Tres escenarios se habían planteado hasta ahora para negociar las permutas de tierras de los pehuenches: los resultados de la "Comisión de hombres buenos", la libertad de Víctor Ancalaf y el ejemplo de Nicolasa Quintremán al endesarse. Hasta ahora, ninguno de ellos ha acelerado ningún proceso, dijo el Coordinador de Políticas Indígenas, Jaime Andrade.
Pese a que informaciones de prensa dan cuenta de un posible acuerdo para permutar de siete familias que hasta ahora habían mantenido la resistencia en el Alto Biobío frente a la central hidroeléctrica Ralco, la realidad, según el Coordinador de políticas Indígenas del Gobierno y subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, es que solo constan las acciones de Nicolasa Quintremán, quien permutó sus tierras.
"Las familias que no han permutado son siete y de éstas, Doña Nicolasa solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a principios de diciembre la permuta en el marco de la negociación que realizó directamente con la empresa. Eso es lo que hay formalmente, nada más", aclaró.
El subsecretario aseguró que hasta ahora no hay un estimado de tasación de predios en caso de que las familias decidan permutar. "El tema de la negociación ha sido de trato directo de Endesa y la familia, el gobierno no ha tenido participación", dijo.
Luego de años de tratativas para zanjar el tema Ralco, el gobierno espera que las conversaciones con las familias pehuenches que no se han endesado avancen a paso firme para finalizar el proceso de permutas de tierras que se ha mantenido sin resolver sobre el escritorio de diferentes administraciones.
Los fechas se acortan para concretar las permutas: en septiembre las obras de la central hidroeléctrica Ralco deberían estar terminadas para dar paso al caudal que inundará las tierras.
El paso definitivo de Nicolasa Quintremán, símbolo de la resistencia pehuenche que aceptó una indemnización de Endesa de 200 millones de pesos y 77 hectáreas de terreno, impulsó al resto de los que aún no se han endesado a anunciar negociaciones con el gobierno.
Ante este panorama, Andrade respondió: "No tenemos presión alguna, pero hay preocupación sobre un tema complejo en el que queremos dar garantías para que se resguarde la legislación y los derechos de las personas. En todo caso nada ha acelerado las negociaciones".
"Lo razonable es que las partes se allanen a una solución satisfactoria y si ocurre cuanto antes sería lo mejor para todas los involucrados", aseveró.
Hombres buenos en statu quo
Otro de los mecanismos al que recurrió el gobierno para acelerar las permutas fue nombrar una "Comisión de Hombres Buenos", integrada por profesionales que tasaron predios pehuenches en octubre pasado por mandato de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. A partir de la información reunida por dicha entidad, Endesa incluso podría tomar posesión de los predios mediante el uso de la fuerza.
Derivado de lo anterior, las siete familias que resisten en el Alto Bío Bío hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener posibles acciones derivadas de la tasación de tierras.
"La Cancillería recibió una misiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde solicita que en lo relativo a Ralco no deberían haber acciones de parte del gobierno que alteren el statu quo, en tanto no se responda a la presentación hecha por las familias en un plazo de 60 días", explicó Andrade.
"Solicitamos que se precisara el alcance de esta expresión y ésta apunta a que no haya acciones que pudieran permitir que los trabajos siguieran avanzando, por lo que el tema de los peritos está detenido y estamos preparando la respuesta de la CIDDHH al hacer una evaluación jurídica y política", dijo.
Ancalaf por permutas
Otro de los escenarios que habían planteado los pehuenches para dialogar sobre permutas fue el referido a la libertad del dirigente pehuenche Víctor Ancalaf, ante lo cual el subsecretario sostuvo que "la reunión que coordinamos en La Moneda fue para revisar el procesamiento de Ancalaf, pero no se conversó de Ralco".
"Ellos aspiran a que haya celeridad en el proceso y la libertad del comunero. La presentación que hizo el gobierno fue contra quienes resulten responsables en la investigación en curso y lo que ocurra sólo será determinado por la Justicia", explicó.
En esa línea fue enfático en señalar que "el papel del gobierno es cautelar que se cumplan las normativas existentes y si hay diferencias las partes se allanen y si el gobierno puede ayudar a facilitar aquello el gobierno tiene que hacerlo", dijo Andrade.
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