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Agencia de calidad de políticas públicas: el desafío para un Estado moderno Opinión

Agencia de calidad de políticas públicas: el desafío para un Estado moderno

Bernardo Larraín y Rafael Palacios
Por : Bernardo Larraín y Rafael Palacios Presidente de SOFOFA y Director de Políticas Públicas de SOFOFA, respectivamente
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Las propuestas de modernización del Estado que hemos trabajado en Sofofa buscan precisamente incorporar mecanismos institucionales de procesamiento de complejidades que le permitan a la administración resolver tensiones alcanzando equilibrios. Por ello es, por ejemplo, que necesitamos una agencia de calidad de políticas públicas. No para limitar la soberanía con que nuestros representantes deben reflejar en políticas públicas los fines que la ciudadanía expresa en el proceso electoral, sino para procurar que lo hagan teniendo debida consideración del conocimiento técnico, científico y jurídico disponible en una diversidad de actores de la sociedad. La información, los datos, tienden a despolarizar los debates y facilitar los equilibrios entre la técnica y la política.


En el último de los foros que organizamos Sofofa, UAI y UDP para debatir sobre la modernización del Estado, contamos con la participación de los senadores Allamand y Montes, y de los rectores Beyer y Peña. Especialmente este último resaltó que, antes de definir cómo modernizar la estructura, funcionalidad y gestión del Estado, la discusión política debía centrarse primero en el tipo de Estado que queremos desplegar en las próximas décadas. Haciéndonos cargo de dicha interpelación, quisiéramos a continuación exponer un par de ideas para aportar a esta reflexión.

Creemos que las categorías que se han usado en el pasado para describir el rol del Estado dejaron de ser representativas de un aparato público moderno y, por lo tanto, están dificultando su necesaria adaptación a la sociedad actual. El Estado moderno, creemos, no es el de Bienestar ni el Subsidiario, ni tampoco alguna de sus variantes como el Estado Social de Derechos o el Estado mínimo, solo garante de la propiedad privada. Y es que todos ellos representan fines, en circunstancias que debemos pensar en el Estado moderno como un medio o instrumento. De ahí que sea tan fácil caer en la rutinaria discusión de más o menos Estado: queremos más derechos garantizados, ergo, necesitamos más Estado; o, queremos más libertad y, por contraposición, debemos minimizar al Estado.

Tampoco ayuda a la comprensión de lo que debe ser un Estado moderno, atribuirle un rol abstracto buscando un bien común supuestamente único y conocido. Actualmente, el acceso masivo a las tecnologías de la información permite generar conciencia y medios para representar directamente en la comunidad los distintos bienes e intereses posibles, que podrán ser más o menos compartidos. Así, en la sociedad moderna encontramos siempre una agregación de proyectos y causas –de vida, individuales o colectivos– en constante tensión.

La función del Estado moderno, entonces, es precisamente resolver estas contraposiciones, el conflicto generado por la multiplicidad de proyectos y causas, individuales o colectivas, en constante tensión deliberativa por su inclusión, eliminación, mantención o hegemonía mediante la proposición, establecimiento, revisión y observancia de acuerdos que permitan la vida en sociedad.

El Estado moderno tiene, por lo mismo, una finalidad dirimente y generadora de equilibrios, pues el impulso transformador o disruptivo en una sociedad moderna radica en los distintos actores sociales que siempre estarán tensionando al Estado para representar sus ideales o intereses. Para lograr cumplir tal función, el Estado moderno debe tener una arquitectura institucional de una plasticidad tal, que le permita a la política determinar libremente la ponderación de esos ideales e intereses que coexisten en la sociedad. Este es, posiblemente, el desafío más complejo de emprender.

[cita tipo=»destaque»]La función del Estado moderno, entonces, es precisamente resolver estas contraposiciones, el conflicto generado por la multiplicidad de proyectos y causas, individuales o colectivas, en constante tensión deliberativa por su inclusión, eliminación, mantención o hegemonía mediante la proposición, establecimiento, revisión y observancia de acuerdos que permitan la vida en sociedad. El Estado moderno tiene, por lo mismo, una finalidad dirimente y generadora de equilibrios, pues el impulso transformador o disruptivo en una sociedad moderna radica en los distintos actores sociales que siempre estarán tensionando al Estado para representar sus ideales o intereses. Para lograr cumplir tal función, el Estado moderno debe tener una arquitectura institucional de una plasticidad tal, que le permita a la política determinar libremente la ponderación de esos ideales e intereses que coexisten en la sociedad. Este es, posiblemente, el desafío más complejo de emprender.[/cita]

¿A cuántos años estamos de que los requerimientos de flexibilidad y plasticidad que demanda la modernidad al Estado sean tales, que la propia sociedad sea la más capacitada para articular soluciones colectivas procesando directamente sus complejidades, de manera de alcanzar los necesarios equilibrios para la vida en común? Las posibilidades colaborativas de una transparencia instantánea, ubicua y permanente –realidad cada vez más posible e inevitable– podría proporcionar la mejor fuente de regulación para procesar nuestras diferencias.

Las propuestas de modernización del Estado que hemos trabajado en Sofofa buscan precisamente incorporar mecanismos institucionales de procesamiento de complejidades que le permitan a la administración resolver tensiones alcanzando equilibrios. Por ello es, por ejemplo, que necesitamos una agencia de calidad de políticas públicas. No para limitar la soberanía con que nuestros representantes deben reflejar en políticas públicas los fines que la ciudadanía expresa en el proceso electoral, sino para procurar que lo hagan teniendo debida consideración del conocimiento técnico, científico y jurídico disponible en una diversidad de actores de la sociedad. La información, los datos, tienden a despolarizar los debates y facilitar los equilibrios entre la técnica y la política.

Igualmente abogamos por un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental capaz de levantar, en una etapa temprana y participativa, las distintas vocaciones en tensión de un territorio, así como sus valores sociales y medioambientales, y determinar cómo pueden equilibrase con las oportunidades de desarrollo que representa la ejecución de un proyecto de inversión. Una vez procesada esta complejidad tempranamente, proponemos una segunda etapa de evaluación estrictamente técnico-ambiental. Así, el Estado podrá articular con mayor eficacia las consideraciones políticas y sociales, con las técnicas y económicas.

En el mismo sentido, con ocasión de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, proponemos que la Agencia de I+D sea gobernada por un órgano colegiado integrado por representantes de distintos ministerios, de la academia, de la ciencia y del mundo empresarial, a fin de procurar un equilibrio sinérgico entre legítimos fines de investigación de base de la comunidad científica y los de investigación aplicada de la comunidad empresarial.

Si compartiéramos esta concepción del Estado, podríamos avanzar con mayor facilidad en la modernización de su estructura, funcionalidad y gestión. Por el contrario, si nos empantanamos en discutir si el Estado debe ser más grande o pequeño, garante de derechos o solo subsidario, habremos perdido esa oportunidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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