La denuncia la hizo la magistrada Flora Sepúlveda, quien -durante un turno de fin de semana- recibió un llamado del juez de Santa Bárbara, Miguel Salgado, solicitándole que tomara testimonio inmediato a un joven, a su vez hijo de otro magistrado, detenido en una comisaría por conducir en estado de ebriedad.
El juez de Santa Bárbara, Miguel Salgado, fue sancionado por el Pleno de la Corte Suprema a raíz de una situación muy similar a una de las que protagonizó el ex ministro del máximo tribunal, Luis Correa Bulo, pero con un castigo mucho menor.
El magistrado de la Octava Región, que cobró notoriedad al investigar algunas causas de violaciones a los derechos humanos en la calidad de juez exclusivo, fue denunciado ante la Comisión de Ética debido a que llamó por teléfono a un juzgado para que se interrogara el mismo día a un joven que había sido trasladado a una comisaría por conducir en estado de ebriedad. Se solicitó, entonces, que fuera puesto a disposición del tribunal de inmediato, para que no tuviera que pasar el fin de semana en la cárcel.
Por una situación idéntica, el ministro Correa Bulo, durante los mismos meses que era investigado por presunto tráfico de influencias, recibió por parte del Pleno de la Suprema un severo llamado de atención, pero el juez Salgado sólo fue sancionado con una censura por escrito.
La denuncia contra el juez Salgado fue efectuada por la jueza Flora Sepúlveda, conocida por haber sido hasta hace pocos meses la magistrada que investigaba la desaparición del joven Jorge Matute.
De acuerdo al testimonio de la jueza, a fines del año pasado el magistrado Salgado, de menor jerarquía a la de ella, la llamó por teléfono mientras se encontraba de turno un fin de semana para, identificándose, pedirle que un joven detenido por estado de ebriedad, hijo a su vez de un juez amigo (el de garantía de Punta Arenas), fuera puesto a disposición del tribunal ese mismo día y le fuera otorgada la libertad bajo fianza. Si no, debería pasar la noche en la cárcel.
Tras el llamado, la jueza se constituyó en la comisaría y tomó declaración al oficial de turno para saber qué había pasado y poder dejar establecido en un acta quién fue la persona que se había comunicado con ella, pues el llamado se había producido desde ese mismo recinto.
La magistrada Sepúlveda luego presentó los antecedentes al Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción, tribunal que ordenó su despacho a la Comisión de Ética debido a que se trataba de un caso de intervención en favor de terceras personas.
Censura por escrito y cuasi expediente de remoción
El Pleno del máximo tribunal conoció los antecedentes recogidos por la Comisión y determinó aplicar una censura por escrito en este caso. Dos ministros, sin embargo, estuvieron por abrir expediente de remoción.
Aunque la sanción fue menor, fuentes del máximo tribunal comentaron que es necesario dar a conocer este tipo de hechos pues la reiteración de que a los jueces les está impedido recurrir a este tipo de prácticas evita que esta situaciones se masifiquen.
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