Los cercanos al alcalde están complicados con el »error comunicacional» cometido por el jefe comunal al admitir que usa del polémico mecanismo al interior del municipio. Ahora, están abocados a desarrollar una ‘estrategia’ para superar el problema.
La Municipalidad de Santiago está de cabeza desde que el propio alcalde reconoció la existencia de sobresueldos en su administración. Sin medir las consecuencias de su aseveración, Joaquín Lavín intentó blanquear ese hecho argumentando que están visados por la Contraloría. No obstante, concientes del error del edil, sus cercanos están utilizando la estrategia de la filtración para intimidar a los concejales oficialistas y evitar que continúen exigiendo la lista de personas beneficiadas con sueldo extra.
Lejos de amedrentarse, los concejales de la Concertación Ricardo Zúñiga (PPD) y Juan Recabarren (PS) le recordaron a Lavín que sólo le restan siete días para cumplir su compromiso de entregar la información solicitada durante el consejo del 12 de febrero.
A esa alturas, Lavín ya había reconocido el error y trató de excusarse señalando que el término que usó -en la entrevista que dio a La Tercera-, para referirse a los funcionarios de planta del municipio que recibían honorarios por realizar funciones distintas a aquellas para las que fueron contratados, había sido mal utilizado.
El tema es que pese al compromiso asumido, en la Concertación temen que el alcalde esté intentando no sólo demorar la entrega de la información, sino tratando de evadir darla a conocer. Lo que es difícil de entender si se considera que el propio Lavín, además de justificar los sobresueldos, aseguró que de la nómina de 63 funcionarios que se benefician con ellos, 60 son heredados de la administración anterior.
Aunque los concejales que decidieron rayarle la cancha a Lavín en materia de remuneraciones no han querido ahondar en las razones del alcalde para postergar la entrega de la información solicitada, han señalado que reunir los datos no debería ser una tarea demasiado ardua.
Según explica el concejal Zúñiga, si sabe que existen 63 funcionarios que reciben sobresueldos, evidentemente es porque conoce quiénes son, los cargos que ocupan y las razones por las que se les paga sobresueldos.
Por otra parte, los concejales oficialistas están molestos con la situación que se ha ido dando en estos días en que se espera la información. Mientras tanto, se han comenzado a filtrar algunos nombres a la prensa, lo que constituye -según Recabarren- una presión indebida hacia ellos. Lo grave de la situación -aduce- es que se está tratando de influenciar la posición de los concejales oficialistas.
¿Por qué una presión indebida? Pues porque de los pocos nombres de beneficiados con sobresueldos que se conocen, la mayor parte corresponde a funcionarios ligados a partidos de la Concertación, como por ejemplo el de la asistente de la concejala DC Marta Larraechea, Isabel Flores.
La esposa de Eduardo Frei, por lo pronto, ha mantenido un hermético silencio sobre el tema de los sobresueldos, lo que contrasta con su actitud en anteriores polémicas que, a juicio de muchos dentro del municipio, han sido menos relevantes que esta última.
Lo que se teme, aunque los concejales concertacionistas no lo digan directamente es que las filtraciones estén surgiendo del círculo de Lavín con el objetivo de amedrentar a sus fiscalizadores de turno y obligarlos a retroceder. Lo que tal vez no ha sido del todo inútil, si se considera que los concejales están siendo menos exigentes con el alcalde, a quien durante el concejo del 12 de febrero se le solicitó la lista de cargos que ocupan los funcionarios que reciben los sobresueldos y los argumentos para darles ese beneficio.
El concejal PPD explica que la lista de los nombres es lo menos importante y que lo realmente relevante es saber quién designa en sus cargos a los funcionarios que reciben sobresueldos y las razones que se aducen para tales funciones sobrevaloradas, pese a que insistirán en el listado de nombres, porque -dicen- la ciudadanía merece conocerlos.
Por otra parte, Recabarren plantea que lo que pretenden con esta fiscalización es que se busque un mecanismo para transparentar los procesos y dar con ello una solución a estos "problemas". Mientras que Zúñiga establece que la Contraloría determinará si se termina o no con los polémicos sobresueldos y que aquellos que no estén "adecuados" a la ley deberán ser eliminados.
No habrá respuesta el 27 de febrero
A pesar de la insistencia de los concejales oficialistas, cercanos a Lavín indicaron a El Mostrador.cl que la información solicitada no se entregará antes del 3 o 4 de marzo y que el alcalde Joaquín Lavín, de vacaciones en Portezuelos, al interior de Chillán, no suspenderá su período de descanso sólo para darle el gusto a Zúñiga y Recabarren.
Por lo demás, señala la misma fuente, el alcalde tiene derecho "por ley" a tomarse hasta 60 días para responder a la solicitud de los concejales.
Además, explica que incluso el día en que se pidió la información se evaluó entregarla en ese momento, pero no se consideró prudente, lo que indica que no hay nada oculto ni irregular en los hechos, ya que sólo se trata -dice- de "ingresos adicionales" por funciones distintas a las que cumple el funcionario según su contrato.
Tales labores -asegura la fuente- son fiscalizadas y se comprueba que hayan sido efectivamente realizadas antes de efectuar el pago.
Lavín se comprometió a "ordenar la casa"
El presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales, Alexis Toro, por su parte le explicó a El Mostrador.cl que en octubre del año pasado le exigió a Lavín que "ordenara la casa", haciendo de este modo referencia a la irregular situación que genera para los funcionarios de planta el que exista el sistema de los sobresueldos.
Toro asegura que en esa oportunidad el edil asumió con él el compromiso de solucionar y despejar el problema. La molestia del dirigente se debe a que él y sus representados estiman que los sobresueldos constituyen un atropello a la carrera funcionaria, porque se les da escalafón a personas que no han trabajado en el municipio los años suficientes para llegar a ese nivel y además reciben altas remuneraciones.
El dirigente estima, además, que tales cargos sólo contribuyen a politizar la labor municipal, pues se utiliza para pagar favores políticos, independientemente del sector que sean, y que aunque hubieran existido en administraciones anteriores, Lavín no debió continuar con esta línea de operación.
En tanto, el presidente de la Asociación de Profesionales de la municipalidad, Patricio Ossa, -quien también es aludido por los concejales Zúñiga y Recabarren, señalando que estaría de acuerdo con las gestiones que se realizan para que Lavín entregue la información en relación con los sobresueldos- explicó que acaba de regresar de sus vacaciones y que no ha conversado con ninguno de los concejales. Sin embargo, añadió que la labor que están realizando sobre el tema corresponde a su función fiscalizadora y que el organismo que preside no tiene por qué oponerse o aprobarla.
No obstante, fue también categórico al señalar que la posibilidad de pagar una remuneración diferente a un funcionario de planta por hacer una labor que no está entre las que le exige su cargo, es una posibilidad que permite el sistema estatutario.
