La UDI podría considerar la idea de darle autonomía al Servicio Electoral a través de un consejo autónomo que tuviera atribuciones especiales para conocer el origen de los recursos privados y públicos aportados a las campañas políticas.
Desde antes de ser firmado el acuerdo entre el gobierno y los partidos políticos sobre la
Agenda de Modernización del Estado, el financiamiento de las campañas políticas ha despertado suspicacias: por un lado aprensiones en la derecha de hacer pública la procedencia de los aportes privados a sus candidatos, por el otro, escepticismo en la Concertación sobre la real voluntad de la derecha para llegar a transparentar esos aportes. Sin embargo, parece haber surgido una fórmula para superar este «escollo» a partir de una propuesta del Ejecutivo que podría tener acogida en buena parte de la UDI.
En el partido de Pablo Longueira existe conciencia de que la opinión pública percibe a la colectividad como la mayor beneficiaria de los aportes empresariales. Y aunque se defienden asegurando que esas donaciones «son un mito» y que muchos parlamentarios costearon sus campañas con aportes empresariales mínimos, creen que ya embarcados en la agenda modernizadora, los aportes a las campañas electorales -de donde vengan- se deben sincerar.
Consejo autónomo con atribuciones especiales
A partir de la necesidad de encontrar un punto medio que deje conforme a todos los sectores y considerando que eso exigirá hacer concesiones, el gremialismo se ha abierto a considerar el planteamiento efectuado por el gobierno en cuanto a dar mayor autonomía al Servicio Electoral.
Para efectos de las campañas electorales la entidad se constituiría en un ente autónomo, descentralizado, dirigido por un Consejo cuyos miembros -que podrían ser cinco- serían designados por el Presidente de la República con el acuerdo de los dos tercios del Senado.
Aunque la idea aún no está acotada porque habría surgido de manera informal, la solución al tema de los dineros provenientes de particulares surge a partir de las atribuciones con que contaría este consejo. Si este organismo tuviera la información sobre los aportes entregados a cada candidato, manejándola reservadamente, podría actuar de oficio cuando un parlamentario no se inhabilitara motu proprio ante un proyecto que eventualmente pudiera favorecer a sus donantes.
No obstante, las atribuciones del organismo serían bastante más amplias, adjudicándose la responsabilidad de controlar y administrar todos los aspectos relativos a la ley de financiamiento y transparencia de los gastos electorales.
Viejas objeciones
Este sistema evitaría que se llegara a producir lo que más preocupa a la UDI: que como en Estados Unidos se hagan listas públicas con los donantes privados que contribuyen en las campañas.
El argumento del gremialismo para oponerse es conocido. Quienes de "buena fe" contribuyen con dinero para un determinado candidato -dicen- podrían correr el riesgo de resultar perjudicados si su apadrinado no resulta electo, debiendo sufrir posibles discriminaciones posteriores a la elección por el sólo hecho de haber apoyado una candidatura que en la zona era contraria a la del candidato electo.
Tanto peor si se habla de campañas presidenciales -explican- porque podrían ser objeto de "persecución" de parte de la alianza ganadora, impidiéndosele -por ejemplo- a una empresa constructora adjudicarse proyectos a los que podrían tener acceso en virtud de su calidad técnica y profesional, pero a los que se les podría negar la participación sólo por diferencias políticas.
Para el vicepresidente de la UDI, senador Hernán Larraín, la idea de un Servicio Electoral autónomo con las características antes mencionadas, puede ser una solución viable para el tema de los aportes privados y públicos a las campañas electorales y el aspecto general relativo a un necesario control que le dé transparencia a las mismas.
"Yo no me opondría a que se supiera el origen de los fondos (de las campañas), si acaso eso fuera absolutamente secreto y eso permitiera que se manejara a un nivel realmente reservado para evitar cualquier cosa. Yo lo que temo es que si ponemos ese requisito de que sea público en la entrega, nadie quiera entregar recursos por temor a represalias futuras. Ese me parece un punto importante, esto podría ser un perjuicio para todos".
Larraín contempla como una posibilidad a ser estudiada el que esta propuesta de mayor autonomía para el Servicio Electoral decante en un acuerdo relativo a generar más transparencia y control, tanto sobre los ingresos públicos como privados a las campañas.
"La clave es quién controla esto. Si lo controla el Registro Electoral que al final, aunque no se ejerza, es encabezado por un funcionario dependiente del ministro del Interior, hay un riesgo de politización muy grande. En cambio, si hay un consejo que controle el funcionamiento de esta legislación, independientemente del Tribunal Electoral -que tiene que ver con las reclamaciones electorales-, que controle el funcionamiento del financiamiento, transparencia y todo esto, pudiera ser algo que ayude, dándole garantías. Un Servicio Electoral autónomo a todos nos puede dar más garantías".
Aparejado con el tema del origen del financiamiento de las campañas políticas, va el del control del gasto electoral. Aunque en la UDI están concientes que también hay que abordarlo, no se atreven a adelantar una fórmula.
El senador Larraín dice que el tema es complejo sobre todo si se considera que en Chile cada vez que se dicta una ley, surgen los resquicios para evitar su cumplimiento. De allí que lo más importante sea generar un sistema eficiente de control y transparencia de los dineros que giran en torno de las campañas electorales.
Aporte estatal a las campañas
Larraín está convencido que de todas maneras se tiene que llegar a un acuerdo respecto de los aportes privados a las campañas. Principalmente, porque el tema afecta a todos los partidos políticos y no sólo a la UDI. «Se tendrá que buscar una fórmula si se quiere acotar el donante", dice, junto con lo cual se debe abordar el aspecto relacionado con el aporte estatal a las campañas.
La posición gremialista en esta materia es de rechazo a cualquier subsidio directo, ya sea al candidato o a su partido. En lo que sí están de acuerdo es en que el Estado garantice igualdad de acceso y oportunidades a todos los candidatos, subsidiando espacios en los diferentes medios de comunicación.
La propuesta de Renovación Nacional plantea la misma idea y otro tanto ocurre en la Concertación, aunque en el oficialismo sí hay partidos -como la DC y el PS- que han planteado analizar algún subsidio para los partidos políticos.
Es necesario precisar las inhabilidades
Otro aspecto fundamental para la UDI es el que dice relación con las inhabilidades. El gremialismo considera necesario precisar los criterios de los intereses económicos a los que puede estar vinculado un parlamentario. Fase, sin duda, posterior a la de las campañas, pero que puede influir de manera importante en el desempeño de los congresistas.
El senador Larraín considera que se debe perfeccionar la declaración de intereses y si hay que sumarle una declaración de matrimonio, asume que no habría inconveniente de parte de la colectividad para ello, aunque opina que eso no es lo más relevante.
__________________
Artículos relacionados:
La duda que ronda en la Agenda de Modernización, Transparencia y Crecimiento (31 de Enero del 2003)
