La investigación está en conocimiento del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, y ya arrojó los primeros resultados. Dos procesados: una funcionaria del tribunal y un particular.
En medio de la investigación por los sobresueldos pagados a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas a través del Centro de Investigación Aplicada para el Desarrollo de la Empresa -Ciade- de la Universidad de Chile, el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Rivera, detectó una «red de corrupción» al interior de su propio juzgado.
El caso que es materia de una investigación interna comenzó a mediados de febrero a través de un sumario iniciado luego que el magistrado, quien está en calidad de interino, detectara que funcionarios de ese tribunal realizaban trámites ilegales en beneficio de procesados o de sujetos con órdenes de aprehensión por giro doloso de cheques.
Paralelo a la investigación que sigue por el caso MOP-Ciade, Rivera ha tenido que dividir su tiempo para interrogar a la totalidad del tribunal por los ilícitos detectados y que, al parecer, involucrarían a varios funcionarios en una red de corrupción que operaba al interior del tribunal desde hace bastante tiempo, según fuentes judiciales consultadas por este medio.
Hasta ahora, Rivera ha dictado el procesamiento de dos personas: un particular que pagó para que se adulterara un documento jurídico y una actuaria del Séptimo Juzgado del Crimen capitalino. Ambos estarían confesos.
La actuaria procesada fue suspendida inmediatamente de sus funciones y enfrenta el cargo de cohecho. La mujer, identificada como Jacqueline Castillo, llevaba cinco años trabajando en el tribunal y es sindicada como la cabecilla de la supuesta red.
La celeridad y el sigilio con que ha actuado el juez Rivera en este caso, estaría motivado por la necesidad de mantener al Poder Judicial al «margen» de los escándalos de corrupción que han afectado al aparato público y al sistema financiero en el último tiempo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones analizó, el lunes pasado, el tema y, ante los efectos que podría tener su conocimiento público, decidió respaldar el accionar del magistrado Rivera. Al mismo tiempo, el tribunal de alzada decidió designar al ministro visitador del Séptimo juzgado, Haroldo Brito, quien, paralelamente, deberá abocarse a instruir una investigación administrativa interna y sancionar a quienes resulten responsables.
Además, los ministro del Pleno le habrían ordenado a Brito que indague «otras irregularidades» que ocurrían al interior del tribunal, las cuales quedaron al descubierto por la investigación de Rivera.
Ministros del tribunal de alzada capitalino no descartan que estas irregularidades, conocidas en medio de escándalos que han estremecido a la opinión pública, sean estudiadas por la Comisión de Etica.
Modus Operandi
Trascendió en fuentes judiciales que si bien por ahora se está investigando un hecho puntual, las pesquisas que determinaron el procesamiento de Castillo continúan, ya que «era un secreto a voces» que estas prácticas al interior del tribunal eran habituales.
El modus operandi que seguía la actuaria para adulterar documentos consistía en una cadena, en la que participaban otros funcionarios que, previo pago, concluía con «blanqueo» de los antecedentes u órdenes de aprehensión de sujetos procesados por giro doloso de cheques.
El contacto se hacía -según se sabe hasta ahora- a través de la funcionaria Jacqueline Castillo, la que procedía a confeccionar un documento con todos los membretes del tribunal, lo que le daba la «legalidad» y credibilidad a las órdenes adulteradas, que permitía a los acusados mantenerse en libertad.
Trascendió en fuentes judiciales que habrían más funcionarios del Séptimo Juzgado involucrados en la red, quienes tenían una «cartera» bastante diversificada de servicios y tarifas.
