Esta semana quedaría resuelto qué magistrado investigará las irregularidades en contratos con la empresa de Peña Véliz, luego que el juez Aránguiz se inhibiera de conocer el proceso debido, entre otras cosas, a que no procesó en él a Tombolini ni Chaparro. Al magistrado le espera un arduo trabajo en el caso Coimas, con declaración hoy de Víctor Manuel Rebolledo.
Un clima favorable a la designación de un ministro en visita para que se aboque a instruir el llamado caso GATE se advierte en el Palacio de Tribunales luego que el juez Carlos Aránguiz se inhibiera de continuar conociendo los antecedentes y derivara la causa a la titular del 17 Juzgado del Crimen de Santiago, Patricia González, quien inicialmente tuvo la investigación a su cargo.
La decisión de Aránguiz, según explicó el ministro de Rancagua, se debió a que el inicio de una contienda de competencia solamente implicaría "retrasar la causa". En efecto, si el magistrado hubiese entablado una disputa judicial en tal sentido, habrían pasado semanas antes de un pronunciamiento por parte de los tribunales superiores.
Para eso, además, habría sido necesario el procesamiento de Patricio Tombolini y Alejando Chaparro -quienes aparecían en los listados de GATE como receptores de dinero por parte de esta empresa de outsorsing- puesto que la acumulación de las causas se hace posible en cuanto dos sucesos se vinculan por los personajes que participan en los ilícitos.
En todo caso, el tiempo que habría demorado la Corte Suprema en dirimir la contienda podría haber sido usado por el magistrado para continuar avanzando en la toma de declaraciones y eventuales nuevos autos de procesamiento, por lo que todo hace pensar que fue Aránguiz quien -ante gestiones efectuadas por distintos emisarios y el hecho de que su figura ya no aparecía intocable- optó por no causar más revuelo y hacer patente su convicción de que "cualquier juez está en condiciones de cumplir con su deber", según él mismo dijo en declaraciones a la prensa el día jueves pasado.
Pero de una re-lectura del fallo de la Suprema sobre los desafueros de los cinco diputados concertacionistas surgió ayer una nueva explicación de la decisión del juez Aránguiz. Y es que dicha resolución, en su considerando 20, señala que "la competencia del tribunal es condición de la legitimidad de las decisiones que se emitan en toda tramitación judicial", frase que fue leída durante la jornada como un mensaje entre líneas al magistrado por parte del máximo tribunal.
Distintos escenarios y una decisión
La decisión de nombrar un ministro en visita podría ser tomada tanto por la Corte de Apelaciones de Santiago como por la Corte Suprema, tribunales que, de oficio o a petición de las partes, nombrarían esta semana un magistrado especial para que se aboque al caso.
Aunque altos magistrados hacen notar que el tribunal de alzada capitalino no acostumbra a designar ministros en visita para casos con alguna connotación política, otros coinciden en señalar que el nombramiento de un magistrado de este tipo para esta investigación es inminente, debido a la alarma pública que generaron las pesquisas realizadas por el juez Carlos Aránguiz, que derivaron en el procesamiento del ex biministro Carlos Cruz por el delito de fraude al Fisco.
También, por un tema de transparencia ciudadana, ante los cuestionamientos por la labor lenta y casi infecunda desarrollada por la titular del 17 Juzgado del Crimen de Santiago, Patricia González, hecho que limitaría la posibilidad de que sea la misma magistrada a quien se le otorgue dedicación exclusiva al caso. Sin embargo, esta vía continúa abierta, siendo ella factible como segunda alternativa aun no desechada y que tiene adeptos al interior del tribunal de alzada de la capital.
Desde ya, la defensa de Sara Oliva y María Martínez, las mujeres procesadas por el auto robo de la empresa GATE y quienes destaparon las vinculaciones de los contratos con el MOP, presentará una solicitud ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se nombre un ministro en visita en la causa.
A esa petición se sumará, en los próximos días, una en igual sentido por parte del Consejo de Defensa del Estado, según se prevé. No está claro aun si tal presentación se efectuará ante la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, siendo más probable la primera.
También se unirá a la solicitud de un juez especial una presentación acordada anoche por la comisión política ampliada de Renovación Nacional, quien hoy solicitará una audiencia con el presidente subrogante de la Suprema, Hernán Álvarez, para pedir un ministro en visita para el caso.
Interrogatorios
En tanto, hoy a las ocho y media de la mañana está citado a declarar en Rancagua ante el ministro Aránguiz el diputado PPD Víctor Manuel Rebolledo, en la primera diligencia por el caso Coimas que realizará el ministro en lo que respecta a la causa que quedó tramitando, luego de la decisión de la Suprema que ratificó los desafueros de los parlamentarios concertacionistas.
El miércoles debe declarar el ex DC Jaime Jiménez; el jueves Cristián Pareto (ex DC); el viernes el diputado radical Eduardo Lagos y el lunes el socialista Juan Pablo Letelier.
Todos estos parlamentarios fueron desaforados la semana pasada, para poder ser investigados en el marco del caso Coimas. Jiménez y Pareto están acusados de cohechar a Patricio Tombolini para ayudar a Carlos Filippi y de aceptar un soborno de este mismo empresario, en tanto que Víctor Manuel Rebolledo fue acusado por Aránguiz de ser el intermediario en el dinero que Filippi le entregó a Tombolini para asegurarse la concesión de una planta de revisión técnica.
En cuanto a Eduardo Lagos, el ministro estima que puede tener una participación culpable en el encuentro en que participó junto a los diputados Jiménez y Pareto con el empresario de plantas de revisión técnica Alejandro Denham, a quien supuestamente se le ofrecieron concesiones de plantas de revisión técnica a cambio de dinero.
Sobre Juan Pablo Letelier, su participación es haber intercedido en favor de un empresario de plantas de revisión técnica, Oscar Valenzuela, ante Tombolini.
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