Sepa cómo podría operar el magistrado. Cuáles son los eventuales delitos que están en juego, cuándo y por qué sometería a proceso a los involucrados en los hechos.
Una agitada semana se inicia hoy en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. El ministro en visita Patricio Villarroel, quien investiga los eventuales delitos cometidos por la empresa Inverlink con la complicidad de ex funcionarios del Estado, comenzará a tomar declaraciones a las involucrados que, durante la semana pasada, fueron quedando detenidos a raíz de las diligencias efectuadas por Investigaciones.
Concurrirán al tribunal Eduardo Monasterio (presidente del holding), Javier Moya (ex operador de la mesa de dinero de la Corfo), Ignacio Wulf (accionista mayoritario de Inverlink), Patricio Collarte (gerente general tras la salida de Enzo Bertinelli), Eduardo Tapia (ejecutivo de la empresa), Marcelo Muñoz y Patricio Reyes (contadores), Carlos Rubilar, Guillermo Brito Aguilera (contador de Inverlink Corredores de Bolsa), y Pablo Schafauser Muñoz (gerente de administración de Inverlink Consultores). Aún está pendiente la orden de aprehensión del operador Luis Hernández, quien, hasta el momento, sigue prófugo.
A medida que el magistrado vaya tomando testimonio a los mencionados y sometiéndolos a eventuales careos -tanto a los funcionarios de Inverlink, como de Corfo- irá decretando, primero su detención judicial y luego, tras cinco días de plazo, definir si se cumplen los requisitos establecidos en la ley para someterlos a proceso o no por los delitos que implicó la operación. Esta redunda, hasta ahora, en la «pérdida» de 100 millones de dólares que el Estado asumirá mientras la justicia no determine quién debe pagar, finalmente, los montos defraudados.
El ministro Villarroel tendrá también esta semana que tomar determinaciones respecto al levantamiento o no de las medidas precautorias (orden de no pago) que pesan sobre los documentos endosados a Inverlink a través de la maniobra que intentó beneficiar al holding de Monasterio.
Liana procesal
En tanto, y en la "cuerda separada" -llamada caso Inverlink-Banco Central-, donde se pesquisa el uso y revelación de información privilegiada, el ministro está a la espera de diligencias ordenadas a la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac) para determinar si los datos enviados por la ex secretaria del Central, Pamela Andrada, fueron utilizados por la empresa para operar en el mercado sobre la base de antecedentes claves no conocidos por la competencia.
Por estos hechos están procesados -además, de Andrada (por revelación de información privilegiada y soborno)-, el ex gerente general de Inverlink, Enzo Bertinelli (por cohecho y delito informático), y los técnicos en informática del holding, Cristián Schultz y José Torres del Pino, quienes fueron encausados el jueves por infracción a la Ley de Informática. Schultz y Torres fueron quienes borraron los correos electrónicos que recibió Bertinelli desde el Central. En todo caso, entregaron sendos discos con la información que ellos mismos respaldaron temiendo que la acción de "formateo" pudiera contener un delito.
