La investigación por el escándalo MOP-CIADE, iniciada por el juez (s), Alejandro Rivera, del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, pone en jaque a toda la Facultad de Economía de la U. de Chile, unidad académica que, pese a su especialidad, no logra hacer cuadrar "la caja chica". Conozca los detalles.
El juez (s) del Séptimo Juzgado del Crimen, Alejandro Rivera, poco a poco se ha ido interiorizando del nuevo escándalo en el MOP que involucra, ahora, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas -FACEA- de la Universidad de Chile.
En el marco de la investigación -que de acuerdo a lo recopilado por El Mostrador.cl, sería de mayor tonelaje que el escándalo MOP/GATE- ha quedado en evidencia la eventual participación de altas autoridades y ex académicos de la Facultad, quienes tendrían conocimiento del «sistema» que, según fuentes allegadas a la investigación, data de 1996.
En esa línea y para comenzar a "desenredar la madeja", el juez Rivera solicitó al Ministerio de Obras Públicas toda la documentación del proyecto suscrito por el Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de Empresas -CIADE-, de la facultad, y la Dirección de Obras Públicas por 270 millones de pesos.
El juez y la Brigada de Delitos Económicos -Bridec- se encuentran realizado diligencias paralelas que permitan avanzar en la indagatoria por la denuncia realizada por la Contraloría General de la República ante el tribunal. El desfile de los involucrados en esta trama ya comenzó.
Rivera citó a declarar a los funcionarios del MOP y la Facultad involucrados, los que han concurrido, indistintamente, al juzgado y a las dependencias de la Bridec de la policía civil, ubicadas en el cuartel Borgoño. Para hoy, según fuentes del CIADE, debería cumplir similar trámite, el ex decano Ricardo Paredes.
Pese a que el escándalo que, ahora, salpica a la Universidad de la Chile -que tienen como denominador común con el caso GATE, al MOP y el manejo irregular de dineros fiscales-, los ministros que investigan estos ilícitos optaron por seguir caminos separados, pero manteniendo la «coordinación».
Según fuentes de tribunales, el juez (s) Alejandro Rivera, entregó a la ministra en visita del caso GATE, Gloria Ana Chevesich, todos los contratos celebrados entre el MOP y el CIADE desde 1996 a la fecha, los que sumarían una treintena. Cuya indagatoria quedaría en, una primera fase, a cargo de Rivera, quien centraría su trabajo en la FACEA.
La U en shock
Si bien la denuncia que comenzó a investigar la Contraloría tiene en estado de shock a la Universidad de Chile, en el Ministerio de Obras Públicas han optado por cuestionar la "regularidad" de la investigación encabezada por los fiscales del organismo contralor Marcelo Freyhoffer y Pedro Berríos. Según una fuente del MOP, los fiscales "no tiene la facultad para iniciar una indagación sin orden del Contralor General y sin un sumario interno previo". Precondiciones que, asegura, no se han cumplido en este caso.
Además, agrega la misma fuente, "los fiscales de la Contraloría no tienen por qué definir, ni objetar, si le pagamos mucho o pocos a nuestros seremis. Por lo que vamos a aclarar toda está situación que, para nosotros, es legal y la fundamentaremos con documentos a través de nuestro fiscal".
Sobre las personas que tenían conocimiento de los contratos con el CIADE, fuentes internas del MOP, señalaron que, "tanto el ex ministro, Carlos Cruz, como el actual subsecretario, Juan Carlos Latorre, conocían el contrato celebrado con la unidad universitaria".
"Por supuesto que era conocido, porque fue un trabajo realizado con todos los seremis, donde se entregaron informes y con muy buenos resultados. Además, el CIADE y la Facultad tienen varios grupos de trabajo y entregaban distintas asesorías", dice una alta fuente que conoce a fondo los contratos cuestionados.
La misma fuente, calificó como "inaceptable" la denuncia y aseguró que "no existe preocupación alguna (por la acción judicial). Responderemos por el trabajo que, ahora, se cuestiona porque conocíamos a las consultoras. El estudio venía incluido en el presupuesto", afirma.
Cuando se firmaron los contratos con el CIADE, no se encontraban en funciones el ministro titular, Carlos Cruz, ni el subsecretario, Juan Carlos Latorre, por lo que el cuestionado convenio fue rubricado por los subrogantes: Eduardo Arraigada y el fiscal Alirio Verdugo, respectivamente.
Los contratos de externalización de servicios que están siendo investigados, corresponden a los que se iniciaron el año 2001, justo después de que el MOP finalizara su relación contractual con GATE. El Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa, siguió "prestando" los mismos servicios de «outsourcing» que hacía la empresa de Peña Véliz, los cuales se extiende hasta la actual administración del MOP, que encabeza el ministro Javier Etcheberry.
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