El Poder Judicial puertas adentro

La construcción de un Poder Judicial autónomo, profesional y de fuerte carácter republicano, es todavía una tarea pendiente en el país. Funciona con relativa fluidez, pero cada vez más se ve envuelto en el ambiento enrarecido de la crisis institucional del país. Lo han dejado en claro los propios ministros de la Corte Suprema con sus reacciones y argumentos ante la reciente acusación constitucional en contra de tres de sus miembros, la que finalmente fue rechazada. Pero también se nota en la seguidilla de hechos inoportunos que, de tanto en tanto, producen magistrados en diversos niveles, actuando no solo en su carácter de jueces sino en ámbitos tan disímiles como actividades gremiales, comparecencias ante otros poderes del Estado o simples declaraciones a la prensa sobre lo que piensan o hacen.

Justo es decir que tal retraso está perfectamente correspondido por el Poder Ejecutivo, principalmente los presidentes de la República y los ministros de Justicia, que por regla general llegan a administrar el llamado sector Justicia, sin una noción medianamente acabada de lo que quisieran hacer, excepto en lo que respecta a administrar cargos, instituciones y gastar presupuestos.

El último gran esfuerzo nacional en el sector Justicia –ampliamente debatido– fue el cambio del procedimiento penal. Pero incluso en este caso, analizado durante años, sus resultados eran visualizados instrumentalmente por algunas autoridades –entre ellas, el propio Presidente Ricardo Lagos– como un avance “en la prevención y control de la delincuencia”. La implementación práctica del proceso, en gran medida, quedó entregada a la superintendencia de una Corte Suprema cuya mayoría de jueces no confiaba en el nuevo sistema y, peor aún, administrada materialmente en cuanto a inversiones e infraestructura, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un organismo sin calidad ni control adecuados.

El resto de los procesos de ajuste, tanto en materia de jurisdicciones (familia, laboral, del trabajo) y el paso al sistema de litigación electrónica, ha sido hecha en los años siguientes a trompicones. En ello se han mezclado multimillonarias inversiones en infraestructura en todo el país –que debieran ser auditadas exhaustivamente–, junto con la introducción de magistraturas colegiadas y procesos de articulación con otros entes del sector justicia, como es el Ministerio Público, y con tribunales especiales compuestos por abogados y legos.

[cita tipo=»destaque»]El último gran esfuerzo nacional en el sector Justicia –ampliamente debatido– fue el cambio del procedimiento penal. Pero incluso en este caso, analizado durante años, sus resultados eran visualizados instrumentalmente por algunas autoridades –entre ellas, el propio Presidente Ricardo Lagos– como un avance “en la prevención y control de la delincuencia”. La implementación práctica del proceso, en gran medida, quedó entregada a la superintendencia de una Corte Suprema cuya mayoría de jueces no confiaba en el nuevo sistema y, peor aún, administrada materialmente en cuanto a inversiones e infraestructura, en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, un organismo sin calidad ni control adecuados.[/cita]

Antes que lamentarse públicamente de que un grupo de parlamentarios acuda a un procedimiento, la acusación constitucional, perfectamente consagrado en la ley y ante el cual el deber de la CS es hacer los descargos y presentar los argumentos en la sede pertinente, un grupo no menor de magistrados se dedicó a hacer declaraciones por la prensa y lobby político, denotando el “peligro para el Estado de derecho”.

Otro grupo no menor de abogados, todos litigantes ante los tribunales y cortes del país, miembros de connotados estudios jurídicos, hacían circular listas y publicaciones de prensa con su adhesión al Estado de derecho y su apoyo a la Corte Suprema. La mayoría con tíos, primos, hijos, señoras y parentela en general vinculada al escalafón secundario del Poder Judicial, léase archiveros, notarios, conservadores y un largo etcétera, y con litigios de causas fundamentales hasta el día antes y desde el día después del apoyo.

El incidente de la acusación constitucional ha servido para poner sobre la mesa la profunda incultura política en materia de Poder Judicial en Chile y la evidencia de que cada vez más la incertidumbre jurídica empieza a ser otra sombra en la institucionalidad.

Ello, mucho más allá de si corresponde o no un beneficio carcelario a un reo de delitos de lesa humanidad, si la media prescripción de un delito imprescriptible es un contrasentido jurídico, o si la Corte Suprema completa ha incumplido el artículo 5 de la Constitución al no hacer jamás el control de convencionalidad. Todos, temas por cierto que merecen un debate serio y profundo.

Queda en evidencia que el país requiere de instrumentos institucionales adecuados sobre los cuales apoyar las reformas. Por ejemplo, en materia judicial, de un Consejo Superior de la Magistratura que administre profesional e institucionalmente el Poder Judicial y vele por su gestión proba, profesional y diligente. La Corte Suprema ha quedado superada por los hechos de las últimas semanas y ya no es el organismo que puede impulsar los cambios, al menos no con su estructura actual.

Por otra parte, también se debe pensar en un Consejo Nacional del Ministerio Público que desempeñe una tarea similar a la anterior, habida consideración de las dificultades de investigación y acusatorias que exhibe el Estado.

Por su parte, como un simple abrebocas administrativo, el Ministerio de Justicia no debe administrar de manera tan errática servicios como Gendarmería o Sename, o nombrar sin más –tampoco aceptar que integren ternas o quinas funcionarias provenientes del Poder Judicial– a esposos, hijos, nietos y parientes directos o colaterales de gente que está en dicho poder del Estado, hasta un grado que garantice la independencia en cargos de notarios, archiveros o conservadores en el sistema judicial.