Opinión
Aunque la «cultura general» sobre este tipo de materias ha aumentado significativamente en los últimos años (y lo hará mucho más cuando los millennials sean mayores), todavía parece prudente prevenir lo siguiente: invitar a reflexionar sobre la conveniencia o inconveniencia de mantener la criminalización del comercio de medicamentos y drogas actualmente ilegales, nada tiene que ver con simpatizar ni con promover su consumo. Del mismo modo como nadie debiera ser considerado «promotor» de la promiscuidad, por oponerse a la lapidación de mujeres adúlteras. Los problemas sociales complejos debemos tratarlos en forma responsable, realista, desprejuiciada, proponiendo medidas que de verdad sirvan para avanzar en el camino que queremos. Frente a políticas criminales que han demostrado ser tan dañinas como costosas y poco efectivas, parece al menos razonable cuestionarnos si la disminución del consumo de drogas no podría enfrentarse de mejor manera tratándolo como un problema de salud pública y de educación, más que como un problema policial.
Por alguna extraña razón, las estadísticas muestran que los hombres cometemos muchos más delitos que las mujeres. En todo tiempo y lugar.
Hipótesis hay muchas: la agresividad biológicamente determinada por la testosterona (incidiendo también en los rangos de edad), los malos hábitos que a lo largo de milenios nuestros ancestros nos han permitido adquirir, o sencillamente, un exceso de protagonismo incluso en estos ámbitos de la vida, entre muchas más.
Nada cambia esta macada tendencia el hecho de que hayan existido delitos que solo pueden ser cometidos por mujeres (algunos tipos de adulterio, envenenamiento, ciertas modalidades de denuncia y desacato), o más contemporáneamente, que existan delitos que proporcionalmente criminalizan mucho más a mujeres que varones.
Analicemos el caso de Chile.
La población penal femenina no alcanza al 10% del total, con pocas variaciones en el tiempo.
Pero si indagamos en las razones por las mujeres son encarceladas, la sorpresa es más grande: casi la mitad de la población penal femenina nacional lo está por micro tráfico de drogas.
El impacto directo de la ley 20.000 en la criminalización de la mujer fue brutal.
Antes de ella, el número de mujeres encarceladas nunca superó las 1.500. Desde que dicha ley fuese promulgada, el año 2005, se observó un fuerte incremento anual de condenas efectivas, estabilizándose en una cifra que en la actualidad afecta a cerca de 4.000 mujeres. http://www.prisonstudies.org/country/chile https://html.gendarmeria.gob.cl/doc/vgenero.pdf
[cita tipo=»destaque»]Pero es precisamente a estas personas a quienes es necesario recordarles que la «pasada por la prisión» dejará, muchas veces para siempre, a miles de mujeres en una condición de marginalidad y vulnerabilidad (alejamiento de hijos, amigos, parejas, dificultades para conseguir empleo, etc), lo que sumado a los vínculos y conocimientos que en dichos centros se adquieren (las cárceles son los lugares con mayor cantidad de antisociales por metro cuadrado del planeta), hace posible pensar que este tipo de política criminal se traduce, en la práctica, en una efectiva campaña de fomento de la delincuencia, focalizada en mujeres de bajos ingresos. Ello, sin considerar los niños van a parar al Sename, por causa de la encarcelación de sus madres (más del 80% de las reclusas son madres). [/cita]
Desgraciadamente, los estudios necesarios para un mejor análisis de esta temática aún son escasos, y muchas de las cifras que disponemos parecen incompletas o levemente contradictorias. Adicionalmente, resulta difícil analizar estas problemáticas más allá de eslóganes, encontrando rechazo a cualquier nivel cuestionamiento y reflexión en todos los sectores políticos.
