A pesar del optimismo de los negociadores en torno a que hoy podría llegar el esperado acuerdo, la verdad es que no existe claridad de posiciones entre los representantes de los partidos y sus propios parlamentarios para asegurar la aprobación de las iniciativas que se han planteado desde la mesa de negociación.
La emblemática Agenda de Transparencia y Modernización del Estado parece estar apagándose. Pese a las manifestaciones de voluntad del gobierno y de los partidos políticos para conseguir un acuerdo, las diferencias entre los parlamentarios y los negociadores aumentan cada día.
A tal punto, que ya no sólo son los límites al gasto electoral el principal tema de preocupación en la Concertación, sino que a ello se le suma la insistencia de algunos en Renovación Nacional en que, más que los polémicos techos, lo importante es establecer áreas de transparencia para que la opinión pública conozca quiénes son los financistas qué partidos y candidatos los que reciben donaciones importantes.
El senador Carlos Cantero, integrante de la comisión de Gobierno, es uno de los que plantea esta posición. A su juicio, el límite al gasto, cualquiera sea, no tiene sentido si no se establecen fórmulas estrictas de transparencia de las donaciones. Sin eso -dice- las negociaciones no tienen sentido.
En este aspecto, Cantero deslizó una ácida crítica a sus aliados de la UDI, destacando que en la negociación con el gobierno sólo están tratando «de subir los límites y reducir los ámbitos de transparencia". Pero, precisó que en lo que coinciden con Renovación Nacional es en que ambas colectividades abogan por generar mecanismos que impidan la intervención electoral del Estado.
Sin estos y sin estructuras que aseguren una "absoluta transparencia" de los recursos utilizados en las campañas, el proyecto de financiamiento no tendrá utilidad, en opinión de Cantero. Además, no comprende la negociación entre el gobierno y los partidos, considerando que los principios de acuerdo a que se estaría llegando no varían, en lo sustancial, a lo aprobado en la comisión de Gobierno del Senado.
Pese a que Cantero es parte interesada en el tema -pues deberá competir con Cristián Leay (UDI) en las próximas senatoriales-, su posición no deja de tener cierta sustentabilidad, ya que cuando surgieron las críticas de la presidenta de la comisión, Carmen Frei, que los techos planteados en el equipo partidos-gobierno eran demasiado altos y que se suponía que el equipo negociador los bajaría, sus detractores se defendieron asegurando que son más bajos, aunque se habla de 0,03 UF por elector.
Mientras que en el artículo cuarto del proyecto que está en la Cámara Alta, sobre Límites al Gasto Electoral, reza que "ninguna candidatura a senador, diputado, alcalde o concejal, podrá sobrepasar por concepto de gastos electorales la cantidad que resulte de multiplicar por 0,03 Unidades de Fomento el número de inscritos en los registros electorales en la circunscripción senatorial, en el distrito o la comuna correspondientes."
De lo que se podría inferir que el argumento utilizado por quienes defienden los "avances" del equipo negociador no tienen respaldo.
Por otra parte, definitivamente la senadora Frei no está sola en su cruzada y ha encontrado aliados no sólo en su partido sino también en el PS. El senador Ricardo Núñez coincide en que los límites planteados son "inaceptables", ya que en su opinión sería un gasto "estratosférico" para un país en vías de desarrollo como es Chile.
Los parlamentarios tienen derecho a discrepar
En tanto, Edgardo Boeninger -uno de los negociadores con el gobierno- admite que el acuerdo a que se esta llegando "no es muy distinto al proyecto aprobado por la comisión de Gobierno Interior del Senado, serán diez millones más o menos". Pese a eso estima que falta de información sobre el trabajo que se está realizando entre los partidos y el gobierno.
Para el senador, quienes "entienden" de cifras de gasto en campañas considerarán que un monto de alrededor de 700 millones de pesos en una circunscripción es "razonable", ya que es "muy inferior" a lo que se ha gastado hasta ahora, lo que en concreto significaría una reducción importante.
En cuanto a la posibilidad que los senadores que consideran que los montos son demasiado altos no aprueben el proyecto de límite al gasto electoral, a pesar de lo acuerdos del equipo negociador, Boeninger fue categórico: "los acuerdos se cumplen en la medida en que los partidos puedan hacer que sus parlamentarios los apoyen".
No obstante, eso "no significa que los parlamentarios no hagan sus indicaciones y voten de acuerdo a su criterio", aunque insistió en que tiene la impresión que «si hay un acuerdo de los presidentes de los partidos, el acuerdo debería tener un respaldo mayoritario".
Frente la preocupación latente de que los acuerdos no se alcancen antes del 21 de mayo para cumplir con el compromiso de la llamada agenda corta, el senador no está apurado. "Las fechas fijas no tienen significado", ya que lo verdaderamente importante -dice- es sacar una buena ley, "avanzar y no dejar nada sin hacer". Entonces, ante la disyuntiva calidad versus rapidez, "da lo mismo el 21 de mayo o el 30 de junio".
Según el parlamentario, el acuerdo sobre financiamiento público de campañas está «bastante afinado" y precisó que esta materia constituye una parte importante de la negociación. Sin embargo, no tiene certeza de que el acuerdo general en torno al financiamiento de la política se consiga "en una o tres sesiones más".
Ante este panorama, es difícil que hoy se produzca el anunciado, acuerdo. Sobre todo si además se toma en cuenta que no siquiera en el gobierno parece existir claridad respecto de algunos objetivos básicos de la negociación.
Mientras, el ministro secretario general de Gobierno, Francisco Vidal, sostiene que la meta es que los acuerdos salgan listos de la mesa negociadora y los parlamentarios los refrenden. Francisco Huenchumilla, desde la Segpres plantea que no hay problema que el debate se dé en el Senado, pero esto sin duda retrasaría la aprobación del proyecto.
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