La Comisión denunció también que varios organismos y servicios públicos mantienen respuestas pendientes a sus requerimientos de información o situaciones sin resolver por un lapso más que prudente, entre ellos los ministerios de Educación y Bienes Nacionales.
La Comisión Defensora Ciudadana que dirige el abogado Francisco Fernández, cuyo mandato es observar el comportamiento de los servicios y organismos públicos en relación con los derechos de los ciudadanos, expuso hoy diversas inquietudes respecto de situaciones que afectan los derechos ciudadanos.
Quizás si uno de los reclamos más importantes constatados por la Comisión es la violencia desmedida en ciertas acciones de Carabineros. Asimismo, la Comisión dijo haber recibido denuncias de hechos reñidos con la probidad administrativa.
Otros problemas descritos, que abarcan el período octubre a diciembre de 2002, son las situaciones inequitativas que subsisten en el sistema de las isapres; las dilaciones y falta de información oportuna y fidedigna en relación con gestiones de regularización de la propiedad raíz; la indefensión de deudores que pagan a un apoderado del acreedor cuando éste desconoce la autenticidad al comprobante de pago y falta de diligencia en la articulación de gestiones de coordinación para la solución de problemas.
Por la importancia de estos reclamos, la Comisión pidió que las autoridades de gobierno tengan especial preocupación para remediarlas a través de medidas específicas.
Isapres y violencia policial
Respecto de las isapres, en el período comprendido entre octubre y diciembre nuevamente se registraron -según la Comisión- "inconformidades ciudadanas con las inequidades a que da pábulo el actual régimen regulatorio de las Isapres".
"Los principales motivos de inquietud por este concepto en el trimestre bajo informe guardaron relación nuevamente con los incrementos desproporcionados de los valores de los planes que las aseguradoras reajustan año a año y con los rechazos o reducciones inconsultas y arbitrarias de licencias médicas, aspecto en el que esas instituciones asumen el doble e inexplicable papel de jueces y partes interesadas", expresa el informe.
En relación con esta última inquietud, "la Comisión se propone recabar y procesar opiniones de especialistas en la materia y de las organizaciones de usuarios del sistema isapres, de modo de presentar a la superior consideración del Presidente de la República, en el mes de marzo próximo, algunas ideas que pudieran permitir superar o atenuar las incongruencias y falencias del sistema en materia de licencias médicas y de las asimetrías en la actualización financiera de las prestaciones mutuas entre cotizantes y aseguradoras. Lo anterior, en la perspectiva de aportar esas reflexiones a la actual discusión parlamentaria de la correspondiente iniciativa legal, dentro del marco de la reforma integral al sistema de salud".
Sobre las violencias desmedidas en ciertas acciones de Carabineros, la Comisión indicó que durante el transcurso del último trimestre -y particularmente hacia fines del mismo- se presentaron reclamos alusivos al exceso de fuerza e incluso violencia innecesaria con que Carabineros procedió a detener a personas jóvenes, sin darles a conocer sus derechos como detenidos e, incluso, en un par de casos, dando lugar a situaciones que podrían calificarse como detenciones arbitrarias.
"Reportadas estas quejas a la superioridad de la institución, aún no tenemos respuestas de su parte, pero estimamos que el fenómeno amerita preocupación superior para redoblar instrucciones a la policía uniformada en orden a compatibilizar los procedimientos policiales y de tutela del orden público con el debido respeto a los derechos de las personas. En este último aspecto, en cambio, es digno de encomio el comportamiento observado, en general, en la Policía de Investigaciones".
Respecto de las denuncias de hechos reñidos con la probidad administrativa, la Comisión explicó que aunque se trata de una materia que sobrepasa sus atribuciones, ha recibido con mayor frecuencia en el último trimestre inquietudes y denuncias ciudadanas relacionadas con presuntas infracciones a la probidad administrativa en algunos organismos y servicios públicos, las que han sido trasladadas a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno o, en su caso, a las direcciones superiores de las entidades aludidas, a fin de que dispusieran las indagaciones de rigor para verificar las anomalías denunciadas por los ocurrentes.
