Una exhaustiva investigación del ente contralor encontró indicios de delitos que podrían hacer palidecer lo descubierto -hasta ahora- en el caso GATE, que involucraría a altas autoridades de la casa de estudios superiores.
La investigación que realizó la Contraloría General de la República en torno a pagos irregulares que habría incurrido el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de Empresas (Ciade), de la Universidad de Chile, dan cuenta de que el ex decano de la Facultad de Economía, Ricardo Paredes, y el ex director del Ciade, Nassir Sapag, entre otras altas autoridades universitarias, habrían recibido pagos millonarios por parte del Ministerio de obras Públicas entre 1999 y abril de 2001.
La investigación del organismo contralor -iniciada en enero del 2003, y que remitió el 30 de enero pasado al Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago por aparentemente revestir carácter de delito- verificó que el Ciade, "suscribió un contrato con fecha 13 de agosto de 2001 con la Dirección de Obras Públicas, por un monto de 270 millones de pesos mediante el cual se compromete y obliga a realizar un diseño de implementación de un sistema de evaluación de propuesta pública y contratos a nivel de Secretarias Regionales ministeriales de Obras públicas".
Al mismo tiempo, la Contraloría comprobó que en el marco del citado contrato, "la facultad celebró dos convenios, con fechas de 1 de diciembre del 2001 y 1 de enero del 2002, con una corporación de derecho privado denominada Instituto de Economía, por una suma total de 9 millones, los cuales fueron suscritos por el ex decano de la facultad, señor Ricardo Paredes, y por el académico de la misma, Miguel Allan Basch, en representación de la referida corporación, lo que resulta improcedente en atención a que ambos tenían calidad de socios del citado instituto, constituyendo una negociación incompatible sancionada en el Código Penal".
El documento -al cual tuvo acceso, en exclusiva, El Mostrador.cl– señala que la facultad "suscribió convenios de prestación de servicios a honorarios por el mes de diciembre del 2001, entre otros, con doce personas que a esa data desempeñaban los cargos de Secretarios Regionales Ministeriales del Ministerio de Obras Públicas, estos son los señores: Juan Antonio Muñoz; Miguel Rolando Silva; Carlos Alfredo Alert Agüero; Manuel Francisco Castañeda Paredes; Pedro Martínez Rojas; Manuel Gonzalo Peña Véliz; Yazmín Balboa Rojas; Vladimir Morales González; Enrique Guillermo Jiménez Sepúlveda; José Luis Larroucau Ritze, Raúl Narciso Gutiérrez Areyuna y Fernando Fidel Vílchez Santibáñez, cancelando individualmente a ellos 9 millones 200 mil pesos, excepto al último a quien se pagó 6 millones".
Según el informe, "además se contrató al señor Ricardo Osvaldo Trincado, a la sazón asesor de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, por la suma de 9 millones 200 mil pesos". Todos los pagos anteriores sumaron de acuerdo a la investigación realizada por la Contraloría General la cantidad de 116 millones 400 mil pesos.
El ex decano de Economía, Ricardo Paredes.
Fuentes allegadas a la investigación señalaron que dichos contratos fueron "conocidos", en su momento, por el actual subsecretario del MOP, Juan Carlos Latorre, y el director de Obras Hidráulicas, Eduardo Bartholín, en el marco del sistema de Concesiones de la cartera.
Los pagos de honorarios del Ciade fueron recibidos por funcionarios de las subdirecciones del MOP y seremis de Obras Públicas, quienes supuestamente fueron contratados para realizar un estudio de "diseño e implementación de un sistema de evaluación de propuestas públicas y contratos a nivel de las secretarias regionales y ministeriales de Obras Públicas, encomendados por la dirección general del Ministerio.
Fuentes consultadas por este diario, coincidieron en señalar que este caso puede ser más grande que GATE, pues hubo personas que sencillamente no cumplieron los contratos, al estar inhabilitados por sus cargos. Explicaron que otras autoridades "cobraron sobresueldos, a través de Ciade, por labores propias y remuneradas de su cargo".
