Entendida por este medio como un esfuerzo por contribuir a la transparencia y a la plena información de la opinión pública, se entrega esta segunda parte de la investigación relativa a la historia funcionaria del magistrado a cargo de la principal causa judicial chilena, en especial acerca del procedimiento administrativo-disciplinario que sobre él llevó a cabo el supremo Marcos Libedinsky.
Apenas la Corte de Apelaciones de Rancagua nombró al ministro Carlos Aránguiz Zúñiga como el magistrado en visita que investigaría el caso Coimas, personas que conocían al juez comentaron de los incidentes en el tribunal de alzada de Coyhaique.
Al principio, se hacía referencia a la injusta sanción que había recibido tras la investigación del supremo Marcos Libedinsky. Pero luego surgieron las versiones de que Aránguiz realmente se había extralimitado en sus actuaciones y acusaciones contra los ministros de la Corte de Apelaciones de la Undécima Región y, es más, había tenido conductas que ponían en duda -en general- su neutralidad e imparcialidad para juzgar.
Fue entonces, a fines de noviembre recién pasado, que El Mostrador.cl inició las gestiones para conocer el proceso administrativo que instruyó Marcos Libedinsky el año 94, contactándose con diversos actores de la época para reconstruir completamente el episodio.
Paralelamente, se solicitó el expediente administrativo-disciplinario contra Aránguiz a la Corte Suprema a través de sus canales formales, para así poder indagar un poco más acerca del juez que estaba conociendo la principal causa judicial chilena, que tiene en jaque a la clase política de este país. ¿Estábamos los chilenos en buenas manos? Esa era la gran pregunta a responderse.
No debía presentarse ningún problema para conocer el expediente. Se trataba de una investigación disciplinaria que ya estaba fallada y que, adicionalmente, se remontaba a la época en que el juez cumplía otra función, en otro lugar y, por lo tanto, podía y debía -al igual que cualquier otro proceso judicial en que se haya aplicado sanción ejecutoriada al imputado- ser de conocimiento público una vez solicitada por los canales oficiales, sobre todo dada a jerarquía e importancia del inolucrado.
Peticiones formales: denegadas
Fue presentada una petición escrita a la oficina de Pleno, que, según información de este diario, era quien tenía materialmente el expediente. El relator Omar Astudillo derivó el tema al presidente de la Suprema, Mario Garrido Montt, quien decidió consultar la opinión de los ministros durante una sesión de Pleno. La respuesta de la Corte, pasadas un par de semanas, fue que no se otorgaría acceso a la información.
Ante esta contestación oficial, este diario presentó un escrito formal de reconsideración ante el Pleno de la Corte Suprema, que fue votado días después con un nuevo resultado negativo. Se obtuvo, sin embargo, el voto favorable de los ministros Milton Juica, Enrique Cury y José Benquis, quienes estuvieron por hacer pública la resolución final que se dictó por el máximo tribunal tras la investigación de Libedinsky, que sancionó a Aránguiz con dos meses de suspensión de su cargo.
La razón para la negativa fue «que los procesos administrativos eran materias reservadas».
El Mostrador.cl pudo enterarse luego que a principios de diciembre la Corte Suprema había ordenado detectar dónde se encontraba el expediente administrativo-disciplinario, tras observar que en la prensa estaban circulando versiones de los hechos ocurridos en Coyhaique.
Desempolvando papeles
El máximo tribunal constató que el expediente se encontraba amontonado y sucio entre otros múltiples procesos, en una oficina poco visitada. Los descubridores de tan importante documento debieron desempolvarlo y tras ello, el expediente pasó a manos del relator de la Corte Suprema, Sr, Astudillo, habiéndose certificado antes que no existía otra copia de él circulando en la Corte. El relator finalmente fue encomendado a proteger el proceso y resguardarlo en un estante con llave, bajo su responsabilidad en caso de filtraciones.
La protección de la historia de Aránguiz en Coyhaique implicó que, anecdóticamente, ni siquiera los magistrados de la Corte Suprema interesados en saber qué era lo que realmente había ocurrido pudieran tener acceso al documento. De hecho, en la Corte sólo quedan cuatro ministros que integraban el máximo tribunal en 1994 y que conocieron la investigación en esa época: el actual presidente, Mario Garrido Montt, el ministro Hernán Álvarez, el ministro Marcos Libedinsky y el ministro Eleodoro Ortiz.
Sí, en cambio, están actualmente integrando la Corte Suprema ministros que el año 2000 elaboraron la terna que fue enviada al ministerio de Justicia y que permitió que el actual gobierno del Presidente Lagos nombrara a Aránguiz como magistrado titular de la Corte de Apelaciones de Rancagua, cargo que actualmente ostenta. En la terna Aránguiz figuró en el lugar de mayor votación. las otras integrantes de dicha terna fueron María Eliana del Río Tapia (por derecho propio, por antigüedad) y por María Estela Elgarrista.
Ministros del máximo tribunal detallan que para determinar la conformación de las ternas se tienen a la vista los antecedentes inmediatos de los postulantes, mismo procedimiento que se sigue en el caso de las calificaciones, sin mirar mucho para atrás. En el período 2002 el juez Aránguiz fue calificado por la Suprema con nota «sobresaliente».
Así, al momento que Corte Suprema propuso al gobierno al fiscal Aránguiz para que fuera designado como ministro titular de un tribunal de alzada de una corte cercana a Santiago, lo que en el Poder Judicial es considerado en sí mismo como un «ascenso» o premio adicional en la carrera funcionaria, no se tomó para nada en cuenta que algunos años antes se había solicitado su expulsión del Poder Judicial por falta de imparcialidad y por carencia de independencia al administrar justicia, entre otros cargos, y que se le había aplicado la grave sanción de dos meses de suspensión.
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