EDITORIAL
Las 150 propuestas del gobierno en materia de seguridad en realidad son mucho más de lo mismo. Más allá del error inicial de poner a la cabeza del Sistema de Inteligencia del Estado, un organismo cuyas siglas son CNI, el problema de fondo es que promete una nueva “institucionalidad difusa” que carece de competencias claras y de responsabilidad. Además, queda la sensación que el Gobierno solo se jugó una carta comunicacional, sin solucionar el problema más acuciante: las organizaciones criminales al interior de Carabineros.
El 19 de julio el Presidente Sebastián Piñera hizo entrega de 150 propuestas para mejorar las políticas públicas de seguridad ciudadana, resultado de una amplia y transversal comisión convocada a sentar las bases de un Acuerdo Nacional respecto de lo que el gobierno calificó como “la principal preocupación y prioridad de los chilenos”. En ella convergieron, además de representantes de organismos del Estado, miembros de todos los partidos políticos, desde el Frente Amplio hasta la UDI, aunque a título personal.
El requerimiento del gobierno a la comisión fue trabajar enfoques y propuestas en tres ámbitos: modernización y fortalecimiento de las policías; Sistema de Inteligencia del Estado y medidas de fortalecimiento de la seguridad pública. ¿El resultado? Algo que se puede calificar sin exagerar como mucho más de lo mismo.
Las 150 propuestas del gobierno, aun teniendo aspectos positivos en cuanto a ser un intento más amplio y sistemático que lo habitual en el tema, y corresponder a un razonamiento conjunto entre civiles y profesionales del sector, en realidad no produjo nada novedoso. Es un informe auto contenido en los temas más agudos y que en su nomenclatura comunicacional incurre en la equivocación de poner a la cabeza del Sistema de Inteligencia del Estado y pegado al Presidente, un organismo cuyas siglas son CNI: Consejo Nacional de Inteligencia. Un error que ya se ha anunciado que se corregirá.
Si se reflexiona el contenido de las medidas y se las contrasta con el diagnóstico que existía al momento de la convocatoria de la comisión, se verá que ellas prácticamente omiten la gravedad de la corrupción al interior de Carabineros.
Del total de medidas, 71 se refieren a Carabineros. En ellas abundan los verbos en tiempo futuro como por ejemplo “se implementará”, “se mejorará”, “se realizará”, es decir, toda una promesa de cursos administrativos y de elaboración de proyectos de ley, que carecen del sentido de urgencia sobre el manejo policial. Nada sobre la creación de una superintendencia o auditoría externa especializada en administración financiera que intervenga las actuales cuentas de Carabineros. Ni tampoco un anuncio sobre una carrera continua de ingreso y perfeccionamiento, basada en un mismo sentido ético de la profesión en todos los grados de ella, sino que se persevera en la formación estamental de oficiales y tropa, en detrimento de la verdadera vocacional policial.
Un sistema permeado de arriba hacia abajo y con verdaderas asociaciones ilícitas operando en su interior, no se puede recomponer por dentro y en la misma línea de mando y, además, recargarla de mejoras administrativas, nuevos ciclos de tarea y Planes Estratégicos, sin verificar a fondo su salud funcionaria. Un párrafo decidor de lo entregado por el Presidente señala: “Sin embargo, es ineludible hacerse cargo de las alertas que nos plantean recientes casos de alta preocupación y connotación pública, como el “Caso Fraude” y la denominada “Operación Huracán”, ambos hechos de la mayor gravedad y que merecen la condena de todo el país, en los que participaron ex miembros de Carabineros, así como funcionarios entonces en servicio activo”. Su redacción constituye una exculpación y un dar vuelta la página sobre los delitos cometidos que apuntan a la vida misma de la institución: las finanzas y la inteligencia para operaciones estratégicas.
Hacerse cargo de ello de verdad -lo que no se anuncia- implicaría al menos paralizar la gestión financiera interna de la institución, tal como está, y externalizarla a un auditor-interventor responsable, por tiempo indefinido y hasta que se normalice, bajo nuevos estándares de autonomía administrativa. La solución en materia de inteligencia es más difícil y no puede ser otra –lo que tampoco se anuncia- que la intervención directa a partir de componentes actuales del Sistema de Inteligencia del Estado.
Por otro lado, en la lista de promesas y más allá de lo estrictamente policial, existe la creación de nueva “institucionalidad difusa” que carece de competencias claras y de responsabilidad, participa de decisiones como oyente u opinante en temas que pueden ser incluso reservados o secretos, sin mayor concepción orgánica.
Según la Propuesta 72 se creará el CNI (Consejo Nacional de Inteligencia) que dependerá directamente del Presidente de la República, no dice quien lo coordinará, poniendo así al mismo nivel a todos sus componentes. Luego (Propuesta 73) plantea la creación de un Comité de inteligencia con los jefes de los servicios, donde agrega el servicio de Aduanas y Gendarmería de Chile, y como “informantes” a la Unidad de Análisis Financiero, UAF y al Servicio de Impuestos Internos. Todo de tono menor excepto en el aumento de facultades fiscalizadoras en inteligencia para la Cámara de Diputados.
El mayor control sobre la tenencia e inscripción de armas se orienta básicamente a la tenencia de armas en manos de privados y poco dice del control de las armas del Estado, es decir aquellas pertenecientes a los arsenales de guerra u otras, ejemplares de las cuales ya se han detectado en manos de bandas de narcotraficantes.
Sin perjuicio que debe hacerse un seguimiento de estas propuestas y un análisis más pormenorizado de su devenir legislativo, queda la sensación que el Gobierno solo se jugó una carta comunicacional, con promesas que le permiten afirmar que está gobernando la seguridad pública, cuando en verdad todavía no soluciona el problema más acuciante: las organizaciones criminales al interior de Carabineros.
