Los 120 días del gobierno de Bachelet

Transcurridos ciento veinte días de instalado el gobierno de Michelle Bachelet, parece un tiempo suficiente para analizar su diseño político, tanto en sus fisuras como sus aciertos. El acierto más importante está en la capacidad de iniciativa política y la celeridad para tomar el control de la agenda. Las fisuras, en la ausencia del diseño comunicacional fino que requería una agenda con dos reformas complejas, como las de educación y tributaria, y la fragmentación parcial de su coalición, que afecta la solidez de su desempeño parlamentario y abre un campo de disidencia interna que deja en crudo al poder presidencial como sostén del proceso.

Bachelet conoce perfectamente las urgencias de un gobierno corto de cuatro años y sabe que es necesario controlar al detalle los ritmos. En su primer ejercicio, un tema no previsto como fue la revolución pingüina prácticamente le ocupó más de un año de su agenda.

Sin embargo, este acierto inicial se ha ido llenando de ripios porque sorprender semana a semana con nuevas iniciativas no sólo termina agotando a los adversarios sino también desperfilando los intereses propios, y es lo que ha empezado a ocurrir, haciendo aparecer fisuras en el diseño.

El gobierno ha experimentado un retroceso político en la adhesión ciudadana a sus reformas principales, y ha debido redoblar sus esfuerzos y desplegarse en campaña con sus ministros a través de todo el país.

Las dificultades de la cartera de Hacienda fueron el resultado casi natural de una mala evaluación previa de lo que políticamente implica debatir impuestos en cualquier sociedad. Al inicio del gobierno, tanto en esferas oficiales como en la prensa especializada, se daba por descontado un consenso implícito sobre la Reforma Tributaria y su aprobación con ajustes menores. El acuerdo sobre su necesidad sigue existiendo, pero, a poco andar, se hizo evidente que el gobierno perdía fuerzas, pues los debates se trasladaron al campo de la opinión pública, con íconos políticos como la clase media, el ahorro o el empleo. La oposición técnica de la derecha y grupos empresariales al proyecto tomó fuerza social. Un panfleto publicitario activó más ese debate, y el gobierno ha debido extremar –en medio de fuego amigo– los esfuerzos para llegar al punto de encauce en que actualmente se encuentra la reforma.

[cita]Las críticas dentro del oficialismo indican que el modelo de consulta y de decisiones al interior de él funciona de manera vertical, lo que provoca el malestar entre parlamentarios y líderes regionales. El perfil unipersonal del liderazgo gubernamental, expresado en una Presidencia fuerte, le baja totalmente el perfil al papel de los partidos de la Nueva Mayoría, y no es impensable a mediano plazo un reordenamiento coalicional en el sistema político chileno.[/cita]

Algo similar ha ocurrido con la Reforma Educacional. La locuacidad metafórica del ministro del ramo, se unió a aspectos insuficientemente meditados y madurados, que han terminado enredando el debate en elementos incluso secundarios. La discusión inmobiliaria es el ejemplo más palpable, frente a la ausencia total de un debate serio sobre qué se entiende por calidad educativa.

Nadie duda de la necesidad de una reforma educacional en el país, tanto en educación general como universitaria, pero la carencia de hitos técnicos y operativos clarificadores, e incluso la ausencia de un sentido de proceso para esa reforma, han empañado esa convicción. La existencia de una oposición difusa a los proyectos del gobierno por parte de empresarios, gremios y organizaciones de apoderados en el nivel general, principalmente de colegios particulares subvencionados, ha hecho que este acceda a una ley corta, artefacto legislativo de invención chilena para salir de un pantano. En este caso, implica inyección financiera bajo el mismo sistema que se pretende cambiar.

En el ámbito universitario, el pronóstico es todavía más complejo, pues el gobierno tiene menos instrumentos de regulación y los poderes corporativos son aun mayores y con fuertes lazos transversales al mundo político. El administrador provisional, figura que pretende instalar la idea de garantía estatal al contrato educativo de las universidades privadas, es un lazo de seda para un sistema altamente cuestionado por el lucro y la mala calidad.

Es posible que la opacidad o inexperiencia del gabinete hayan exacerbado la situación. Pero es evidente que la envergadura misma de las reformas, que obligaba a un diseño más fino, tanto técnico como político, es la principal fuente de tensiones. Principalmente porque sobrecarga un sistema político que venía presentando fuertes dificultades de articulación entre partidos y una clara señal de fraccionamiento político.

Esta última circunstancia pudiera, en general, parecer una ventaja, puesto que le abre al oficialismo una cantera de posibilidades de acuerdos para avanzar en su agenda. Sin embargo, dado el peso de las reformas, el ambiente de cambio constitucional y los procedimientos legislativos de altos quórums, ella puede perfectamente resultar en un pantano, pues alcanza tanto a la oposición como al oficialismo, y ha abierto las compuertas de la disidencia en la Nueva Mayoría.

Las críticas dentro del oficialismo indican que el modelo de consulta y de decisiones al interior de él funciona de manera vertical, lo que provoca el malestar entre parlamentarios y líderes regionales. El perfil unipersonal del liderazgo gubernamental, expresado en una Presidencia fuerte, le baja totalmente el perfil al papel de los partidos de la Nueva Mayoría, y no es impensable a mediano plazo un reordenamiento coalicional en el sistema político chileno.

En tales circunstancias, no sólo el peso político de las reformas aumenta sino que se hace más dificultoso ordenar las prioridades y juntar los votos. Si no se cumple el requerimiento esencial del poder político de un gobierno de ser lo más homogéneo posible en su ejercicio, aumenta el peso político de grupos radicales minoritarios y se dificultan las posibilidades de acuerdos y consenso.

El ambiente de legitimidad que ha adquirido el debate sobre una nueva Constitución terminará siendo un aliciente al rediseño del sistema político, y completa un tridente de problemas de enorme envergadura. Esto último, va más allá del cambio del binominal y apunta a superar la crisis de representación política que tiene el país con una nueva distribución del poder político entre sus regiones. Y ello involucra no sólo a parlamentarios sino también al nacimiento de gobiernos regionales en forma y una nueva administración política del Estado, por lo que el cambio al binominal debe ser consistente con este criterio y no solamente la búsqueda de un efecto político como aparece hasta ahora.