Pero es precisamente a estas personas a quienes es necesario recordarles que la «pasada por la prisión» dejará, muchas veces para siempre, a miles de mujeres en una condición de marginalidad y vulnerabilidad (alejamiento de hijos, amigos, parejas, dificultades para conseguir empleo, etc), lo que sumado a los vínculos y conocimientos que en dichos centros se adquieren (las cárceles son los lugares con mayor cantidad de antisociales por metro cuadrado del planeta), hace posible pensar que este tipo de política criminal se traduce, en la práctica, en una efectiva campaña de fomento de la delincuencia, focalizada en mujeres de bajos ingresos. Ello, sin considerar los niños van a parar al Sename, por causa de la encarcelación de sus madres (más del 80% de las reclusas son madres).
La sala Penal de la Corte Suprema ha adoptado algunas decisiones que han permitido morigerar parcialmente esta situación, anulando, desde hace algún tiempo, y por vicios estrictamente legales, buena parte de las condenas por microtráfico de marihuana. Aunque ello también constituye una poderosa señal a los fiscales, esta lejos de poder ser considerada una política de fondo. Estas materias merecen un análisis mucho más serio, abierto y de cara al país.
Desde ya, las universidades deberían promover más estudios multidisciplinarios sobre el impacto real de cada política criminal. Y parece especialmente oportuno hacerlo frente a aquellas situaciones que afectan tan marcadamente a mujeres. (Los hombres encarcelados por drogas con cerca de 8.000, pero considerando que hay muchos más presos varones (relación 1:11), podemos decir que la ley 20.000 impacta a las mujeres con varias veces más dureza).
El catálogo de argumentos en favor de la despenalización de las drogas es contundente y bien conocido. Las razones para mantener el status quo también. Pero lo que es mucho más interesante, es cómo un simple cambio de perspectivas puede provocar efectos tan significativos en la realidad social y en la cultura.
En septiembre de 1973, por ejemplo, la Asociación de Psiquiatría Americana publicó la segunda versión del Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales (DSM), dejando por primera vez a la homosexualidad fuera de la lista de «desviaciones sexuales». El célebre psicólogo Paul Watzlawick sostuvo que esta decisión editorial fue el acto terapéutico más grande de la historia humana, pues permitió a millones de personas pasar, literalmente de un día para otro, a la categoría de “no enfermas”.
En materia de criminalización por comercio de drogas, y quizá en varios ámbitos más, un simple cambio de la perspectiva legal (y de la efectividad de las políticas de prohibición) puede lograr un efecto similar.
Aunque la «cultura general» sobre este tipo de materias ha aumentado significativamente en los últimos años (y lo hará mucho más cuando los millennials sean mayores), todavía parece prudente prevenir lo siguiente: invitar a reflexionar sobre la conveniencia o inconveniencia de mantener la criminalización del comercio de medicamentos y drogas actualmente ilegales, nada tiene que ver con simpatizar ni con promover su consumo. Del mismo modo como nadie debiera ser considerado «promotor» de la promiscuidad, por oponerse a la lapidación de mujeres adúlteras.
Los problemas sociales complejos debemos tratarlos en forma responsable, realista, desprejuiciada, proponiendo medidas que de verdad sirvan para avanzar en el camino que queremos. Frente a políticas criminales que han demostrado ser tan dañinas como costosas y poco efectivas, parece al menos razonable cuestionarnos si la disminución del consumo de drogas no podría enfrentarse de mejor manera tratándolo como un problema de salud pública y de educación, más que como un problema policial.
No deja de llamar la atención que el ex Presidente Lagos participe hoy en una cruzada mundial para avanzar en este sentido, en circunstancias que la ley 20.000 lleva su firma. Aunque a nivel mundial, abundan los ejemplos similares: Gustavo de Greiff, por ejemplo, primer Fiscal de Colombia, y responsable del encarcelamiento y desmantelamiento de la organización de Pablo Escobar, ha dedicado parte importante de sus últimos años a generar conciencia del fracaso de la mal llamada «guerra contra las drogas». Gente Seria.
