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Aún cuando considera que debió

A regañadientes la UDI suscribió acusación contra Rodríguez Grossi

por 20 marzo, 2003

Mientras tanto, el aludido advirtió que "espero que esto no sea una venganza política ni un intento por desviar la atención sobre quienes son los verdaderos responsables, que son un manga de sinvergüenzas que han estado operando en el mercado de capitales".
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Finalmente la UDI terminó cediendo ante la tozudez de Renovación Nacional y respaldó la acusación constitucional en contra del ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, en su calidad de presidente del Consejo de CORFO.



No obstante, se le introdujo modificaciones al texto original, aún cuando en la UDI estaban convencidos que la presentación del libelo podía posponerse hasta después de los resultados de la comisión investigadora por el caso Corfo-Inverlink.



Aunque en ambas bancadas la versión oficial es que no hay problemas ni tensiones al interior de la Alianza por Chile, lo cierto es que los gestos valen más que mil palabras: mientras la acusación fue presentada por 9 diputados RN, sólo los dos jefes de bancada de la UDI asistieron a la entrega del texto a la oficina de partes.



Además, los gremialistas prefirieron dar una conferencia de prensa antes de la presentación para explicar por qué habían decidido firmar el texto y no hacer un rueda en forma conjunta con sus socios de RN.



En dicha conferencia, el jefe de los diputados UDI, Rodrigo Álvarez, dejó muy en claro que la decisión de presentar la acusación había sido de sus socios de la alianza. El parlamentario planteó que en términos públicos sus aliados estaban en una situación compleja, por cuanto apoyaron tanto la comisión investigadora como la presentación de la acusación constitucional En este contexto, RN debía responsabilizarse de la confirmación de ambas u optar por posponer la segunda.



Sin embargo, precisó que la UDI considera que existen antecedentes para la acusación constitucional, pero que estima más apropiado haber concluido con el proceso de la comisión investigadora para luego abocarse a la acusación, que finalmente fue suscrita por los diputados de RN Lily Pérez, Pablo Galilea, Osvaldo Palma, Rosauro Martínez y René Manuel García. Por cuenta de la UDI lo hicieron los Marcela Cubillos, Darío Paya, Javier Hernández, Felipe Salaberry y Ramón Barros.



De esta forma, la UDI le traspasa el costo político de tensionar la alianza a RN y no sólo por esta decisión, sino también por la de insistir en la candidatura de Alberto Cardemil a la presidencia de la Cámara de Diputados en vez de apoyar al UDI Víctor Pérez. La que, como era previsible de todos modos, se perdió por el voto de mayoría que tiene la Concertación en el hemiciclo.



De hecho, el discurso público de los dirigentes gremialistas es que aquel apoyo fue un gesto de generosidad de la UDI que bajó a su candidato pese a que no existía un acuerdo político entre ambos partidos para ello. Y que esperaban que en esa oportunidad, fuera RN la que les cediera la posibilidad de representar al sector "por primera vez en la historia".



Incluso, Álvarez advirtió que estos gestos no son señales para RN, pues "ellos tienen muy claro lo que hemos hecho por la alianza en los últimos años y semanas". Acto seguido recordó, sin embargo, el respaldo entregado por la UDI a sus aliados en situaciones como la postulación a la presidencia de la comisión del caso "coimas" y ahora su respaldo a la acusación contra Rodríguez.



Por su parte, el subjefe de la bancada gremialista, Carlos Recondo, aclaró que los gestos unitarios de su colectividad se basan fundamentalmente en que ha asumido la responsabilidad de los objetivos que la Alianza por Chile tiene por delante, " por lo tanto, nuestra actuación se explica en esa responsabilidad, de asumir un liderazgo en la unidad y la gobernabilidad de la alianza".



RN respira aliviada



En tanto, en RN aseguran que no le han doblado la mano a la UDI, pues ese partido se sumó a una iniciativa de ellos y que si sus socios hubieran estado en desacuerdo, simplemente no la hubieran firmado.



