De ellos, cuatro se vinculan a acciones emprendidas por funcionarios de Gobierno: el veto de la presidenta del CDE a un periodista de El Mercurio; la expulsión de Chile de un comunicador catalán; las restricciones a la transmisión del discurso presidencial del 21 de mayo y la idea de los asesores del «segundo piso» de La Moneda de limitar la cobertura de las actividades del Presidente Lagos.
El Comité Pro Defensa Ciudadana identificó diez episodios atentatorios de la libertad de expresión ocurridos en Chile durante el 2002. De ellos, cuatro corresponden a medidas decretadas o promovidas por funcionarios de Gobierno, mientras que cinco se vinculan a acciones iniciadas en los tribunales de Justicia. Un caso, en tanto, surgió de decisiones adoptadas en el Parlamento.
La organización sostiene, sobre la base de estos antecedentes, que «los tres poderes del Estado demostraron durante el año poco aprecio y valoración al derecho a la libertad de expresión». Así, sostiene que «los avances logrados por Chile durante el año (como la derogación de la censura cinematográfica y la aprobación en primer trámite de la ley que deroga la figura del desacato, contemplada en el Código Penal) han sido opacados por reiterados ataques provenientes de ciertas autoridades y funcionarios públicos que no parecen comprender que el país y la ciudadanía ya no tolera el abuso de poder, la falta de transparencia y la corrupción».
Las limitaciones del Gobierno
Los tres casos en que se identifica al Ejecutivo o sus órganos dependientes como autores de los atentados corresponden a la expulsión de Chile del periodista catalán Marc Serra I Torrent, la prohibición de ingreso a las dependencias del Consejo de Defensa del Estado de un periodista del diario El Mercurio, las limitaciones impuestas por la Secretaría de Comunicación y Cultura (Secocu) en la transmisión del discurso presidencial del 21 de mayo, y las restricciones ideadas por personeros del «segundo piso» a la cobertura periodística de las actividades presidenciales.
En el primer caso, se trató, según sostiene el informe, de una medida contra un periodista extranjero que cubría el conflicto mapuche en el sur del país y que las autoridades nunca explicaron. «No dieron a conocer las razones que justificaron la medida. El periodista denunció que se lo culpó de actos violentistas en la zona, lo que él aseguró que no tenía fundamento ni prueba. Ni durante, ni después de su detención se lo culpó de ningún delito», recalca el Comité Pro Defensa Ciudadana.
Respecto a la medida decretada contra el periodista de El Mercurio, Roberto Schiattno, el informe llamó la atención respecto a la expulsión de las dependencias del CDE que hiciera la presidenta del organismo, Clara Szczaranski, una vez el profesional había terminado de cubrir una conferencia de prensa. Destacó, en todo caso, el pronunciamiento inmediato del vocero de Gobierno, Heraldo Muñoz, quien «insistió que el pluralismo significa distintos puntos de vista y la cobertura que los medios deseen tener sobre los asuntos públicos», agregando que el Ejecutivo «no veta ni vetará y tiene que abrir las puertas a los miembros de la prensa».
También llamó la atención del Comité la orden dada por la Secretaría de Comunicación y Cultura (Secocu), a los canales de televisión en el marco de los preparativos de la transmisión del discurso presidencial del 21 de mayo. «La Secretaría ordenó suspender la señal televisiva a los canales que no lo transmitieran en forma íntegra y sin intervención alguna al aire, lo que se tradujo en que las estaciones televisivas no podían transmitir los disturbios y las protestas que se sucedían en las inmediaciones del Congreso Nacional mientras el Presidente Lagos efectuaba su cuenta pública», bajo amenaza de suspensión de la señal a los infractores.
Finalmente, la organización incorporó en su balance del 2002 el episodio protagonizado por los asesores del «segundo piso» que impusieron «fuertes restricciones a la prensa para cubrir las vistas a terreno del presidente Ricardo Lagos», medida que concitó el rechazo de todos los sectores y que, producto de ello, fue suspendida unas horas después.
