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Hacia la democratización del capital Opinión

Hacia la democratización del capital

Max Spiess
Por : Max Spiess Ex asesor de Hacienda del gobierno de Ricardo Lagos
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La democratización también implica poner foco en el estado de derecho y el imperio de la ley igualitariamente aplicada a todos sin distinciones ni excepciones. Este es uno de los pilares del sistema democrático. La contracara de este principio es el de la impunidad. La impunidad puede darse en diversos ámbitos, no sólo en el de los derechos humanos. Por ejemplo; cuando luego de un escándalo empresarial, resultan sancionados ejecutivos medios, pero no los legalmente responsables de la administración de la empresa, es también una forma de impunidad y por tanto, un deterioro del estado de derecho. Para el ciudadano común, resulta incomprensible que unos puedan robar elegantemente, y salgan impunes o con penas virtuales, cuando otros son sancionados gravemente por ofensas mucho menores. Este modelo no colabora en la confianza social que es el cemento sobre el que se fundan las sociedades y la nación: un pueblo donde unos desconfían de otros por la capacidad aquellos para permanecer impunes, no fomenta la solidaridad, sino sólo el revanchismo.


El caso chileno de transición a la democracia también puede evaluarse en la perspectiva de los procesos socioeconómicos aparejados.

Si bien es indudable y patente que la estructura socioeconómica del país cambió dramáticamente gracias a la mantención de políticas pro crecimiento y estabilidad social y política por un largo periodo; también es evidente que el mejoramiento sustancial de las condiciones básicas de vida conllevó a la aparición de nuevas demandas sociales de mayor sofisticación. De esta forma, pasamos de problemas de acceso y cobertura, a problemas más bien asociados con la calidad y sustentabilidad de la infraestructura social ofrecida.

Probablemente es éste es fenómeno que principalmente acapara la atención política pues la definición precisa de las causas de estas nuevas demandas y el diagnóstico de la cuestión social que emerge asociado a aquellas, puede ser la puerta de acceso a la victoria electoral para uno u otro bloque. Cada grupo tiene una lectura y aplica su estrategia para darle sentido a su oferta de campaña que iría a solucionar esas nuevas demandas.

Sin embargo, hay un segundo fenómeno socioeconómico que existe a sottovoce y en paralelo a la cuestión de las demandas sociales de segunda generación. Este asunto adicional tiene que ver con la estructura del capital y su democratización. Vernáculamente, esta cuestión es confundida con la de la distribución de la riqueza, la que junto con el crecimiento económico, ha incrementado las distancias entre los más y los menos favorecidos en el proceso, sobre todo cuando analizamos las cada vez más agudas diferencias entre los más ricos y los más pobres.

Sin embargo, la cuestión a la que quiero apuntar es distinta y no necesariamente relacionado con la distribución de la riqueza; en cambio, más bien se refiere a la concentración del capital. La tesis que quiero levantar y a la que les propongo tomar atención brevemente, es la siguiente: si bien el proceso de transición a la democracia tuvo como foco la democratización del poder político entendido como la desconcentración del poder en manos de una dictadura de las fuerzas armadas para pasar a autoridades civiles políticamente organizadas y elegidas legítimamente por el pueblo, este proceso no tuvo el mismo correlato en relación con el poder económico el que no sólo se mantuvo en las mimas manos, sino que se acomodó para incrementar su control y poder, hasta lograr una sospechosa interacción con el mismo nuevo mundo político democratizado.

[cita tipo=»destaque»]Al analizar los factores en donde todavía falta una profundización del proceso de democratización –e.g., democracia regional y local, protección al consumidor, protección ambiental, protección laboral, protección previsional-, debemos concluir que en todos esos aspectos se presenta un común denominador: todos ellos dependen de la acción de la élite política o de la gran empresa, o de ambos, coordinadamente. En ambos casos, la participación ciudadana es limitada y de ello surgen cuestionamientos a su legitimidad. En una frase: el poder y el capital están significativamente concentrados en pocas manos, y esas manos aprovechan su posición negociadora dominante para generar una especie de colusión de intereses y mantener el status quo.
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Probablemente, este asunto es una cuestión bastante más relevante para las élites, pero las consecuencias del fenómeno enunciado, si lo aceptamos como efectivo, pueden ser más cercanas a la realidad y cotidianeidad de lo que creemos; pues la falta de sincronía entre ambos procesos finalmente conlleva a una pérdida de legitimidad del primero y de ello, podríamos identificar causas presentes en el diagnóstico de desasosiego social y malestar ciudadano frente a diversas formas de abuso e insatisfacción de demandas de protección social.