Sobre este punto, la Contraloría acreditó que tales contratos fueron extendidos por el jefe de proyectos del Centro de Investigación, Enrique Ponce de León Milnes. "La labor de los referidos personeros no se encuentra acreditada, toda vez que se habrían limitado a contestar encuestas, participar de entrevistas y proporcionar antecedentes a solicitud del actual jefe de Gabinete del subsecretario de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, todas tareas propias del ejercicio de sus cargos que desempeñaban en esa época, de acuerdo con lo dispuesto en el título IV, del DFL 850, de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.840, de 1964 y del DFL 206, de 1960, del ministerio de Obras Públicas, y que por lo tanto, de ninguna manera, pueden justificar el monto de los pagos señalados. Además, dicha información ni siquiera habría sido entregada por todos los funcionarios contratados, de acuerdo con lo consignado en el informe final del proyecto emitido por el Ciade".
Todos estos «trabajos» realizados por la Universidad de Chile y de acuerdo a los contratos a honorarios, contemplaban la entrega de informes finales de la Facultad. Además de reportes parciales lo que "en definitiva no aconteció", según lo declarado por el ex director Económico y Administrativo de la unidad académica, Armando Jaramillo Alvarez, y corroborado por Enrique Ponce de León.
Sapag y compañía
Las indagaciones realizadas por la Contraloría también dieron cuenta que el ex director del Ciade, Nassir Sapag, utilizó la Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Necul-Hual SA (de la cual es dueño junto a su esposa Cristina Orietta Bonilla) para autocancelarse la suma de 8 millones 913 mil 600 pesos por "externalización de servicios". Lo que resultaría del todo ilegal, según la investigación.
Estos pagos se encuentran respaldados por contratos cuyos antecedentes no guardan relación con el proyecto que se analiza, lo que, a juicio de la Contraloría, "constituiría un ilícito".
Tales recursos fueron administrados y controlados por el ex director Económico y Administrativo de la Facultad, Alvarez Trujillo, quien ocupa actualmente un cargo similar en la Casa Central de la Universidad de Chile.
El «curso» de los pagos
Si bien, autoridades de la Universidad de Chile han negado tener información sobre los contratos y del cuestionado proyecto, Contraloría acreditó que el procedimiento empleado para efectuar los pagos consistió, según la denuncia que recayó en manos del juez (s) Alejandro Rivera, del 7° juzgado del Crímen de Santiago, quien ya ordenó algunas diligencias, en "cancelar, anticipadamente, los honorarios mediante cheques de la cuenta bancaria N° 39-80077-02 de la Facultad, emitidos bajo el concepto contable de giros a rendir".
El documento, agrega, que "posteriormente, para regularizar tales operaciones, y con el respaldo de la boleta de honorarios y el Decreto Universitario que aprobaba el convenio, se confeccionaron los egresos del caso en forma conjunta con un nuevo cheque abierto al portador de la cuenta de la Facultad a nombre de los mismos personeros, documentos que fueron cobrados directamente, por caja, en el Banco de Santiago. Posteriormente, la casi totalidad de los dineros obtenidos de esta manera, fueron depositados en la antes citada cuenta corriente".
Los convenios aludidos de acuerdo a la investigación de la Contraloría se pactaron con la finalidad de desarrollar labores específicas de "participar en proyectos de diseño e implementación de evaluación de propuestas públicas a nivel de las secretarias regionales del MOP, las que fueron encomendadas por la dirección general de Obras Públicas".
Todo esto ocurre cuando la ministra en visita del caso GATE, Gloria Ana Chevesich, está apunto de resolver y ampliar los autos de procesamientos y pronunciarse si concede o no la libertad al ex biministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, y al ex director de Finanzas, Sergio Cortés, hoy se le abre un nuevo frente: investigar las irregularidades en que se habría incurrido en el nuevo caso Ciade de la Universidad de Chile.
La ministra en visita Gloria Ana Chevesich, y el magistrado (s) del Séptimo Juzgado del Crimen, Alejandro Rivera, ya se reunieron para discutir y analizar los antecedentes y gravedad del tema, por lo que se espera que la magistrada una vez que acote la investigación de MOP-GATE acumule también esta investigación. Pues los nombres se repiten y el denominador común de esta nueva caja de Pandora es el Ministerio de Obras Públicas.
En el caso GATE están encausados por fraude al fisco el ex biministro Carlos Cruz y el ex jefe de finanzas de Vialidad, Sergio Cortés. Por estafa residual está procesado el dueño de GATE, Héctor Peña.
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Vea además:
Hermano de Peña Véliz recibía pagos de la U. de Chile (4-3-2002)