En tribunales: Yánez, Cecilia, Claude y periodistas
En lo que dice relación con limitaciones a la libertad de expresión emanadas de los tribunales de Justicia, el informe destaca en primer lugar el caso del panelista del programa El Termómetro, Eduardo Yáñez. «Promulgada la nueva Ley de Prensa, el día 15 de enero fue procesado y encarcelado por la figura de desacato a raíz de un requerimiento presentado por el Pleno de la Corte Suprema».
El máximo tribunal se querelló contra el panelista luego que se refiera con duros términos a la labor de la justicia en momentos que se ventilaba el fracaso de las pesquisas en Alto Hospicio y luego que se conociera la absolución de Eva Sánchez en una investigación por la muerte de su hijo producto de maltrato intrafamiliar.
El informe preparado por el Comité incorpora también el caso de la periodista de Las Últimas Noticias, Giglia Vaccani, quien fue detenida por efectivos de Investigaciones tras publicar un reportaje sobre redes de narcotráfico que operaban en Providencia. La detención se produjo a raíz de una resolución judicial dictada por el 17° Juzgado del Crimen de Santiago, quien procesó a la periodista por violación del secreto de sumario en virtud de la Ley de Drogas. La profesional recuperó su libertad luego que el auto de procesamiento fuera anulado en tribunales superiores.
Luego se introducen casos como la orden de incautar el libro que abordaba la biografía de la cantante Cecilia, que la artista consideró injurioso y recurrió ante la justicia para que se adoptaran medidas preventivas; la querella por injurias y calumnias contra director de Chilevisión, Alejandro Guiller, anunciara el diputado Maximiano Errázuriz tras un reportaje emitido por esa estación que lo acusó ausencias reiteradas al Parlamento (el diputado había presentado licencia médica, hecho que no constató el programa); y la querella por injurias del senador Andrés Zaldívar por declaraciones en su contra efectuadas por el presidente de Terram, Marcel Claude, quien afirmó que el parlamentario debía inhabilitarse de votar la Ley de Pesca ya que él y su familia tenían acciones en la pesquera Eperva. Estos tres casos se encuentran actualmente en desarrollo.
El Parlamento
Por último, el informe del Comité Pro Defensa Ciudadana identifica un hecho protagonizado Cámara de Diputados, en su ámbito institucional. Se trata de la prohibición que decretó la comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados en torno al ingreso de periodistas a ciertas dependencias del Congreso Nacional.
«Las restricciones contemplaban elevar solicitudes con dos semanas de anticipación para cubrir las actividades de la Cámara. Además, para ingresar los periodistas tendrían que entregar una carta firmada por el jefe del medio en la que se detallara el tiempo de permanencia en el recinto y el tema del reportaje». Las disposiciones recibieron un rotundo rechazo por parte de la prensa y el Foro por la Libertad de Expresión presentó un recurso de protección ante tribunales, el que fue acogido. «Si bien la Comisión finalmente modificó su idea inicial, igualmente acordó mantener algunas restricciones que enturbian la transparencia que debiera tener un parlamento típico», concluye el informe.
Logros y desafíos
El Comité Pro Defensa Ciudadana destacó también los hechos positivos del 2002. Se cuenta entre ellos, como se ha dicho, la eliminación de la censura cinematográfica.
Según el informe, «éste fue el principal avance en materia de libertad de expresión del año», pero pone igualmente el acento en el hecho de que se limita la exhibición por televisión abierta de escenas extremadamente violentas, «lo que da espacio para instalar la censura en TV».
Según la organización, el año 2003 espera como gran logro en materia de libertad de expresión la promulgación de la ley que deroga la figura del desacato del Código Penal, despenalizando la crítica a autoridades como el Presidente de la República, el Parlamento y los tribunales superiores de Justicia.
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