Aunque los ministros Muñoz y Juica también otorgaron en su momento permiso para que Corbalán fuera a Papudo y Ferrer Lima pudo incluso volar un avión, el contexto es oportuno para impulsar cambios que incluirían también el fin de la reclusión en recintos militares y el pago institucional a los abogados.
"Parece que ahora sí se viene fuerte". Eso comentan en diversos círculos respecto a la posibilidad que los militares vinculados a violaciones a los derechos humanos dejen de tener privilegios tales como reclusión en recintos castrenses que más asemejan lugares de descanso, permisos de salidas y abogados costeados por el Ejército.
Son varios los hechos que confluyen para sustentar esta hipótesis. Ahí están los recorridos de La Pochi por el hospital de la FACH, lugar en el que permaneció en prisión preventiva por unas semanas, hasta que ayer, tras una ardua polémica, fuera trasladada al regimiento de artillería antiaérea de Colina.
También, las escapadas de Álvaro Corbalán a Papudo y el proyecto de ley que termina con la posibilidad de que los miembros de las fuerzas armadas en retiro y activos cumplan prisión en recintos castrenses en tiempos de paz.
Pero, por sobre todo, está la carta que el comandante en Jefe del Ejército enviara a La Tercera, en la que sintetiza la distancia tanto del golpe militar como de la figura de Augusto Pinochet tomada durante su período al mando de esa institución.
Aunque los privilegios a los militares no son un tema nuevo ni poco sabidos, el contexto entrega la oportunidad más cierta que ha existido durante la democracia para impulsar modificaciones legales y adoptar nuevas posturas institucionales tendientes a normalizar la situación. En eso coinciden abogados de derechos humanos. Eso temen, por su parte, quienes están vinculados a los militares en este tipo de procesos.
Permisos de antigua data
De que lo de las salidas no son cosa nueva dan cuenta numerosos casos. Sólo Corbalán ha gozado ya otras veces de la posibilidad de visitar su casa de Papudo, en permisos concedidos por el ministro del caso Tucapel, Sergio Muñoz, y el magistrado que investigó inicialmente la Operación Albania, Milton Juica, hoy miembro de la Corte Suprema.
Aunque efectivamente a veces los permisos responden a razones humanitarias que incluyen, por ejemplo, la asistencia al funeral de un familiar, otras oportunidades se vinculan a diligencias particulares que no pueden ser efectuadas por otras personas, como la necesidad de concurrir a un banco a arreglar problemas financieros.
La posibilidad de conceder permiso de salida depende del criterio del juez, que debe estar ajustado a la legalidad vigente. Y en el criterio del juez influye, claro está, la colaboración que preste el procesado en la causa.
De ahí que en fuentes vinculadas a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos se sostenga que la salida de Corbalán a Papudo tiene que ver con testimonios que el ex militar, procesado y acusado en calidad de coautor de los doce homicidios perpetrados en el marco de la llamada Operación Albania, ha brindado en este proceso u otros vinculados.
En todo caso, el ministro Hugo Dolmestch, quien otorgó este último permiso de salida, dijo ayer que ello se debió a la realización de "una diligencia que estaba en el proceso y que ya se cumplió". El magistrado declaró que el hecho no tenía nada de irregular y precisó que la diligencia "se trataba de traer un documento especial" y que "era necesario que él fuera porque él era quien lo iba a aportar".
Dolmestch precisó que no tenía conocimiento respecto al almuerzo en Club de Yates de Papudo, que efectivamente, como publicó La Nación, ocurrió. En igual sentido se pronunció el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, quien dijo "no constarme fehacientemente" el hecho.
Ahora el Ejército, a pesar de la declaración pública donde sostiene que la salida de Corbalán se produjo en el marco de una autorización judicial, está complicado con el tema, sobre todo por el atraso en la hora de llegada del ex militar al regimiento de Telecomunicaciones. "Es un tema de imagen", sostienen cercanos a la institución.
Pero lo cierto es a algunos miembros del Ejército tampoco les agrada tener que custodiar la salida de los militares desde sus recintos de reclusión hacia lugares públicos, sobre todo porque los efectivos del Batallón de Policía Militar (BPM) que realizan este tipo de operativos poseen menor graduación de la que tuvieron en su momento los miembros de la institución investigados por violaciones a los derechos humanos. También, por la personalidad autoritaria que mantienen incluso hasta hoy.
Cuentan en tribunales el caso anecdótico de un comandante del regimiento Tacna quien, cuando un juez autorizaba a mediados de los noventa que uno de los recluidos en ese recinto saliera, él mismo participaba en el equipo de custodia temeroso que los presos protagonizaran incidentes o se le escaparan.
Otro episodio que se comenta respecto a las autorizaciones a militares investigados por violaciones a los derechos humanos es, también en el caso Tucapel, la venia que entregó el ministro Muñoz para que Maximiliano Ferrer Lima, a esa fecha en libertad bajo fianza, concurriera a efectuar lecciones de pilotaje de aviones. La autorización fue caducada luego que los querellantes solicitaran al magistrado el fin de este privilegio, argumentando la posibilidad de que, en uno de sus vuelos, el militar saliera del país.
Pero parece ser que el tema de la seguridad y una eventual fuga de los personajes en cuestión no es un tema que preocupe mayormente a quienes conocen de cerca la lógica de ellos. Se sostiene, por ejemplo, que estas personas poseen contactos en el extranjero, que conocen detalladamente las formas cómo lograr salir del país fraudulentamente, las rutas, las personas a las que deben acudir para obtener documentos falsos.
Lo que está en cuestión hoy son, en definitiva, los privilegios, que no sólo incluyen los permisos sino también la posibilidad de contar con recintos especialmente acondicionados y que más parecen hoteles que cárceles.
Anecdótica resulta también, en este punto, una situación poco conocida respecto al comando de Telecomunicaciones de Peñalolén.
Se confidencia que este recinto cuenta con piscina especial para quienes ahí están recluidos y que hace ya un tiempo, poco después de que se terminara la construcción de la sección que alberga a militares procesados, se ordenó retirar el alambrado protector en las murallas que dan a la calle pues el lugar estaba ya "pareciendo una cárcel verdadera".
_____________________
