Opinión
En los últimos años ha aflorado con más fuerza en México lo que es una manifestación de su escaso nivel de desarrollo institucional: la industria del crimen organizado, que ha estado cooptando la institucionalidad política mexicana, fundamentalmente a nivel de municipios, especialmente en ciertos Estados de la República Mexicana. La historia político-institucional de México ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de dicha “industria”. En efecto, por una parte, la corrupción institucionalizada generada y amparada por el PRI durante más de 50 años (hasta que perdieran el poder presidencial, con la elección de Vicente Fox), siempre ha estado aliada a “su hermano mayor”: la ausencia de un verdadero «Estado de Derecho».
México, el segundo país más grande de América Latina, después de Brasil, elegirá el próximo primero de julio un nuevo Presidente de la República. En México no existe la “segunda vuelta” en las elecciones presidenciales (desafortunadamente) y el voto es obligatorio. Además de elegir presidente, los mexicanos votarán por candidatos a gobernadores, un jefe de gobierno, alcaldes, concejales, regidores, juntas municipales, senadores y diputados locales y federales. Según el Instituto Nacional Electoral hay 18.311 puestos públicos en disputa, la primera vez que se eligen tantos en un solo proceso. La lista nominal de electores es de 89 millones de personas, de los cuales 11 millones son jóvenes que votan por primera vez. Estas dos cifras son las más altas en la historia electoral de México.
Esta elección presidencial también tiene otras particularidades. Por primera vez el PRI escogió como candidato a la Presidencia a un independiente-José Antonio Meade- , y no a un militante de sus filas. Ningún candidato a la Presidencia va apoyado sólo por un partido político, sino por una alianza de partidos, conformada por un partido principal y un conjunto de partidos y movimientos más pequeños (se ha fragmentado mucho el sistema de partidos políticos mexicano en los últimos años). Por primera vez en su historia el PAN (Partido Acción Nacional, de centro derecha) – cuyo candidato a la Presidencia es Ricardo Anaya- forma una alianza para una elección presidencial que incluye a un partido de la izquierda Mexicana, el PRD (Partido de la Revolución Democrática).
En el caso de estos dos candidatos presidenciales, más que una confrontación entre “ideologías” distintas, se trata más bien de una confrontación entre individualidades. Cuento aparte es el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien es tercera vez que se presenta como candidato a Presidente. Este sí es un candidato ideológicamente bien marcado. Un candidato de izquierda, “socialista a la antigua”, como la que existía en Chile el siglo pasado a fines de la década de los años sesentas e inicios de los setentas. De hecho, AMLO mira con añoranza el gobierno del expresidente Luis Echeverría (1970-1976), cuyas ideas ha dicho pretender reflotar y “actualizar”.
[cita tipo=»destaque»]Esta consolidación de una verdadera industria del crimen organizado en México ha degradado su institucionalidad democrática. Y lo peor es que no se detiene. Por el contrario, sigue creciendo y fortaleciéndose esta industria del crimen organizado. Y, con ello, sigue deteriorándose – progresiva y aceleradamente- el desarrollo institucional de México. Ser político se ha convertido en una profesión de alto riesgo en México. Y ni hablar de ser periodista, si éste “mete sus narices” en cuestiones que puedan afectar al crimen organizado. El número de candidatos asesinados (a regidores, a diputados locales, etc.) desde que se inició la campaña presidencial en Septiembre del año pasado, hasta inicios del mes de junio de este año, es de 107, y otros cientos han sido agredidos; y más de 115 políticos han recibido amenazas de muerte si no retiran sus candidaturas.Por el momento, este fenómeno está circunscrito a la institucionalidad política (y policial) de carácter local, municipal, y está concentrada en algunos Estados. Pero con el tiempo ello puede extenderse hacia otros Estados y, aún peor, “subir” en la jerarquía institucional del Estado Mexicano.[/cita]
El debate público entre estos tres candidatos principales actualmente en contienda ha sido bastante monotemático y mediocre. Más que un debate en torno a propuestas de políticas públicas, como estamos acostumbrados en Chile, el “debate” ha girado bastante en torno a quién es más corrupto, quién se muestra más agresivo con el otro, y quién es más demagogo. Quizás el único de estos tres candidatos que se salva un poco de ello ha sido José Antonio Meade, el candidato apoyado por el PRI, partido que algo parece haber evolucionado en la última década hacia un esquema menos caudillista y jerárquico que antaño.
A pesar de que las encuestas electorales presidenciales de México tienen serias falencias metodológicas – que, a mi juicio, deprecian significativamente su poder predictivo – y de que hay un porcentaje muy significativo del electorado (cerca del 30%) que aún está indeciso, me aventuraré avalando (un poco a regañadientes) la hipótesis electoral actualmente predominante en México: AMLO ganará la elección presidencial. Esta será la hipótesis que usaré más adelante.