En cuanto al sorpresivo apoyo que recibió Cardemil el martes, el propio beneficiado aseguró que "lo hubiera agradecido si hubiera sido de forma espontánea pero si además les costó hacerlo y lo hicieron por la unidad de la alianza eso se agradece doblemente".



Así, en RN aseguran que ellos sólo están cumpliendo con lo que a su electorado le interesa: asumir la responsabilidad que éste le "exige de usar las prerrogativas constitucionales que poseen para pedir responsabilidades a los que están gobernado mal".



Además, sostienen que la existencia de un trabajo paralelo de la comisión investigadora -que se constituyó ayer por la tarde con Jorge Brugos (DC) como presidente- y la de la acusación no significará que alguna de ellas pierda importancia o efectividad porque persiguen distintos objetivos.



La primera está investigando verdades que aún no se conocen y la segunda, lleva adelante una acusación contra una persona, por lo que serían "complementarias".



La diputada Lily Pérez, dijo que se está haciendo un juicio político a la acción del ministro de Economía en su rol de presidente del consejo de la Corfo, por lo que el texto está fundado básicamente en la falta de acción de Rodríguez Grossi.



Según el texto, "no se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 84 y 85 del Código de Procedimiento Penal, que obligan a todo funcionario público a denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones y especialmente los que noten en la conducta ministerial de sus subalternos", "dentro de las 24 horas al momento en que tengan conocimiento del hecho criminal".



Ello, considerando el lapso transcurrido entre el miércoles 5 de marzo cuando Corfo tomó conocimiento de la situación y el viernes 7, cuando recién por la tarde la institución avisó al mercado.



"Esta inaceptable desidia e incumplimiento de la obligación legal, (permitió que) durante la mañana del viernes 7 el hasta entonces jefe de tesorería de Corfo, Javier Moya, retirara del Banco de Crédito e Inversiones $ 70 millones en fondos mutuos".



Consultado sobre por qué no esperaron el resultado de la comisión investigadora antes de presentar la acusación, Cardemil aseguró que "no tenemos que esperar los resultado de la comisión investigadora para resolver lo evidente. Si a una empresa del estado le roban 100 millones de dólares y hay un ministro a cargo del directorio para cuidar la plata, y no lo hizo, es responsable. El ministro infringió la Constitución y las leyes y las dejó sin ejecución. Nosotros no le queremos quitar importancia a la acusación y vamos a tener que hacer todo lo posible para coordinar el trabajo parlamentario de ambas instancias".



Rodríguez: "voy a ganar esta pelea"



Por su parte, el ministro aludido, afirmó que es absolutamente responsable de los actos que se le encomiendan y que ha cumplido con todos ellos por lo que la acusación no es procedente. En este contexto, planteó que "creo que voy a ganar esta pelea".



Tras lo cual, informó que hará efectivo el recurso de la cuestión previa, que es la defensa contra los argumentos de la acusación, donde se determina si hay lugar o no a la presentación, manifestando su certeza en torno a que el libelo será rechazado en dicha instancia.



Respondió a los acusaciones de RN en su contra y señaló que desde el punto de vista político las responsabilidades en este caso terminan con el vicepresidente ejecutivo de la entidad, pues él es quien tiene todas las facultades de administración y que el consejo fiscaliza a través del vicepresidente ejecutivo y de la Contraloría, pero que nunca hubo señal de irregularidades respecto del control de los dineros.



"En consecuencia, mal se puede culpar en primer lugar a un miembro de ese consejo que no tiene responsabilidades individuales, sino solamente colectivas y, en segundo lugar, a un miembro de ese consejo que nunca tuvo señal alguna de irregularidad por parte de quienes tiene que supervisar y administrar".



"El rango que tiene el vicepresidente ejecutivo de Corfo de acuerdo a la ley es altísimo. Acá se está haciendo una acusación que no procede en derecho y que no sea un intento de venganza política o de tratar de distraer a la opinión pública hacia los verdaderos hechores de este delito que son una manga de sinvergüenzas que han estado operando en el mercado de capitales, robándole al gobierno pero también a municipios y a otras entidades y ahora tratando de desviar la atención hacia un funcionario público como yo, que ha cumplido absolutamente con la ley", afirmó Rodríguez.

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