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Harvard, protocolos y límites del acuerdo social

por 15 mayo, 2018

Harvard, protocolos y límites del acuerdo social
Este tipo de conductas –como la del ministro Felipe Larraín– no son recientes sino observables desde hace ya un par de siglos, manteniéndose como una tradición de curiosa inercia –casi consustancial a nuestro bagaje histórico– desde cuando, en la Colonia, las elites evadían parte del pago del quinto real a la monarquía hispana, escondiendo otras sendas cuotas de producción de metales preciosos extraídos en el país, por las que no lo pagaban; o cuando aquellos mismos, en reuniones de clubes o familias poderosas, en ausencia del funcionario peninsular, sosteniendo los más recientes edictos del imperio sobre sus cabezas, señalaban entre socarronas risas “la ley se acata, pero no se cumple”.
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El reciente episodio protagonizado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a propósito de una invitación que originalmente le hiciera la Universidad de Harvard como ex alumno y, luego, para exponer ante dicho foro en su reciente calidad de secretario de Estado, no es más que un incidente adicional en la cadena de despropósitos que buena parte de nosotros cometemos, sea por errores producto de la ignorancia, o simplemente mala fe y abuso de posiciones de poder que cada quien ocupa contingentemente, en sus relaciones con el resto de las personas.

En efecto, se ha señalado hasta el cansancio que nuestro país presenta un evidente déficit de cultura cívica que propicia comportamientos fuera de norma o de la ley, no obstante que esta última, una vez publicada, se presume conocida por todos. Baste recordar los resultados que arrojó una reciente encuesta entre alumnos de Educación Media sobre dictadura y democracia, o leer las explicaciones de quienes han pasado el mal rato de una equivocación o acto de mala fe, sea por razones de Estado o personales, para dimensionar la extensión y profundidad del fenómeno.

Pero aún más, pareciera que este tipo de conductas no son recientes sino observables desde hace ya un par de siglos, manteniéndose como una tradición de curiosa inercia –casi consustancial a nuestro bagaje histórico– desde cuando, en la Colonia, las elites evadían parte del pago del quinto real a la monarquía hispana, escondiendo otras sendas cuotas de producción de metales preciosos extraídos en el país, por las que no lo pagaban; o cuando aquellos mismos, en reuniones de clubes o familias poderosas, en ausencia del funcionario peninsular, sosteniendo los más recientes edictos del imperio sobre sus cabezas, señalaban entre socarronas risas “la ley se acata, pero no se cumple”.

El que hoy en Chile se puedan conocer, difundir y discutir tales comportamientos es, por cierto, un avance, pero también se vislumbra un retroceso en el hecho de que cada una de las conductas que a diario se escrutan, especialmente en las elites políticas, sociales, económicas y culturales, tengan aquel sello de profunda desconfianza respecto de la intencionalidad de tales acciones. Esta mirada manifiesta un síntoma que debiera ser mirado con suma precaución, pues, las democracias no sobreviven sin la presunción de la buena fe e inocencia del otro, y aquellas solo se pueden construir y desarrollar sobre la base del diálogo. Lo otro es la imposición del más fuerte.

La literatura sostiene que una democracia republicana debiera sustentarse en un acuerdo de convivencia social respetado por todos, merced a la autoridad que emanaría de normas aprobadas por mayorías que, aun siendo circunstanciales, pueden (o deben) ir siendo ajustadas de acuerdo con los tiempos, aunque materializando dichos cambios según protocolos de aquiescencia previamente conocidos y aceptados y en los que participan los diversos poderes del Estado, unos instalados en el poder político como representantes autorizados de la ciudadanía, como mayorías o minorías; y otros, sustentados en la autoridad que deviene de sus capacidades técnicas y/o profesionales y que, aun siendo ratificados por los poderes políticos, responden a criterios jurídicos contramayoritarios y de protección de derechos de las minorías.

Dicho acuerdo social, que en su expresión máxima se manifiesta en la Constitución de la República y que se perfecciona y específica en leyes, reglamentos, protocolos y normas, es el marco en el que el conjunto de los ciudadanos debiera conducirse, de manera que las pasiones e intereses personalísimos –que conforman inevitablemente la toma de decisiones en los ámbitos públicos o privado– tengan un elemento atemperador que evite el uso cotidiano de la fuerza o “ley de la selva” y permita la solución pacífica de los conflictos que naturalmente se producen en las sociedades libres.

