Las colectividades no entienden cómo La Moneda opta por un manejo de crisis -en lo político y en lo comunicacional- que está dilapidando las confianzas públicas, arriesgando lo que le resta de credibilidad al Gobierno de la Concertación, y empañando la imagen económica internacional del país.
Grande era la distancia que separaba ayer a los habitantes de La Moneda, y su forma de enfrentar el caso Corfo-Inverlink, de lo que estaba sucediendo en los partidos políticos en torno al tema. Los duros planteamientos y declaraciones del PS y la DC que se sucedieron a lo largo del día para pedir las renuncias de los responsables políticos afectados por el escándalo financiero dejaron de manifiesto que la postura de "transparencia" adoptada por los partidos dejó varios pasos atrás, al menos en cuanto a imagen pública, al Gobierno.
Los partidos estaban al tanto de la existencia de esta distancia «ética» desde la mañana: confidenciaron que la opinión que les había llegado desde La Moneda sobre sus planteamientos fue que los partidos de la Concertación debían dedicarse a atacar a la derecha y no a atacar al gobierno por la forma en que está llevando el caso.
Esta advertencia no evitó que la mesa directiva del PS decidiera hacer pública en forma llamativa la resolución aprobada por la comisión política del partido el lunes por la noche. El nuevo escándalo, decía el texto, "afecta la confianza del país y preocupa profundamente a la opinión pública. Ello obedece a que se trata de un hecho grave e ilegal, claramente delictual en su naturaleza, pero que lamentablemente, se suma a otros ilícitos que dañan al gobierno y a la democracia".
El PS planteó que comparten el enfoque de Lagos en cuanto a que se trata de un robo cometido por privados, y exigieron que los grupos económicos no hagan defensa corporativa para justificar la sustracción de fondos públicos.
Pero con mayor determinación, el planteamiento formal del PS fue que dado que "estos instrumentos financieros son de patrimonio público, en consecuencia, se deben asumir las responsabilidades políticas comprometidas. Esto significa que el Ministro de Economía, Jorge Rodríguez, debe presentar su renuncia haciéndola efectiva de inmediato, al igual que el presidente del Banco Central, Carlos Massad, por los hechos que afectan a esa institución".
El clamor de la directiva socialista era que las instituciones funcionaran, como suele decir el Presidente, y en consecuencia, se aplicara un principio básico de un democracia eficiente: las responsabilidades políticas.
"No se puede minimizar hechos vergonzosos que indignan al país y al Partido Socialista", expresó la vicepresidenta Pamela Pereira. " Las personas responsables por las negligencias (falla en los mecanismos de control interno) no pueden ser las mismas que enfrenten el problema", añadió el presidente socialista, Camilo Escalona, para exigir a continuación que La Moneda haga una inflexión en el manejo político que hace en estos casos. Pamela Pereira acotó que desde las indemnizaciones en adelante es que se viene relajando la aplicación inmediata de las responsabilidades políticas.
La DC reitera
La directiva de la Democracia Cristiana, en tanto, reiteró la postura pública que ya había adoptado el lunes. "Los últimos hechos que conmueven a la opinión pública, relativos a la fuga de información privilegiada y transacciones fraudulentas de instrumentos financieros, han significado un fuerte golpe a la fe pública y a la confianza de los chilenos", decía una declaración pública firmada por Adolfo Zaldívar y el diputado Jaime Mulet y que tomaba la misma línea que el PS.
"La Democracia Cristiana desea establecer dos criterios prioritarios, para enfrentar las crisis: Primero un compromiso intransable para resguardar los intereses de los chilenos más humildes y de clase media que pudieran ser afectados por estas acciones; y segundo, la preservación de la estabilidad del sistema financiero, como requisito ineludible para restablecer su normalización y la confianza de la gente en el funcionamiento de sus instituciones", agrega el texto.
"El Partido demandará tanto del Estado como de las entidades privadas involucradas, responder por el patrimonio comprometido de los pequeños y medianos ahorrantes, y por los fondos de pensiones que pudieran verse afectados, y asegurar las prestaciones que deben brindar las entidades previsionales y de salud comprometidas por los malos manejos de sus dueños y/o ejecutivos", añade.
"En cuanto a la responsabilidades directivas superiores, estima que ellas deben hacerse efectivas respecto de los personeros que ejercían labores de responsabilidad en el ámbito estatal. A ellos se les demanda consecuencia y los gestos adecuados para restablecer la confianza ciudadana en el orden público económico gravemente dañado por estos hechos. En ese punto valoramos la decisión del ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Gonzalo Rivas, de asumir lo sucedido bajo su dependencia y presentar su renuncia", dice también.
Quizás una de las frases más duras fue: "estamos en presencia de un relajo generalizado en el comportamiento de personeros públicos y privados, de niveles medios y superiores".
Miradas críticas
El tema de fondo, las colectividades no pueden entender cómo La Moneda está optando por un manejo de crisis en lo político y en lo comunicacional que está dilapidando las confianzas públicas, arriesgando lo que le resta de credibilidad al Gobierno de la Concertación, y empañando la imagen económica internacional del país.
Fuera de los micrófonos, la DC explicaba que los partidos contemplan con impotencia cómo La Moneda incurre en errores graves de gestión y no ve la magnitud del problema. Siendo militante DC y todo, el partido estima que "Massad echó a perder el sistema".
La DC atribuye la postura adoptada por Lagos a que el Presidente está pecando de buena fe y a los consejos de "los asesores". En el PS, con más rigor, lo atribuyen a creer que se está en lo correcto y no querer escuchar otras evaluaciones.
Mientras el PS y la DC se erguían como la reserva moral de la Concertación, el gobierno, a través del ministro vocero, Francisco Vidal, minimizaba este "desmarque ético" respondiendo que "en un régimen presidencial los partidos puede pedir lo que quieran y tener sus opiniones, pero es el Presidente quien decidirá". ¿Lo de Corfo-Inverlink?, "una estafa que tendrán que resolver los tribunales». Y punto.
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