DERECHOS INVOCADOS EN SUSTENTO DE LAS RECLAMACIONES
Nadie responde
No obstante, la Comisión denunció también que varios organismos y servicios públicos mantienen respuestas pendientes a sus requerimientos de información o situaciones sin resolver por un lapso más que prudente.
Entre éstos están el Ministerio de Educación, que no ha contestado dos reclamos relacionados con el otorgamiento de pase escolar para el transporte público que se remontan al mes de mayo del año pasado. "Esto haría necesario, a nuestro juicio, una especial reconvención a dicho organismo por parte de la autoridad presidencial, por cuanto el incumplimiento ha persistido no obstante las reiteradas insistencias de nuestra parte".
Desde la misma fecha, el Instituto de Normalización Previsional mantiene sin resolver e informar a la Comisión de avances en la tramitación de dos reclamaciones por derechos previsionales que datan del segundo trimestre de 2002.
"Desde fechas más recientes (tercer trimestre del año) mantienen retrasos la Dirección del Trabajo (un caso), el Ministerio de Justicia (un caso), el Servicio de Registro Civil e Identificación (un caso), la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana (un caso) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (un caso)".
Uno de los acuerdos de la Agenda de Modernización del Estado que debería estar listo en el breve plazo es el establecimiento de la institución del Defensor Ciudadano, dotado de atribuciones para procesar e investigar
Dilaciones y falta de información
La Comisión también informó que en el último trimestre del a{o se registró un importante número de reclamaciones atingentes al Ministerio de Bienes Nacionales (casi un diez por ciento del total de reclamos admisibles), en su mayoría vinculadas a dilaciones injustificadas o a falta de explicación suficiente y oportuna a los interesados en regularizar su situación de disfrute de inmuebles fiscales, que iniciaron las gestiones correspondientes ante las oficinas de dicho Ministerio y al cabo de bastante tiempo aún no habían recibido los pronunciamientos pertinentes y tampoco una información acerca de los motivos de esa tardanza.
"Hay incluso un caso ciertamente insólito en que una solicitud de la naturaleza indicada que presentara una ciudadana a la Oficina Provincial de Valdivia del indicado Ministerio, tardó once años en ser respondida informándole que el predio en cuestión era de propiedad particular, por lo que no podría serle asignado por el Fisco", señala el texto.
"En opinión de esta Comisión, resulta conveniente efectuar la advertencia del caso al Ministerio en referencia, exhortándolo a mejorar e intensificar su labor fiscalizadora de las empresas contratistas a las que se encomienda el proceso de regularización de tierras fiscales y que muchas veces son las que inciden en las demoras e insuficiencias de información reportadas por los quejosos".
También hay reclamos sobre la indefensión de deudores que pagan a un apoderado del acreedor cuando este desconoce autenticidad al comprobante de pago, por lo que la Comisión recomienda "advertir a las instituciones acreedoras de ese tipo de obligaciones la necesidad de que revisen sus contratos respectivos con las empresas recaudadoras en términos de exigirles mayor prolijidad en este aspecto y, en todo caso, hacer efectivas las garantías que los contratos respectivos han debido contempla".
Finalmente, la Comisión da cuenta de reclamos presentados por algunos pequeños y microempresarios contra determinados organismos de capacitación y contra el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), por engaño en el ofrecimiento de las condiciones de los cursos, respecto de los primeros, y por falta de información suficiente a los usuarios y de diligencia fiscalizadora, en el caso de la entidad estatal.
Pese a la buena disposición del Sence y el Servicio de Impuestos Internos para corregir las situaciones anómalas detectadas y buscar de consuno una solución con el Banco del Estado a los problemas específicos de endeudamiento que afrontan los reclamantes como consecuencia de aquéllas, la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, órgano al que por sus atribuciones correspondía convocar a la reunión respectiva, no lo ha hecho todavía.
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