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AUGE: Cámara aprueba creación de fondo maternal solidario

por 16 enero, 2003

Por falta de quórum se perdió uno de los más importantes: el que permitía tanto a Fonasa como a las isapres acudir a la Corte de Apelaciones correspondiente para reclamar contra las resoluciones o instrucciones administrativas que dictamine la Superintendencia de Salud. Indicación será respuesta en el Senado.

La Cámara de Diputados despachó a segundo trámite constitucional el proyecto de ley que establece un régimen de garantías de salud. Aunque la mayoría de los artículos tuvieron una amplia votación, lo cierto es que se perdió uno de los más importantes: el que permitía tanto a Fonasa como a las isapres acudir a la Corte de Apelaciones correspondiente para reclamar contra las resoluciones o instrucciones administrativa que dictamine la Superintendencia de Salud.



El artículo requería de 67 votos favorables para ser aprobado, pues es una norma que tiene quórum de ley orgánica constitucional. Sin embargo, la derecha en bloque lo votó en contra, lo que finalmente significó que se rechazara por 61 votos a favor (básicamente de la Concertación) y 40 en contra.



Con esta votación, quienes estén en contra de alguna disposición o instrucción administrativa de la Superintendencia de Salud sólo podrán deducir un recurso de reposición ante la misma autoridad dentro del plazo de cinco días hábiles desde la fecha de la notificación de la resolución. El organismo deberá pronunciarse sobre el recurso dentro de la misma cantidad de días.



Aún así, el proyecto entrega grandes facultades a la Superintendencia de Salud: le permite inspeccionar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos de las instituciones, así como requerir de sus administradores, entre otros, antecedentes necesarios para juzgar su información, además de pedir a las isapres la ejecución y la presentación de balances y estados financieros en las fechas que estime convenientes, pero deja sin posibilidad de acudir a los tribunales a las instituciones que no compartan las resoluciones del organismo.



Al respecto, el ministro del ramo, Osvaldo Artaza, aseveró que el rechazo a esta materia no tiene mayor significación y que la indicación será repuesta en el Senado.



A su vez el diputado Osvaldo Palma (RN) explicó que la derecha votó en contra porque "no estamos a favor de judicializar esto. Es poner en contra a las personas que atienden en salud de las que van a pedir esa atención. Esto muchas veces no depende de los que atienden, sino de la incapacidad de recursos para poder dar una atención completa y oportuna".



Añadió Palma que todo esto iba a traer consecuencias muy complejas, "ya que las personas podían apelar a los tribunales de justicia y con multas, lo cual iba a ser un arma de doble filo: las personas contra el Estado y los pacientes contra aquellos que trabajan en los servicios de salud, que no tienen culpa de la insuficiencia de recursos".



El ministro Artaza, en tanto, se mostró "muy orgulloso y satisfecho" porque la Cámara de Diputados despachó el proyecto del AUGE al Senado, donde "va a seguir perfeccionándose para el bien de la gente, sobre todo de las personas más sencillas".



Fondo maternal



Sin embargo, hay un artículo que en el Senado podría obtener varios votos en contra: el que crea el fondo maternal solidario, que será administrado por la Superintendencia de Seguridad Social. El fondo se constituirá con un aporte de las isapres y Fonasa equivalente al 0,6 por ciento de las remuneraciones, rentas y pensiones imponibles de sus respectivos afiliados y que efectuarán mensualmente; con el aporte fiscal que contemple para ese efecto la ley de Presupuestos de cada año, y con los recursos fiscales destinados al pago del subsidio compensatorio de los aportes al fondo maternal solidario.



De hecho, durante la mañana hubo varias reuniones de diputados de la DC que, al igual que la derecha, se oponían al artículo. Incluso habían tomado la decisión de votarlo en contra; sin embargo, como no había sido objeto de indicaciones, fue aprobado.



Tanto la DC como la oposición argumentan que dicho artículo significará un aumento en las cotizaciones de salud.



El Proyecto



El régimen de garantías establece un conjunto priorizado de enfermedades y condiciones de salud y las prestaciones de salud asociadas a ellas, de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, con garantías explícitas relativas a acceso y a niveles de oportunidad, protección financiera y calidad de las mismas, que Fonasa y las isapres deberán asegurar a sus respectivos beneficiarios, considerando los derechos y deberes de las personas en salud.



Le corresponderá al ministerio de Salud determinar las normas e instrucciones sobre acceso, calidad y oportunidad de las prestaciones que se otorguen a los beneficiarios de la ley 18.469, no comprendidas en el régimen de garantías, a fin de velar por el derecho a la protección de la salud y el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación y la rehabilitación del individuo, en la forma y condiciones que establece la citada ley.



En relación con la oportunidad, las normas e instrucciones deberán establecer los procedimientos para determinar los tiempos de espera para otorgar las prestaciones, teniendo presente, en todo caso, los recursos físicos, humanos y presupuestarios de los que disponen los establecimientos asistenciales.



Las garantías que consagra el presente régimen serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por éstos ante las autoridades e instancias que correspondan.



Un reglamento establecerá el procedimiento de elaboración del régimen, que debe considerar las etapas de análisis técnico, sanitario y económico; desarrollo de estudios epidemiológicos nacionales y regionales que contemplen la carga de enfermedades y mortalidad, el análisis de listas de espera y la calidad percibida, entre otras materias.



La iniciativa crea un consejo consultivo del régimen de garantías, que en carácter asesor y técnico, analizará, evaluará y revisará este sistema. Para tener derecho a las garantías del régimen, los beneficiarios de la ley 18.469 deberán acceder a la red asistencial que les corresponda, a través de la atención primaria de salud, salvo tratándose de casos de urgencia o emergencia debidamente certificados por un médico cirujano y las demás situaciones que señale el reglamento. La red asistencial estará constituida por el conjunto de prestadores de salud públicos y privados que, conforme a la ley, hayan suscrito convenios para el otorgamiento del régimen de garantías.



El texto legal define al acceso como el derecho a recibir las prestaciones de salud; la calidad como el estándar que deben cumplir las prestaciones de salud y las condiciones de otorgamiento; la oportunidad como el plazo máximo para otorgar las prestaciones y la protección financiera como la proporción con que Fonasa o la isapre, según corresponda, financian las prestaciones de salud.



El ministerio de Salud elaborará la propuesta de régimen de garantías que someterá a la opinión del consejo consultivo, tomando en consideración la magnitud, trascendencia y gravedad de la situación sanitaria presente y futura del país; la efectividad de las prestaciones necesarias para su control; la infraestructura, equipamiento y recursos humanos disponibles en el país; la eficiencia del Fonasa y de las isapres; el costo asociado a este proceso y su sustentabilidad financiera, así como los valores sociales y culturales involucrados en su definición. El consejo consultivo asesorará al Ministro de Salud en todas las materias relacionadas con el análisis, evaluación y revisión del Régimen.



Respecto de la fiscalización, la iniciativa crea la Superintendencia de Salud, como un organismo funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Salud. Esta entidad deberá supervigilar y controlar el Fonasa y las isapres en el cumplimiento del acceso universal con garantías explícitas a la salud y la ley de derechos y deberes de las personas en salud .



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