El magistrado estuvo reunido ayer en una audiencia de prueba con los abogados del estudio Jana y Hinzpeter, representantes de Corfo y las AFP Cuprum Habitat y Provida. Reservadamente han declarado el gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, Guido Martínez, y el gerente de Sistemas Bursátiles, Juan Ponce.
¿Compró o no compró de buena fe los documentos de la Corfo? Esta es la pregunta que tiene en mente el ministro en visita que instruye el caso Inverlink, Patricio Villarroel. De hecho, quiere resolverla en estos días, en medio del proceso criminal, cuando ni el banco de Chile ni el BCI entregan aún la información sobre los posibles envíos al exterior de los ex dueños del holding.
Con este motivo, el magistrado estuvo reunido ayer en una audiencia de prueba con los abogados del estudio Jana y Hinzpeter, representantes de Corfo, y con las AFP Cuprum Habitat y Provida, quienes desean que se alce la medida de embargo sobre los documentos que compraron en medio del escándalo que derivó en la caída del holding.
Esto se refiere a la parte "civil" del proceso, donde reservadamente han declarado el gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, Guido Martínez, y el gerente de Sistemas Bursátiles, Juan Ponce.
El problema con estas AFP y otros clientes privados se produjo debido a que no entraron en el acuerdo gobierno-banca que se generó a mediados de marzo, para evitar una suerte de debacle en el mercado de capitales.
"Villarroel está aprendiendo del sistema, por eso se va a demorar en tomar una decisión", comenta una fuente allegada al caso.
Pero otros cercanos señalaron que el problema es aun mayor para el fisco, debido a que Corfo debe "probar" quién compró de mala fe y si no es así, hacer la pérdida.
Según fuentes ligadas al caso, tanto Martínez como Ponce le aseguraron al magistrado que no hay mala fe en el tipo de compras que hicieron las AFP y algunos particulares, aunque el magistrado aún no estaría convencido.
Molestias y peticiones
Ayer, el magistrado levantó la prohibición sobre 4 mil millones de pesos en papeles Corfo pertenecientes a la corredora de bolsa del BancoChile, con lo que va despejando la vía "civil" en el proceso criminal y le ha permitido a Villarroel dedicarse con mayor tranquilidad a la indagatoria.
Sin embargo, un suave "tirón de orejas" ha debido soportar el magistrado cuando la causa ha subido a la Corte por apelaciones de los procesados.
De hecho, en la apelación de los técnicos informáticos de Inverlink que borraron los mensajes de Enzo Bertinelli a Pamela Andrada, Cristián Schultz y Torres, los magistrados le enviaron a su colega una lista de diligencias que debía realizar y de las cuales adolecía el proceso y le modificaron los encausamientos desde el delito informáticos a obstrucción a la justicia.
El lunes de esta semana nuevamente fue «cuestionado», y se le pidió que afinara la "puntería" de la tipificación de los delitos. El hecho, comentaron varios abogados, no gustó mucho a Villarroel. Sin duda nada grave, pero ha evidenciado una tendencia.
En tanto, ayer le defensa de Enzo Bertinelli, volvió a solicitar que se excluya del conocimiento del sumario a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y al Banco Central, aunque esta disputa de seguro el magistrado la rechazará pues ya dictó una resolución reciente en tal sentido.
En el mismo plano, la ex secretaria privada de Carlos Massad, Pamela Andrada, solicitó la libertad provisional. Según trascendió el magistrado estaría por otorgársela.
Pero uno de los temas que mantiene preocupada a la banca está a punto de resolverse y es la citación a los ejecutivos de las entidades financieras y las corredoras.
A contar de hoy, por otra parte, la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) «pasará» al tribunal a los nuevos citados que el ministro ha requerido. Se trata de ex funcionarios de Inverlink.
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