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Postergación de TVN cultural: un daño patrimonial significativo

por 15 mayo, 2018

Postergación de TVN cultural: un daño patrimonial significativo
Postergar, retrasar o no implementar esta señal sería un grave y manifiesto incumplimiento de la ley. Sería un daño patrimonial y caerá en causal de cesación en el cargo si, antes que pase un año, el directorio no solicita al ministro de Hacienda que haga efectiva la asignación de 18 millones de dólares que deben ser destinados exclusivamente para esta señal cultural.
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El miércoles 9 de mayo, los senadores de la Comisión de Educación y Cultura del Senado entrevistaron a la terna propuesta por Sebastián Piñera para integrarse al directorio de TVN, en reemplazo de los renunciados en enero.

Esto, después del estrepitoso rebote que sufrió la propuesta de terna anterior, por no contemplar los criterios nuevos de paridad de género introducidos en la ley que rige a la televisora, luego de la tramitación de la ley que capitalizó a TVN y que le permitirá enfrentar la crisis de la industria justo en momentos en que debe actualizar sus equipos de transmisión, para adecuarse a la norma digital. Junto con esta capitalización, se imprime también al directorio una serie de obligaciones e inhabilidades nuevas, que buscan asemejar a esta empresa a las otras del Estado, en términos de probidad administrativa y responsabilidad por la gestión.

El día 10 de mayo la prensa informa que no es primera preocupación de los postulantes el “canal cultural”, a saber, la señal secundaria destinada a contenidos educativos y culturales que se le impuso como obligación a TVN, en la tramitación de la ley que el mismo Sebastián Piñera promulgó.

Pareciera que los postulantes al gobierno corporativo no comprenden el alcance y la gravedad de sus declaraciones. Pilar Vergara manifestó que “el canal cultural es un sueño muy legítimo de los chilenos, pero creo que está para una segunda instancia, porque en este momento en TVN hay una emergencia”; y Gonzalo Cordero declara que “TVN vive un momento particularmente crítico en términos financieros y hay una prioridad en estabilizar la señal principal primero”.

Preocupan porque hablan de un profundo desconocimiento de la norma que se ha promulgado y que establece que las decisiones que se adopten en el directorio podrán ser causal de cesación en el cargo, como las que se especifican en el Artículo 12 letra h), que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento de los estatutos o de la normativa legal que le es aplicable o que le causen daño patrimonial significativo a esta.

El directorio, cuando tenga cuórum necesario, debe definir qué componentes se deben modificar y las unidades que se deben crear para adaptarse a la norma nueva, también se les obliga a escribir y publicar un “Compromiso para el cumplimiento de la Misión Pública”, y esto obviamente incluye al nuevo Artículo 35, que mandata a implementar una señal de libre recepción y distinta de la principal, exclusivamente para emitir contenidos educativos, culturales, tanto en su dimensión nacional como regional y local, tecnológica, científica e infantil.

Postergar, retrasar o no implementar esta señal sería un grave y manifiesto incumplimiento de la ley y no pasará inadvertido porque, como lo estipula el Artículo 36, se debe rendir cuenta ante el Senado del funcionamiento, gestión y utilización de recursos destinados para el financiamiento de la señal de libre recepción establecida en el Artículo 35.

Sería un daño patrimonial significativo y caerá en causal de cesación en el cargo si, antes que pase un año, el directorio no solicita al ministro de Hacienda que haga efectiva la asignación de 18 millones de dólares que deben ser destinados exclusivamente para esta señal cultural.

Es recomendable que las señoras y los señores que postulan al directorio no olviden que aún deben ser ratificados por el pleno del Senado esta semana, deben tener en cuenta que TVN es una empresa estratégica del Estado y que no se puede postergar la implementación de la norma nueva. Comprendan, por favor, que TVN importa, pero importa mucho más la calidad de los contenidos que emite que las personas que administran la televisora.

El Estado puso a su disposición 18 millones de dólares para cumplir con la obligación que la nueva ley le impone y los chilenos los estamos observando.

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