En los últimos años ha aflorado con más fuerza en México lo que es una manifestación de su escaso nivel de desarrollo institucional: la industria del crimen organizado, que ha estado cooptando la institucionalidad política mexicana, fundamentalmente a nivel de municipios, especialmente en ciertos Estados de la República Mexicana. La historia político-institucional de México ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de dicha “industria”. En efecto, por una parte, la corrupción institucionalizada generada y amparada por el PRI durante más de 50 años (hasta que perdieran el poder presidencial, con la elección de Vicente Fox), siempre ha estado aliada a “su hermano mayor”: la ausencia de un verdadero «Estado de Derecho». La justicia en México se compra de acuerdo a la “ley de la oferta y la demanda”. Por otra parte, con la sola excepción del Gobierno de Felipe Calderón (2007-2012), el Estado Mexicano ha aplicado una política más bien permisiva hacia el narcotráfico y hacia los grupos de sicarios que le prestan protección. Fueron estos grupos de sicarios, inicialmente asociados a los cárteles de la droga, los que fueron nutriendo a través del tiempo estos altos índices de criminalidad política que se observan hoy en día en México. Para entender por qué ello ha sido así, es necesario detenerse un poco en cómo ha ido evolucionando la naturaleza de la violencia criminal en México.
El crimen organizado en México ha ido mutando en el tiempo hacia una verdadera «empresa sicaria multiproducto «, en que ya no sólo el narcotráfico exportador forma parte de su “modelo de negocios” – como era hasta unos años atrás- sino también el micro tráfico interno – con la consiguiente pugna por zonas territoriales entre los distintos cárteles de la droga y sus respectivos ejércitos de sicarios- , aunado al tráfico de armas, a la trata de personas, al tráfico de órganos, el tráfico sexual, y al tráfico de emigrantes. Como necesario complemento a lo anterior, estas verdaderas empresas de sicarios han tenido que, paralelamente, ejercer la extorsión: hacia las policías municipales, periodistas, alcaldes, diputados locales, jueces e incluso Gobernadores; en general hacia todos aquellos que puedan entorpecer sus “negocios”. En otras palabras, los carteles del narcotráfico han ido progresivamente “externalizando” a través de los años su protección, arrendando los “servicios” a grupos paramilitares civiles especializados, los cuales, con el correr del tiempo, formaron su “negocio criminal” aparte, en forma menos dependiente de los cárteles de la droga, diversificando así su quehacer criminal. De modo que ya no es tanto la coima lo que utilizan los narcotraficantes para consolidar su negocio, sino la amenaza creíble de muerte a todo aquél que se interponga en su camino, encargada a sus propios grupos de sicarios. Para estos, la protección a los cárteles de la droga es sólo uno de sus múltiples negocios, siendo las otras aristas criminales incluso más rentables.
Esta consolidación de una verdadera industria del crimen organizado en México ha degradado su institucionalidad democrática. Y lo peor es que no se detiene. Por el contrario, sigue creciendo y fortaleciéndose esta industria del crimen organizado. Y, con ello, sigue deteriorándose – progresiva y aceleradamente- el desarrollo institucional de México. Ser político se ha convertido en una profesión de alto riesgo en México. Y ni hablar de ser periodista, si éste “mete sus narices” en cuestiones que puedan afectar al crimen organizado. El número de candidatos asesinados (a regidores, a diputados locales, etc.) desde que se inició la campaña presidencial en Septiembre del año pasado, hasta inicios del mes de junio de este año, es de 107, y otros cientos han sido agredidos; y más de 115 políticos han recibido amenazas de muerte si no retiran sus candidaturas.
Por el momento, este fenómeno está circunscrito a la institucionalidad política (y policial) de carácter local, municipal, y está concentrada en algunos Estados. Pero con el tiempo ello puede extenderse hacia otros Estados y, aún peor, “subir” en la jerarquía institucional del Estado Mexicano.
Este es el contexto en que se da la próxima elección Presidencial de México.
Muy peligroso para la futura estabilidad política de México. Y también para su estabilidad económica y social, pues hace más probable que emerjan candidatos presidenciales populistas y mesiánicos que catalicen el descontento ciudadano a su favor. Este es el caso del candidato AMLO.
Hay tres problemas serios, me atrevería a decir, ante la inminente elección de AMLO como nuevo Presidente de la República de México. Los enumero, sin implicar priorización alguna. Primero, que AMLO ha planteado en su campaña electoral una política permisiva hacia esta industria del crimen organizado. Ello puede deberse a que no entiende bien la naturaleza, magnitud y gravedad de dicho problema, no quiere enfrentarlo, no sabe cómo enfrentarlo, o una mezcla de las anteriores. Es más, ha dado a entender una especie de amnistía para los criminales, cuestión que ha generado alarma en México. Piensa que el problema de la violencia en México se soluciona sólo mediante políticas sociales preventivas, y que la corrupción desaparecerá de la noche a la mañana cuando el pueblo vea que su Presidente no es corrupto, sino honesto. Segundo, AMLO tiene una postura en materia económica excesivamente populista. Para él no existen- o no importan- las restricciones presupuestarias del sector público.
