Aunque el grupo estimó que los diputados Jaime Jiménez y Cristián Pareto tienen responsabilidades políticas en el caso, también aclaró que éstas se persiguen a través de las acusaciones constitucionales, las que no son aplicables a los parlamentarios. La labor de juzgarlos, entonces, corresponderá a la justicia.
Un arduo trabajo tiene el secretario de la Comisión de la Cámara de Diputados del caso coimas, quien el próximo martes deberá tener listo el texto del informe para que sea votado por los miembros de la instancia investigadora.
Ayer se reunieron nuevamente los diputados y realizaron una revisión exhaustiva del texto. En el se determina la responsabilidad política del ex subsecretario de Transportes, Patricio Tombolini.
Además se establece que el ex ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Cruz, tiene también responsabilidad política en los hechos, por tener bajo su cargo la competencia de la conducción del área.
En lo que respecta a los diputados Jaime Jiménez y Cristian Pareto (ex DC), Víctor Manuel Rebolledo (PPD), Eduardo Lagos (PRSD) y Juan Pablo Letelier (PS), el informe no establece este tipo de cometidos, sino que se coincide con los comentarios de la comisión de Ética en cuanto a que los diputados deben ser prudentes al momento de fiscalizar y que la investigación debe seguir en manos de la justicia.
En particular en el caso de Jiménez y Pareto, se señala que fue muy grave e inadecuado lo que hicieron al intentar, según ellos, fiscalizar mediante la técnica del cazabobos.
Aunque se estima que Jiménez y Pareto tienen responsabilidades políticas, el grupo investigador también aclara que éstas se persiguen a través de las acusaciones constitucionales, las que no son aplicables en el caso de los diputados y senadores.
Por ello, su juzgamiento queda entregado a los tribunales de justicia. El fallo de la Corte Suprema afirma que hay presunciones fundadas de que ambos parlamentarios recibieron dinero de parte del cuestionado empresario de plantas de revisión técnica, Carlos Filippi, a través de Iván Sánchez, supuestamente para dar a conocer las denuncias contra Tombolini por el pago de coimas e intentar revertir así su situación.
En lo que respecta al ex seremi de Transportes, Lincoln Pérez, a quien Tombolini habría presionado para ayudar a Carlos Filippi y Oscar Valenzuela, existen dos opiniones sobre su proceder. En la primera se señala que sí tiene responsabilidad política por no haber aplicado sanciones contra las plantas de Filippi a pesar de contar con los informes de fiscalización en su poder, mientras que la segunda no tiene una completa convicción sobre su responsabilidad, por lo que se está esperando que los diputados voten y firmen el texto.
Más denuncias
Durante la investigación del grupo se recibieron varias denuncias contra la forma de funcionamiento de algunas plantas de revisión técnica, que -según algunos diputados- el juez Carlos Aránguiz aún no ha pesquisado.
De hecho, uno de los cuatro capítulos que contiene el informe es el de los anexos, donde se incluyen todas las denuncias que recibió la comisión y que serán remitidas al juez Aránguiz.
En ese mismo anexo, el texto hace recomendaciones respecto a las fallas del sistema de fiscalización, incluye una denuncia realizada por el plantero Alejandro Denham, quien informó que una planta en Chillán y otra en Iquique fueron adjudicadas irregularmente.
Otra de las denuncias que llegaron hasta la comisión fue la suplantación de identidad de fiscalizadores del Ministerio en Santiago, empleando la misma credencial y número, pero con otra foto.
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