Si la transición a la democracia emprendida con la caída de la dictadura, implicaba el traspaso del poder político desde la élite militar a los cuerpos políticamente organizados y finalmente a la ciudadanía, éste proceso no está concluido y probablemente nunca lo estará, en la medida que se trata, más bien, de un proceso continuo de desarrollo a la par de la evolución de la sociedad. De ser esto efectivo, puede concluirse que el reacomodo de poderes militar, político y empresarial permitió, por una parte, dar estabilidad al proceso conteniendo las tensiones sociales y políticas, pero también dio pie a una conveniente alianza entre el mundo político y el de la gran empresa a espaldas del ciudadano común.

Al analizar los factores en donde todavía falta una profundización del proceso de democratización –e.g., democracia regional y local, protección al consumidor, protección ambiental, protección laboral, protección previsional-, debemos concluir que en todos esos aspectos se presenta un común denominador: todos ellos dependen de la acción de la élite política o de la gran empresa, o de ambos, coordinadamente. En ambos casos, la participación ciudadana es limitada y de ello surgen cuestionamientos a su legitimidad. En una frase: el poder y el capital están significativamente concentrados en pocas manos, y esas manos aprovechan su posición negociadora dominante para generar una especie de colusión de intereses y mantener el status quo.

Deteniendo la mirada sólo en el mercado de capitales, cómo puede hablarse entonces de cierre de un proceso de transición, es decir, de traspaso de poder hacia la ciudadanía, si el control del capital, lejos de desconcentrarse o atomizarse, se ha incrementado? La falta de participación ciudadana en el capital propicia una mirada sospechosa de la sociedad particularmente en el contexto de casos de colusión entre las élites empresariales y políticas, o en eventos de abusos empresariales.

Una transición será realmente genuina y de raigambre ciudadana, sólo en la medida que alcance también al capital permitiendo una mayor participación de los medios de financiamiento, de ahorro e inversión. Llamemos entonces a este proceso: Democratización del Capital.

Pero ¡cuidado con la semántica! Lo anterior no implica ni pretende ser traducido como un plan de estatización o programa confiscatorio, no! Hablamos más bien del fomento serio y genuino de la competencia; fortalecer sustantivamente los canales de financiamiento de la mediana y pequeña empresa como también de proyectos de emprendimiento con capital de riesgo y alta rentabilidad social; e implementar medidas concretas que permitan un fuerte incremento de la mano de obra y el trabajo incorporando a la mujer y los jóvenes al mundo del trabajo, para luego fomentar el ahorro y consiguientemente apoyar la inversión.

Adicional y sustantivamente, la democratización del capital se refiere a un aspecto crítico de la democracia: la defensa del Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Mis tesis –que por espacio no puedo desarrollar más- es que Chile no llegará al desarrollo y superar la trampa de los países de ingresos medios, si no hace un esfuerzo sustantivo para defender el Estado de Derecho, el respeto institucional y acabar con todos los espacios de impunidad, en particular en los mercados, el mundo de la empresa y los negocios.

La democratización también implica poner foco en el estado de derecho y el imperio de la ley igualitariamente aplicada a todos sin distinciones ni excepciones. Este es uno de los pilares del sistema democrático. La contracara de este principio es el de la impunidad. La impunidad puede darse en diversos ámbitos, no sólo en el de los derechos humanos. Por ejemplo; cuando luego de un escándalo empresarial, resultan sancionados ejecutivos medios, pero no los legalmente responsables de la administración de la empresa, es también una forma de impunidad y por tanto, un deterioro del estado de derecho. Para el ciudadano común, resulta incomprensible que unos puedan robar elegantemente, y salgan impunes o con penas virtuales, cuando otros son sancionados gravemente por ofensas mucho menores. Este modelo no colabora en la confianza social que es el cemento sobre el que se fundan las sociedades y la nación: un pueblo donde unos desconfían de otros por la capacidad aquellos para permanecer impunes, no fomenta la solidaridad, sino sólo el revanchismo.

En las próximas columnas propondrá algunas medidas bien concretas que van en línea con la línea argumental aquí postulada; en la medida que le demos algún grado de verosimilitud. Los invito a la discusión y opinión.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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