Pero la realidad se mueve más allá de los constructos teóricos, aunque, por cierto, acercarnos a conformar un mejor tipo de sociedad, importa necesariamente intentar conducirse individualmente con la mayor fidelidad posible a ese acuerdo, caso en el cual la libertad se entiende tanto como autonomía para realizar en la vida todo aquello que no esté expresamente prohibido por el acuerdo social, las leyes, reglamentos, protocolos y normas, como en la capacidad de cada quien para manejar sus propios espíritus animales con rienda firme, llegando a ser efectivamente libre de sus pulsos antisociales que amenazarían con romper el marco de acuerdo conductual aprobado.

Desde luego, para conseguir dicho propósito, lo primero es conocer y actuar de acuerdo con las normas, protocolos, reglamentos, leyes y la Constitución, es decir, comportarse bajo el marco de una cultura cívica que le permita a cada quien desenvolverse evitando la comisión de errores de buena fe; y lo segundo, tener una educación emocional que le haya otorgado las herramientas de contención exitosa de instintos vitales como la ira, violencia, la agresión o el abuso como forma de resolver aquellas necesidades compelidas por los pulsos interiores en relación con el dominio de su entorno.

No extraña, pues, que en la ausencia de tales precondiciones, tanto por razones históricas, como por haber postergado tan largamente la formación de ciudadanos, ocurran situaciones como las que hemos observado en las últimas semanas, meses y años, y de las que, por de pronto, no estamos exentos desde muy pequeños, cuando en la escuela se copia, se hace bullying al más débil de la clase o se maltrata al profesor.

O cuando no se respeta el asiento para las personas en situación de discapacidad o no se les ofrece a mujeres esperando un hijo o a ancianos; cuando se esquiva el pago del pasaje de Transantiago; cuando se compra sin boleta para conseguir una rebaja; el robo hormiga, o el insulto aleve al conductor del automóvil de al lado; cuando irrespetamos las luces amarillas o circulamos a mayor velocidad que la permitida; cuando se cruzan calles o avenidas por lugares no habilitados; cuando se bota basura en cualquier lugar; cuando se prenden estufas a leña en días de emergencia ambiental o se conducen automóviles con restricción.

También ocurre cuando se usan recursos de las empresas para motivos personales, se compran autos de uso particular como si fueran para la compañía, cuando se escabullen impuestos, se falta al trabajo por enfermedades inexistentes o se llega tarde a él o a una reunión; cuando se trata mal a hijos y esposas, familiares, amigos o desconocidos; cuando se abusa del poder jerárquico para escarmentar a un trabajador, acosar a una mujer, o tratarlas(los) soezmente; cuando se hace uso desproporcionado de la fuerza de un poder público trasferido o asignado; cuando se roban recursos públicos, cuando se corrompe mediante cohecho a funcionarios del Estado y, en fin, tantas conductas que –reconocidas o no como non sanctas– se llevan a cabo diaria y hasta inconscientemente en todos las áreas de la actividad pública y privada y que, en este último ámbito, gremios y firmas intentan resolver mediante sus propios códigos de ética.

Una cultura que ha hecho del sobrepasar sistemáticamente los límites del convenio social una suerte de virtud avalada por una sociedad que, además, considera a la persona que lo cumple un tonto, y a quien lo trasgrede un pillín ingenioso, un rebelde o un simple díscolo, más temprano que tarde culmina perdiendo los contornos de aquellos límites que posibilitan una convivencia sana y pacífica y amenaza con derivar, lenta pero inexorablemente, a situaciones de violencia que terminan por profundizar los sufrimientos que supuestamente explicarían la peligrosa falta de compromiso con el acuerdo social.

El que hoy en Chile se puedan conocer, difundir y discutir tales comportamientos es, por cierto, un avance, pero también se vislumbra un retroceso en el hecho de que cada una de las conductas que a diario se escrutan, especialmente en las elites políticas, sociales, económicas y culturales, tengan aquel sello de profunda desconfianza respecto de la intencionalidad de tales acciones. Esta mirada manifiesta un síntoma que debiera ser mirado con suma precaución, pues, las democracias no sobreviven sin la presunción de la buena fe e inocencia del otro, y aquellas solo se pueden construir y desarrollar sobre la base del diálogo. Lo otro es la imposición del más fuerte.

De más pareciera señalar que el diálogo, la convivencia cívica, la conversación sana y productiva es inviable sin esa confianza y buena voluntad de las partes. La recuperación de la confianza ciudadana perdida, aparte de las indispensables reformas legales en marcha, exige comenzar hoy a poner término al reactivo periodo de linchamientos públicos en el altar de la transparencia, pues consolidar y reforzar la democracia no se consigue mediante juicios ante tribunales populares teatralizados vía las redes sociales, con malos tratos, competencia partidista inmisericorde, sino con aún más diálogo, más confianza, acercamiento y buena voluntad, virtudes sin las cuales el camino previsible es el de la confrontación, en donde, por lo general, gana el más fuerte y no necesariamente quien tiene la razón.

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