Y posee un pensamiento muy crítico e ideologizado respecto del sistema capitalista, el cual aparentemente piensa sustituir por un sistema socialista de planificación centralizada, con una economía cerrada al comercio internacional. Los argumentos son los típicos: argumentos de tipo nacionalistas abogan por la no «dependencia del extranjero» en materia de alimentos y por la nacionalización de “empresas estratégicas”; trasluce un desprecio hacia la empresa privada, hacia las empresas multinacionales y hacia la inversión extranjera directa. Y una serie de otros argumentos, propios más bien de un socialismo trasnochado y nostálgico. Tercero, AMLO tiene ciertas características personales que son preocupantes: tiene ínfulas de mesías, es muy descalificador hacia todo aquél que píense distinto a él, tiene una personalidad autoritaria, y una gran ambición de poder. Y muestra claras inclinaciones totalitarias. En otras palabras, AMLO no es un demócrata propiamente tal. Ni tampoco lo es su partido político, MORENA.
Este tercer elemento resulta particularmente preocupante, toda vez que representa la materia prima esencial para las «dictaduras institucionalizadas» que, desafortunadamente, están de moda en latinoamérica. Esto es, regímenes que, si bien en sus orígenes son democráticos – el Presidente fue electo en un contexto democrático -el Presidente así electo utiliza la institucionalidad democrática para transformarla en una de carácter totalitario, sin una separación real entre los tres poderes del Estado, lo cuales terminan siendo íntegramente controlados por el poder ejecutivo.
Normalmente esto se materializa a través de un proceso de conformación de enclaves institucionales autoritarios. Uno de los “trucos” que se usan para ello es crear poderes “consultivos” paralelos con miembros de confianza exclusiva del Presidente que, ya sea de forma gradual (como lo estaba haciendo inteligentemente el ex Presidente Correa en Ecuador) o más abrupta y burda (caso de Nicolás Maduro en Venezuela, con su Politburó o “Asamblea Constituyente”), van asumiendo funciones de un poder legislativo y de otras instancias de la administración del Estado, bajo el disfraz de ser un poder popular asesor del Poder Ejecutivo.
Para ello estos Presidentes utilizan, como instrumentos, a mayorías parlamentarias transitorias, de suyo efímeras, y/o se valen de resquicios legales y/o de determinados vacíos constitucionales. A su vez, esos mismos instrumentos los utilizan para aprobar reformas constitucionales o “consultas populares” que le permitan al Presidente de la República re elegirse indefinidamente. Lo anterior se complementa con un proceso de eliminación del derecho a información y de la libertad de prensa, proceso éste que, utilizando los mismos instrumentos antes especificados, puede hacerse ya sea en forma paulatina a través de leyes (como lo estaba haciendo el ex Presidente Correa en Ecuador), o en forma abrupta mediante decretos Presidenciales (caso de Maduro, en Venezuela).
El círculo se cierra cooptando política y económicamente a las FFAA. Para ello, se les va incorporando a la gestión del Gobierno, ofreciéndoles participar en la superestructura del Gobierno (Ministerios, Subsecretarias, Direcciones) o en instituciones del Estado (empresas públicas “claves”, típicamente). De modo que, de esa forma, miembros activos de las FFAA van incrementando sus ingresos mensuales y se van identificando con “el proyecto” del Gobierno. Y, para mayor “seguridad militar”, se van implementando órganos especiales de inteligencia y de “protección Presidencial” diseñados por y para el Presidente. Lo anterior a veces se complementa con grupos civiles paramilitares fuertemente equipados y preparados, de confianza exclusiva del Presidente, fundamentalmente como contrapeso ante eventuales “descontentos militares”, pero también para reprimir cualquier protesta de los opositores (caso Venezuela). De esta manera, el Presidente de la República se transforma, de facto, en un «dictador institucionalizado».
Y una vez que se transforma en ello, las dictaduras tradicionales y las dictaduras institucionalizadas se tornan indistinguibles entre sí. Ambos tipos de dictaduras son regímenes totalitarios esencialmente equivalentes. Por cierto, los dictadores institucionalizados pueden simular “actos democráticos”, tales como consultas populares, referéndum, o elecciones. Por supuesto que todas ellas siempre darán resultados favorables para el Gobierno, pues éste controla los órganos y tribunales electorales, los medios de comunicación, puede extorsionar si es necesario, encarcelar a opositores, o lo que le resulte conveniente: ningún dictador se inmola mediante el sufragio universal. En la actualidad, el caso de Venezuela es el ejemplo paradigmático en América Latina.
Este es, estimo, un riesgo muy importante del cual no estaría totalmente exento México con AMLO como Presidente, más todavía si AMLO lograra controlar el Congreso. La institucionalidad democrática de México es muy débil- y se debilitaría aún más si no hay una política para combatir el crimen organizado- y no está blindada contra una dictadura institucionalizada.
