La acción legal está dirigida, específicamente, contra el jefe de la DEA en Perú, Terry Parham, los abogados del CDE chileno, María Teresa Muñoz y Hernán Peñafiel, del Departamento de Tráfico y Lavados de Activos en Chile, y la policía y el ministerio público de Perú.
El dueño de Aero Continente, Fernando Zevallos, presentó una querella contra de los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Drug Enforcement Administration (DEA), la policía y el Ministerio Público peruanos, en un juzgado de Pucalpa, zona amazónica del Perú donde estuvo detenido por narcotráfico, cargo del que fue milagrosamente liberado a principios de los 80.
De acuerdo a fuentes judiciales peruanas consultadas por El Mostrador.cl, Zevallos aduce que los organimos imputados realizan un "acoso" constante en su contra.
La acción legal está dirigida, específicamente, contra el jefe de la DEA en Perú, Terry Parham, los abogados del CDE chileno, María Teresa Muñoz y Hernán Peñafiel, del Departamento de Tráfico y Lavados de Activos en Chile, y la policía y el ministerio público de Perú.
Anteriormente, su hermana Lupe Zevallos había viajado a Chile para dar a conocer una supuesta declaración firmada de un testigo que habría sido pagado por el CDE para declarar en contra de "Lunarejo". En esa ocasión presentó una denuncia formal ante el ministro en visita, Víctor Montiglio.
Dichas declaraciones, de acuerdo a fuentes de la policía peruana y la DEA, sólo buscan abortar las líneas de investigación que se han seguido, hasta ahora, para comprobar que Fernando Zevallos obtuvo su fortuna del narcotráfico y que hoy se dedica al lavado de activos.
Lo que pretendería Zevallos, de acuerdo a fuentes del CDE, es evitar que abogados del organismo viajen a Perú a investigar sus actividades.
Fernando Zevallos y gran parte de su familia fueron sometidos a proceso por lavado de dinero y narcotrafico a mediados del 2001. Sin embargo, la Corte Suprema chilena anuló los encausamientos.
Luego de ese revés jurídico para el CDE, la firma se declaró en quiebra debido a sus múltiples problemas económicos que derivaron en que la Dirección General de Aeronáutica Civil decidiera terminar su permiso en Chile.
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