco y educado Álvaro García Linera, convergen y cuajan la línea argumental de la nueva fuerza política representada por Evo y adquiere significado el discurso de la recuperación marítima.
A partir de ahí se crea el relato. Y se adecuan los perfiles biográficos de los conductores y la causa de todos los males. En esas biografías, de manera muy tardía y solo como una mención muy general en la Constitución de 2009, aparece el tema marítimo. Mientras casi todo el articulado de ella está referido al mundo indígena y sus particularidades de manera muy pormenorizada, la reivindicación marítima aparece mencionada en solo dos artículos, el primero de los cuales, el 267, se compone de dos acápites y cuyo contenido literal es:
Artículo 267.
I. El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo.
II. La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano.
Y el siguiente, que señala:
Artículo 268.
El desarrollo de los intereses marítimos, fluviales y lacustres, y de la marina mercante será prioridad del Estado, y su administración y protección será ejercida por la Armada Boliviana, de acuerdo con la ley.
No existe una alusión mínima al valor emocional o sentimental ancestral del mar en la historia boliviana, ni una consideración de integración nacional, como recientemente se ha empezado a argumentar, contrariamente a lo que ocurre con otros aspectos, como es el caso de la coca: “Artículo 384. El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.
El nacionalismo marítimo boliviano es de reciente data, y su retórica odiosa y agresiva tiene más un fin interno que otra cosa. Lamentablemente está creando –de manera irresponsable– una atmósfera de animadversión con altos contenidos simbólicos de fuerza, que inevitablemente llevan a reflexionar sobre el resguardo militar de nuestra soberanía.
Ello, porque ni siquiera está clara la calidad de legitimado activo del Presidente Evo Morales para demandar por negociaciones a Chile en La Haya, a la luz del contenido de los artículos 267 y 268 de la Constitución de su país, citados íntegros más arriba, que, de acuerdo a sus contenidos, requerirían de una reforma constitucional previa y de un referendo aprobatorio (artículo 411 de la CP) que habilitara a Evo para negociar. Por esto, lo que realmente hace es exigir, ni siquiera pedir, y cualquier cosa que resulte de La Haya será un completo fracaso. Entramos a un largo statu quo.
A Evo Morales, con un sesgo crecientemente autoritario y antidemocrático, que olvida el ama hulla de su formación aymara (no seas mentiroso) le está resultando fácil manipular conciencias con una retórica política de odio nacionalista, pese a que ello es profundamente nocivo para el bienestar del pueblo boliviano, y la paz y la estabilidad de la región.
